Mientras en el resto de Europa, con Italia como ejemplo más próximo, ya se han puesto en marcha diferentes paquetes de medidas anticrisis ante la escalada bélica en Irán, que amenaza con prolongarse, el Gobierno que preside Pedro Sánchez se debate entre los intereses ideológicos de sus socios de extrema izquierda, su precaria estabilidad parlamentaria y la voluntad, no expresada, claro, de mantener durante el mayor tiempo posible los ingresos fiscales extra que depara la subida de los precios asociados al conflicto. Hay en el desempeño gubernamental tanta improvisación como impotencia, porque cualquier decisión pasa por la aceptación parlamentaria de unos socios de investidura con agenda propia y renuentes a dar apoyo al Ejecutivo cuando se barrunta un adelanto electoral en el horizonte. La única alternativa eficaz para ahorrar a la economía y al mercado de trabajo parte de los inevitables daños de la crisis petrolera pasaba por negociar con el principal partido de la oposición las medidas que se consideraran más adecuadas, pero ya vimos que cualquier ofrecimiento en esa línea caía en la esterilidad. Y no se puede reprochar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su desconfianza, cuando venimos desde la experiencia de los decretos «ómnibus» con los que el Gobierno ha tratado, infructuosamente en los últimos meses, de «colar» iniciativas altamente ideologizadas o partidistas junto a propuestas de evidente interés general, como la actualización de las pensiones. Pero, ahora, mientras el sistema financiero acusa los primeros golpes, el petróleo y el gas ven dispararse los precios, con incidencia notable en el mix energético español que, desde el gran apagón, depende cada día más del gas natural importado, y los consumidores se enfrentan, resignados, a un nuevo repunte inflacionario que afectará gravemente a la producción y distribución de bienes de primera necesidad, se vuelven a discutir medidas ideológicas como la congelación de los alquileres y la prohibición de desahucios, que están detrás de la crisis del mercado inmobiliario, con la contracción de la oferta de alquiler en las principales ciudades españolas, con Barcelona y su área metropolitana a la cabeza. Y todo ello, para contentar a un socio como Sumar, que en las últimas elecciones regionales celebradas ha obtenido tan malos resultados, que amenazan con convertirle en una formación extraparlamentaria y necesita hacer gestos muy de izquierdas de cara a la galería. Sin embargo, como demuestra Italia con sus medidas, no hay que ser muy inteligente a la hora de poner en marcha los planes de contingencia, hay que tener voluntad política y el respaldo de una mayoría de la Cámara. Reducir impuestos a los combustibles, apoyar con ayudas directas a los transportistas, aminorar la carga fiscal del sector agropecuario y bajar el IVA en los productos de primera necesidad, medidas que ya se pusieron en marcha tras la invasión de Ucrania, tienen el consenso general. Tendrían que aplicarse lo antes posible porque la situación en el escenario del conflicto no hace más que agravarse.