"Caso Pegasus": la Fiscalía se enroca en su oposición a reabrir la investigación por el espionaje a Pedro Sánchez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a oponerse a que la Audiencia Nacional intente reabrir la investigación por el espionaje telefónico a Pedro Sánchez y varios de sus ministros a través del programa espía Pegasus. Ante la ampliación de alegaciones de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, con vistas al recurso de apelación que deberá resolver la Sala de lo Penal, el fiscal jefe del citado tribunal, Jesús Alonso, ha reiterado de forma "íntegra y total" su informe contrario a que el instructor apremie al Gobierno a quejarse a las autoridades de Israel de su falta de colaboración (hasta cuatro comisiones rogatorias entre mayo de 2022 y febrero del pasado año se han quedado sin respuesta).

En ese escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio Público se remite así a su informe del pasado 9 de febrero, adelantado por este periódico, en el que concluye que "la falta de respuesta del Gobierno de Israel no puede convertir la instrucción en un procedimiento abierto sine die". Según expuso entonces el fiscal jefe de la Audiencia, los tribunales españoles "no pueden dirigirse al Gobierno para que este eleve quejas sobre la cooperación o falta de ella de otros estados, pues sería invadir las competencias" propias del Ejecutivo.

Pero el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, insiste y en la ampliación de sus alegaciones para intentar convencer a la Sala de que anule la decisión del juez José Luis Calama argumenta que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige "agotar todas las posibles diligencias de investigación". El hecho de que el juez no pueda inmiscuirse en tareas propias del Gobierno, señala, no le exime de impulsar todos los "mecanismos de cooperación e impulso procesal estrictamente judiciales e institucionales a su alcance".

Insistir a Israel

La falta de respuesta a cuatro comisiones rogatorias, incide el letrado de la acusación popular, "no debe conducir a un archivo prematuro, sino a la activación de mecanismos de cooperación reforzada a través de Eurojust o de la Red Judicial Europea". De hecho, sugiere que se elabore una "declaración formal de falta de cooperación para su remisión a las autoridades competentes de la Unión Europea, dado que los hechos afectan a la seguridad nacional de un estado miembro".

Por eso considera que el archivo acordado por el instructor supone "un cierre prematuro que consolida la impunidad de un ataque directo a las altas instituciones del Estado".

Sin embargo, la Fiscalía, alineada con el juez Calama, sostiene que la negativa de Israel a remitir información sobre la empresa NSO Group, encargada del desarrollo del programa con el que se espiaron los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura –Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, respectivamente– hace inviable e innecesario prolongar la investigación.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional defiende que en estos momentos no existen "diligencias útiles" que se puedan acordar para identificar a las personas que están detrás de la utilización de Pegasus para el espionaje a Sánchez y sus ministros y niega un archivo prematuro porque la resolución judicial ofrece -insistió en el informe al que ahora se remite- "motivación suficiente, específica y verificable". Detalla "qué se investigó", "qué cooperación se intentó" y, añade, "por qué no es posible hoy imputar a persona concreta".

Pero Hazte Oír reitera en la ampliación de sus alegaciones que quedan diligencias que considera oportunas y que entiende que podrían permitir avanzar en la investigación, como solicitar un informe pericial independiente alternativo a los informes del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que concluyeron que es "técnicamente imposible" atribuir autoría alguna a los responsables del espionaje. El juez, sin embargo, se negó a ordenar esta pericial y reprochó a la acusación que no hubiese identificado un "error técnico concreto, omisión relevante o contradicción interna" en los dictámenes de los servicios de Inteligencia.

"Extrema sensibilidad política"

Sin embargo, la acción popular traslada a la Sala de lo Penal que "no nos encontramos ante un atestado policial rutinario, sino ante la interceptación de las comunicaciones del presidente del Gobierno y de varios de sus ministros". Por lo que, incide, su petición "no nace de una impugnación caprichosa de la pericia técnica de los funcionarios del CNI, sino del mandato constitucional de garantizar la imparcialidad objetiva e institucional en la obtención y valoración de la prueba en un asunto de extrema sensibilidad política y de seguridad nacional".

Existen organizaciones internacionales de ciberseguridad y laboratorios independientes, resalta, capaces de "trazar autorías sin depender de que la empresa NSO Group facilite voluntariamente sus registros". En todo caso, subraya el abogado de Hate Oír, "la utilidad de una diligencia no puede valorarse únicamente en función de su capacidad inmediata para identificar al autor, sino también por su aptitud para preservar la prueba, consolidar indicios y permitir una atribución futura".

Actitud "meramente pasiva"

También confía en que la instancia superior al instructor le de la razón en cuanto a la necesidad de mantener viva la causa en España a la espera de la evolución de la investigación en Francia del espionaje con Pegasus, que como adelantó este periódico apuntó a la posible implicación de los servicios secretos marroquíes ante la existencia de marcadores idénticos en ambos casos. Para la Fiscalía, algo impensable porque "carece de sentido práctico y procesal" subordinar el proceso en España a lo que haga un tribunal extranjero". Para la acusación popular, por contra, el archivo implica una actitud "meramente pasiva, lo que obliga a reabrir el procedimiento a posteriori si Francia avanza" en el esclarecimiento de los hechos y transmite "un mensaje de desistimiento jurisdiccional" ante "indicios tan concretos como los revelados por la investigación francesa".

"Como ha señalado la propia Audiencia Nacional en casos análogos de investigaciones internacionales -apunta- el mantenimiento de la causa abierta permite una agilidad indispensable para emitir o recibir de forma inmediata Órdenes Europeas de Investigación (OEI)".

Tras reafirmar la Fiscalía su criterio contrario a la reapertura, el juez Calama ha dejado ya en manos de la Sala de lo Penal el recurso de apelación de Hazte Oír que intenta forzar una nueva reapertura (el "caso Pegasus" se ha archivado ya en dos ocasiones).