
"Caso mascarillas"
Ábalos protesta en el Supremo porque Marlaska no declare en el juicio: "Resulta una prueba esencial"
La defensa del exministro se queja también de que el tribunal rechace un informe pericial sobre los pagos en metálico en el PSOE

José Luis Ábalos se queja de que al desestimar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declare como testigo en el juicio del "caso mascarillas" el Tribunal Supremo (TS) impide la práctica de una "prueba esencial". Así lo indica su abogado, Marino Turiel, en un escrito de protesta en el que defiende la necesidad de que el ministro de Pedro Sánchez testifique para esclarecer con su testimonio "el proceso de adquisición de mascarillas por parte del Ministerio del Interior". Una adjudicación que, señala, las acusaciones identifican como ejemplo de la presunta "capacidad de influencia atribuida" al extitular de Transportes.
El que fuera secretario de Organización del PSOE también muestra su disconformidad con el hecho de que la Sala haya rechazado el informe pericial que pretendía aportar sobre el sistema de pagos en metálico en el PSOE entre 2017 y 2024, algo que está investigando, todavía bajo secreto, la Audiencia Nacional, motivo por el que el Supremo cerró la puerta a esta prueba pericial. Sin embargo, para el letrado de Ábalos este dictamen serviría para explicar "el funcionamiento real" de esos métodos de pagos en efectivo durante el periodo investigado.
Según pone de manifiesto, la denegación de las pruebas propuestas "provoca una clara situación de indefensión material y lesiona el derecho fundamental de mi representado a valerse de los medios de prueba pertinentes para su defensa". El exdirigente socialista también insiste con dos de sus sempiternas reivindicaciones: el acceso a los archivos digitales de su propiedad incautados a Koldo García y la exigencia a la Fiscalía de que ponga negro sobre blanco el supuesto acuerdo de conformidad con Víctor de Aldama.
"Elemento fundamental"
En cuanto a lo primero, la defensa de Ábalos considera imprescindible la devolución o el acceso a esos pendrives para poder elaborar antes del juicio un informe pericial propio con el examen del disco duro intervenido. Esos archivos, destaca, constituyen un "elemento fundamental de las imputaciones" contra el exministro, por lo que ve "necesario" su "examen directo a efectos de verificar su integridad, autenticidad y contexto".
Y respecto a ese hipotético pacto de Anticorrupción con Aldama tras su confesión, afirma que necesita examinarlo para poder solicitar las pruebas pertinentes que desmonten las acusaciones del comisionista de la trama. Es, recalca, "fundamental para valorar adecuadamente la credibilidad de las manifestaciones" de Aldama.
El acusado -para quien la Fiscalía pide una condena de 24 años de prisión, que la acusación popular eleva a 30 por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, entre otros delitos- pretende que Aldama aporte los documentos de pago al empresario Luis Alberto Escolano por el alquiler del piso de la Plaza de España en el que residió la expareja de Ábalos Jesica Rodríguez a cuenta del comisionista. Es, dice, una prueba "directamente relacionada con los hechos objeto de acusación y necesaria para el ejercicio efectivo del derecho de defensa".
Insiste con los "folios"
Otra de las pruebas periciales rechazadas por el Supremo también solivianta a Ábalos, en la medida en que sigue empeñado en defender que cuando le solicita a Koldo "folios" (que la UCO interpreta como una petición de dinero en efectivo) en realidad si está reclamando papel. En particular, su intención de que el Ministerio de Transportes certifique "el número de folios entregados" a la secretaría del entonces ministro entre 2018 y 2021. Con esta diligencia persigue, recalca, "la acreditación de un dato objetivo y verificable con potencial incidencia en la valoración de los hechos imputados y en la articulación de la defensa".
Asimismo, reprocha al Supremo que tampoco acceda a reclamar al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional los 6.138 mensajes incorporados a un atestado del "caso Gaslow" entre el capitán de la Guardia Civil Vicente Bonilla y un confidente con el alias de "Roberto Alcázar" que le puso en la pista de Koldo García en 2021. Se trata, hace hincapié, de "una diligencia dirigida a verificar el origen, contexto y forma de obtención de las comunicaciones digitales incorporadas al atestado policial, extremos que pueden resultar determinantes para su correcta valoración probatoria y para el ejercicio efectivo del derecho de defensa".
Reclama su salida de prisión
Al igual que ha hecho Koldo García, Ábalos reclama su puesta en libertad para poder defenderse. Como ha hecho su exasesor, el abogado del que fuera titular de Transportes quiere que salga de prisión para poder afrontar sin restricciones su interrogatorio, entre otras cuestiones, dada la complejidad de la causa. Para ello, insiste en que no existe riesgo de fuga con el juicio a unas semanas vista y defiende su arraigo "persona, familiar y social" en España, "donde residen sus cinco hijos, de los cuales dos son menores de edad".
En este sentido, su letrado cree que asistir al juicio ya en libertad le evitaría el "notable desgaste físico y cognitivo" que le acarrearían, destaca, los traslados diarios desde la prisión de Soto del Real (Madrid) "con madrugadas anticipadas, tiempos prolongados de espera, traslados y permanencias en dependencias de tránsito". En esas condiciones de "traslados y fatiga acumulada", asegura, tendrá que comparecer en condiciones "objetivamente menos favorables para el ejercicio real y efectivo de su defensa".
Por lo tanto, afirma en el escrito dirigido al tribunal, su puesta en libertad provisional es la medida "más adecuada" para asegurar que el juickio "pueda desarrollarse con pleno respeto a su derecho de defensa".
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