Acciona admite en una auditoría interna remitida a la Audiencia Nacional que no ha podido acreditar suficientemente "la prestación efectiva de servicios facturados y abonados" a Servinabar, la empresa de Antxon Alonso con la que fue de la mano en diversas adjudicaciones de obra pública investigadas en el marco del "caso Koldo" por el magistrado Ismael Moreno, y respecto a la que el empresario investigado pactó con Santos Cerdán traspasarle un 45% en un documento que no llegó a formalizarse ante notario.

En ese informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Acciona se refiere expresamente a dos proyectos: uno de la integración del ferrocarril Sant Feliu otra de la UTE Variante Logroño. En ambos casos, expone se habría actuado de forma que "no fuese detectado el irregular modo de proceder".

Hasta el punto de que el modus operandi empleado "resultó indetectable -e indetectado-", según traslada la compañía a la Fiscalía Anticorrupción, precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación, probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder".

Tras tener conocimiento de ese informe, el juez Moreno ha ordenado ya, a petición de Anticorrupción y de la UCO, la solicitud de toda la información vinculada a cientos de cuentas bancarias de Acciona, Ferrovial, Tecade, Freyssinet y Aquaterra en decenas de entidades financieras.

"No dieron fruto alguno"

Según pone de relieve Acciona, en su auditoría interna también se ha detectado que las gestiones contratadas con Servinabar en relación a dos proyectos de "supuesto desarrollo de negocio" "no dieron fruto alguno, pese a que la sociedad de Antxon Alonso "presentó diversas oportunidades de inversión". Pero según reconoce ha resultado "complejo deslindar entra una contratación totalmente infructuosa y una contratación que pudiera ser calificada como fraudulenta". En todo caso, puntualiza que "no ha quedado comprometido dinero público", sino únicamente de la propia compañía.

La constructora en el punto de mira por supuestos amaños de la "trama Koldo" a través del exministro José Luis Ábalos y del ex secretario de Organización Santos Cerdán advierte no obstante de que su investigación se ha visto condicionado por "los medios de los que dispone la compañía". Por lo que, explica, no ha tratado de averiguar si alguno de sus empleados, en particular los que ya no forman parte de Acciona, "han podido enriquecerse en el sentido de haber recibido algún tipo de retorno de las cantidades que, supuestamente, podrían haber sido ilícitamente detraídas" de la empresa "en sus irregulares contrataciones con Servinabar".

No hay pagos en efectivo

Tras analizar no solo la contratación con la empresa de Antxon Alonso, sino también la posible existencia de pagos y facturación con sociedades que, según la UCO, tienen alguna relación con Servinabar, Acciona señala que sus indagaciones "no han arrojado resultados destacables desde una perspectiva de posibles irregularidades".

En cuanto a Servinabar, el informe recoge que la prestación de los servicios a Acciona Construcción "aparecían debidamente formalizados", pues se trata de contrataciones en las que o bien aportó trabajadores que "habrían realizado el trabajo encomendado", o bien habría adelantado "diversos suplidos", figurando además un "rastro de correos" que dejan constancia "de aportaciones de diversa índole".

La auditoría descarta asimismo "que se efectuaran pagos en efectivo metálico", pues según deja constancia todos se realizaron "a través de operativas bancarias".

Sigue el rastro de los fondos

Por otro lado, con la petición de información bancaria vinculada a cientos de cuentas de entidades financieras propiedad de Acciona y empresas con las que formó UTE en proyectos de obra pública, el instructor del "caso Koldo" quiere comprobar si se utilizó la estructura bancaria de Acciona y el resto compañías con las que compartió proyectos para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, a la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero.

Tendrán que remitir la relación de movimientos realizados en estos depósitos -saldos, ingresos y pagos- desde el 1 de enero de 2024 o el momento de su contratación (en caso de ser posterior a aquella fecha) y hasta la actualidad.

Así como el total de la información de sus archivos sobre los productos financieros obtenidos en el momento de la contratación de cada producto por el cliente, que identifiquen los titulares y personas autorizadas (nombre y apellidos; documentos de identificación; teléfonos de contacto; e-mail; domicilios fiscales, sociales o físicos; dirección de correspondencia; tarjetas de crédito o de débito expedidas con identificación de sus titulares), y el estado en que se encuentren dichos productos.

Este mandamiento judicial de la AN se extiende al posible cobro de cheques, y, en ese caso, tendrán que aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo.

La entidad facilitará los detalles sobre las transferencias SWIFT, OMF y nacionales, tanto emitidas como recibidas; hipotéticos cambio de divisas; reintegros, e ingresos en efectivo. Siempre que sean de un importe superior a l.300 euros.

Por último, la información requerida alcanza relación con nuevos tramos de movimientos bancarios, según avance la investigación, y ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios.

Dicha documentación e información debe ser enviada directamente a la UCO, por los servicios centrales de cada banco, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento ni persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones.

La pesquisa en cuestión no olvida la identificación de otros productos bancarios y financieros, así como posibles cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada una de las cuentas. Y todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales identificadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre los depósitos indicados, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones.