La Audiencia Nacional asume el caso Plus Ultra y lo mantiene bajo secreto

La Audiencia Nacional ha accedo a investigar la gestión del rescate de Plus Ultra. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha aceptado la competencia para indagar estos hechos después de que el juzgado de Madrid que investigaba el asunto se inhibiera en favor de este órgano. Además, ha acordado mantener las pesquisas bajo secreto de sumario.

Fuentes jurídicas confirman que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba el procedimiento. Se trata del Juzgado de Instrucción número 15, que ya investigó presuntas irregularidades con la inyección de 53 millones de euros públicos. Su titular, asumió el año pasado una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con un presunto blanqueo de capitales precisamente por haber instruido previamente lo relativo al rescate.

Sin embargo, meses después de abrir una causa por este asunto, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional, órgano donde se dirigió en un primer momento Anticorrupción. Las fuentes consultadas precisan que Calama actúa como juez sustituto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Fue en este juzgado donde recayó por primera vez la denuncia de la Fiscalía y, por lo tanto, al que ha vuelto la causa tras la inhibición de la juez.

Red de blanqueo

Sin embargo, su titular, Ismael Moreno, se ha abstenido de investigar este asunto, por lo que lo asumirá Calama. La juez de Madrid remite no solo la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, sino también las diligencias practicadas en estos últimos meses y entre las que se incluyen el registro de la compañía aérea y de las viviendas de las cuatro personas detenidas en diciembre. Se trata del presidente de la compañía, Julio Martínez; al CEO Roberto Rosellini; e empresario Julio Martínez Martínez (muy cercano al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero) y a un abogado implicado en los hechos.

El órgano que dirige Alejandro Luzón expuso que los investigados operaban en Francia, Suiza y España y que la organización alcanzaba unas implicaciones en nuestro país de tal envergadura que entraban en el ámbito de la Audiencia Nacional. El asunto recayó en el juzgado que dirige el magistrado Ismael Moreno, quien se inhibió en favor del magistrado José Luis Calama. El instructor resolvió que este órgano no era el competente para investigar estos hechos y que la denuncia tenía que derivarse sobre el juzgado de Plaza Castilla que investigó el rescate de la aerolínea.

La investigación en Anticorrupción partió de la información contenida en las solicitudes de cooperación internacional que recibieron de Francia y Suiza. Las autoridades de ambos países solicitaron la práctica de entradas y registros de domicilios ubicados en Madrid, Tenerife y Mallorca vinculados a personas implicadas en una red de blanqueo de capitales.

En su denuncia incluyó el presunto uso indebido de ayudas públicas toda vez que Plus Ultra aparecía vinculada a las mercantiles investigadas. En concreto, plasmó que figuraba como firmante de unos préstamos con estas sociedades, las cuáles estaban implicadas en venta de oro que se habría malversado de Venezuela. Dichos contratos daban cobertura, a su vez, a devoluciones por parte de Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal.