Cataluña y Madrid tendrán que bajar entre 400 y 900 euros el precio de la matrícula universitaria con el plan Castells

El ministro de Universidades, Manuel Castells, está dispuesto a cumplir a rajatabla el acuerdo de coalición PSOE- Podemos, que prevé la bajada de los precios por estudiar en la universidad. ¿Pero quién paga la “fiesta” de la bajada de tasas? Es lo que se preguntan las comunidades autónomas, que han celebrado hoy, precisamente, la primera conferencia General de Política Universitaria en la que éste ha sido uno de los puntos de fricción por las implicaciones financieras que conlleva. Y es que, por poner un ejemplo, para autonomías como Madrid, bajar las tasas a niveles inferiores a 2012, tal y como pretende Castells, supondría un impacto de 120 millones de euros en sus finanzas que tendría que desembolsar, una cantidad similar a la que se gasta la Comunidad en la lucha contra incendios, la que destina a formación de desempleados o su presupuesto a I+D+I. “Veníamos a la reunión con altas expectativas y nos vamos con altas incertidumbres. El ministro no ha explicado bien lo que pretende al hablar de la modificación de tasas. Es una medida ya tomada como acuerdo de Gobierno (con Podemos) y las comunidades tienen que ejecutarla”, dijo el consejero de Universidades de Madrid, Eduardo Sicilia, al abandonar la reunión. Lo preocupante es que ninguna comunidad “tiene en sus presupuestos una cantidad económica de esa envergadura para una decisión que ya está tomada y nos preocupa que la universidad se haya puesto al servicio de un pacto o de un acuerdo de Gobierno”, añadió.

Este fin de semana, de hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue clara sobre este asunto: “Animo al Gobierno a que baje las tasas y las pague él”. El ejecutivo madrileño considera que “no se puede tomar una decisión electoralista y que lo paguen las comunidades autónomas porque en tiempos de recursos limitados no podemos asumir un nuevo agujero”, aseguran fuentes de la consejería de Universidades. El Gobierno de Díaz Ayuso lo interpreta como “la puesta en escena de los peajes que tiene que pagar el Gobierno por la formación del nuevo Ejecutivo, pero esto no significa que esté velando por los ciudadanos”. En una situación similar estarían el resto de autonomías, cada una con sus peculiaridades fiscales.

Las comunidades estaban a la espera de ver hoy el escenario que el Gobierno plantea, pero la propuesta de Castells es promover la reducción de las tasas universitarias a niveles previos a 2012 mediante acuerdos presupuestarios “equitativos” con cada una de ellas. Esto pasa por modificar el decreto ley 14/2012 para cambiar el criterio de las tasas para evitar que haya la enorme disparidad de precios según la comunidad autonóma en la que se estudie. Entonces “las tasas no tenían horquillas sino que se establecía un máximo para el conjunto de comunidades autónomas”, dijo el viernes el ministro en el Congreso, cuando expuso las líneas fundamentales de su proyecto ministerial.

Lo que cuesta estudiar, dependiendo de la Comunidad

La vuelta a precios anteriores a 2012 supondría que aquellas comunidades que subieron mucho los precios, tengan que hacer ahora una importante bajada. Es el caso de Cataluña, la más cara de España para estudiar. Matricularse por primera vez de un curso en un grado de humanidades (unos 60 créditos) ahora cuesta 600 euros más que antes de 2012, y en uno de ciencias, 950 euros más. En Madrid, cuesta 474 euros más en las no experimentales y 294 euros las experimentales. De ahí la preocupación por la medida anunciada por Castells.

Si atendemos a la media de precios en toda España, volver a los precios anteriores a la crisis supondría una rebaja de 138 euros de media en el coste de un curso académico de 60 créditos para carreras que no son experimentales, y de 187 para las que sí lo son. Es decir, el precio público del crédito matriculado por primera vez en los estudios de grado pasarían de los 14,3 euros a 12, en las de mínima experimentalidad, y de 21,7 euros a 18,58, de los grados técnico, según los precios públicos recogidos en el Ministerio de Universidades.