El Juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró la vida de 47 personas, ha instado a las ocho asociaciones, sindicatos y partidos políticos que pretenden ejercer la acusación popular a subsanar defectos formales antes de decidir si les impone una fianza para poder ser parte en el procedimiento.

En una diligencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la secretaria judicial emplaza a cuatro de ellas -Manos Limpias, Iustitia Europa, Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y Asociación Víctimas de los Políticos- ha convertir sus denuncias en querellas.

A las otras cuatro asociaciones que pretenden ejercer la acusación popular -Vox, Hazte Oír, Asociación Liberum y Alternativa Ferroviaria (Aiferro)-, que ya formalizaron sus querellas, les requiere cumplimentar diversos defectos formales.

Medidas cautelares

Al partido de Santiago Abascal, por ejemplo, le requiere que acredite el poder que autoriza a su letrada, Marta Castro, a interponer acciones penales en nombre de la formación. Respecto a la petición de medidas cautelares de Vox, el juzgado replica que se resolverá al respecto "una vez se admita la personación".

De hecho, el juzgado de Montoro ha abierto ya una pieza separada en la que agrupa todas las peticiones de ejercer la acusación popular en la que, explica, "se resolverá sobre la admisión de las personaciones". A este respecto, expone que "una vez subsanados los requisitos formales se resolverá sobre la prestación de fianza".

El escrito detalla que el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios presentó escrito de personación el pasado 22 de enero que posteriormente matizó el 6 de febrero aclarando su petición de ser parte en el procedimiento no como acusación particular (la que ejercen las víctimas o sus familiares y los directamente perjudicados por los hechos investigados), sino como acusación popular.

Vox pidió personarse en la causa el 20 de enero (en la misma fecha denunciaron los hechos Manos Limpias e Iustitia Europa), dos días después de la tragedia de Adamuz, solicitando ya entonces una batería de medidas cautelares. 48 horas después, formalizó la querella por la que se incoaron diligencias previas, y el 5 de febrero reiteró su petición de personación para ejercer la acción popular.