El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por la falta de aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, que ha reconocido que pretenden "darle un empujón al Estado, que parece que todavía le falta", y ha mostrado su confianza en que se puedan tomar medidas cautelares cuando el recurso sea admitido a trámite por el Tribunal Supremo.

"A quienes dicen que no hemos negociado lo suficiente, señalarles que el presidente de Castilla-La Mancha lleva más de seis meses esperando una cita de la ministra Sara Aagesen; o que yo misma como consejera de Desarrollo Sostenible, llevo más de un año esperando esta reunión", ha manifestado Gómez, a lo que ha añadido que "no son formas de negociar ni de entender los problemas de una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha".

Sin modificación después de dos años

Mercedes Gómez ha destacado que el Ministerio debía haber elevado en febrero de 2024 la modificación de estas reglas al Consejo Nacional del Agua, pero "transcurridos más de dos años no hay tal modificación". Tras el incumplimiento, la Junta ha decidido acudir a los tribunales.

La consejera ha subrayado que la falta de actualización de las reglas mantiene vigente un "sistema de explotación que favorece un desequilibrio ambiental estructural", lo que nos está llevando a la "pérdida de bosques de ribera, la alteración de la dinámica fluvial y el retroceso en hábitats" que son prioritarios. "Aplicar al menos los caudales que fija la sentencia del Tribunal Supremo de 2025 es imprescindible para detener este deterioro ambiental", ha defendido.

En esta línea, ha asegurado que hay un daño ecológico "irreparable" en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000 que se encuentran en estado de conversación desfavorable porque están vinculados al régimen hídrico de la cuenca del Tajo.

Mercedes ha insistido en que Castilla-La Mancha "siempre ha sido solidaria" pero "todo tiene un límite". "El máximo que está permitido por ley es un trasvase de 600 hectómetros cúbicos anuales y este año se podrían trasvasar 555, pero hay que tener en cuenta que esto supondría el 73 % del agua trasvasada en los últimos años", ha apostillado.