¿Dónde están los "astilleros" ilegales que fabrican las temibles narcolanchas que usan los clanes del Estrecho?

Entre 2018 y 2023, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha permitido la intervención de un total de 1.421 de las conocidas como narcolanchas, una de las cuales mató el pasado viernes a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). Esto supone una media de 285 embarcaciones intervenidas al año gracias a la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con un balance, además, de 5.760 vehículos terrestres incautados y once aeronaves o drones.

Sin embargo, esto no parece haber supuesto un golpe especialmente duro a las redes de narcotráfico, que sustituyen sin demasiados problemas las embarcaciones incautadas con otras nuevas. Y ello a pesar de que la mera tenencia de estas narcolanchas es de por sí delito y se pueden requisar, desde que en 2018 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2018, de 26 de octubre, para limitar su uso: Con esta norma, el Gobierno de Pedro Sánchez buscaba responder a las exigencias de los agentes, pero el tiempo ha pasado y casi nada ha cambiado.

El decreto ley señalaba que este tipo de embarcaciones supone un “riesgo” para la seguridad marítima, pero su control es complejo a pesar de que la ley permite "incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes".

Pero, ¿quién y dónde se fabrican estas embarcaciones? Pues según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a partir de los sumarios abiertos por distintas operaciones contra el tráfico de drogas, Galicia, Cataluña o el propio Campo de Gibraltar son los lugares donde se ubican los talleres de los que salen.

A estos puntos hay que añadir Portugal, que empieza a ser un problema para las autoridades, pues en este país no hay normas contra la construcción, uso y transporte de estas "lanchas voadoras", diseñadas mayoritariamente para transportar grandes alijos, por lo que muchos grupos narcos han trasladado allí sus "astilleros", especialmente en el norte. Según fuentes jurídicas a ambos lados de la fronter hispanolusa, lo ideal sería "igualar" la legislación y equiparar la normativa española con la lusa.

Así, en la zona más próxima a la Rías Baixas gallegas, cerca de la desembocadura del Miño y del Limia, se sitúa la zona más caliente en el país vecino, siendo la localidad de Viana do Castelo el epicentro, aunque también han sido desmanteladas instalaciones de este tipo en otros municipios de la zona, como Vilanova de Cerveira, a muy pocos minutos de la frontera con Pontevedra. También en Algarve, donde hace unos años la Policía Marítima y la GNR desmantelaron una "unidad de producción" que operaba clandestinamente en una zona industrial de Faro, o en las playas próximas a Peniche se han detectado estos talleres clandestino. De hecho, según la Policía Judicial entre Galicia y el norte de Portugal se fabricarían el 80% de las narcolanchas que actúan en España y se habrían detectado al menos 30 empresas en el norte del país vecino construyendo y vendiendo narcolanchas.

Y es que la presencia de narcotraficantes gallegos en Portugal se ha convertido en habitual desde hace años, especialmente desde que se incrementó la vigilancia en las rías gallegas, lo que ha empujado a las mafias hacia el sur, donde también los narcos colombianos se han instalado. De hecho, se ha detectado infraestructura estable de un cártel colombiano en la zona de Peniche que trabajaba mano con mano con el clan gallego de Los Piturros, desarticulado por enésima vez por las autoridades el pasado mes de diciembre.

Muchos de los barcos están "escondidos en almacenes abandonados en el norte y sur del país", a veces durante meses, afirma el diario portugués Expresso.

La cuestión es que difícil detectar los lugares en que se fabrican estas embarcaciones y la mayoría de las veces no se descubren hasta que son empleadas, cuando ya han alijado la droga o el tabaco, o cuando en el transcurso de una persecución los géneros son arrojados al mar. De hecho, muchas veces son abandonadas una vez han sido utilizados o incluso cuando se averían. Así, desde la aprobación del decreto en 2018 las autoridades han continuada decomisandolas y desmantelando algunas de las organizaciones que las ponen en el mercado. Llama la atención que en la mayoría de las ocasiones se trata de auténticos entramados "empresariales" que trabajan a medida y "llave en mano", es decir, reciben los pedidos con las características que deben tener estas narcolanchas y una vez terminadas se encargan de llevarlas al lugar en que van a ser utilizadas, como puede ser el Campo de Gibraltar.

Otras operaciones policiales importantes contra estos "astilleros" se han desarrollado en Castelló d'Empúries, en Girona: una nave de este municipio fabricaba y ponían a punto embarcaciones que después distribuían para trasladar la droga Se trataba de lanchas semirígides de entre ocho y diez metros de eslora y con entre tres y cuatro motores de gran cilindrada.

Los integrantes de ese centro de operaciones tenían tareas y gestiones repartidas y disponían de una nave industrial, aunque habían llegado a almacenar las embarcaciones en algunos casos y de manera temporal en espacios cubiertos de otras compañías, en terrenos particulares o en naves para eludir la presión policial.

Todas estas lanchas ques se fabrican en los astilleros clandestinos suelen tener unas características muy específicas para cada uso, pero las que van destinadas a la zona del Estrecho rondan los 14 metros de eslora, van equipadas con motores de hasta 900 caballos y son capaces de alcanzar los 130 o 140 kilómetros por hora. Además, por su gran tamaño, pueden transportar entre 3 y 4,5 toneladas. En cuanto a su coste, puede llegar a 300.000 euros cada una de los que unos 100.000 son el coste de la embarcación y unos 70.000 o 75.000 euros el precio de cada motor (suelen llevar tres y hasta cuatro).