Una parte de la delegación de agentes españoles destinados en Europol –la agencia comunitaria que aglutina a los cuerpos policiales– acudió a un consejo de administración del organismo únicamente para pedir la recalificación de un puesto que terminó ganando uno de los integrantes presentes en la reunión. Los hechos se produjeron en 2017, y la comitiva española se limitó a pedir que se mantuviese en un nivel AD11 al secretario del órgano colegiado.

A principios de febrero de ese año, el consejo se reunió para debatir distintos puntos. Según el acta oficial de la reunión, en poder de LA RAZÓN, por parte de España acudieron el comisario Mariano Simancas –entonces jefe de la División de Cooperación Internacional–, María Almudena Tudanca –recientemente nombrada subdirectora de la Policía Nacional y que cuenta con el visto bueno de Moncloa y el Ministerio del Interior para ser la próxima directora adjunto operativa–, el coronel de la Guardia Civil José Antonio Mellado Valverde –al frente de la seguridad del Real Madrid desde 2022– y Borja Barbosa, entonces inspector y ya comisario.

Entre otros puntos, en la reunión del consejo de administración se debatió la selección del secretario del organismo. El entonces director de Europol, Rob Wainwright, propuso que ese cargo tuviese un nivel de AD9 o, como mucho, AD10. Este escalafón corresponde a un puesto de gestión intermedio y cobra entre 6.200 y 6.800 euros al mes. La parte española aportó que el cargo debería seguir considerándose como AD11, al que se le considera como «nivel alto», cobra entre 10.500 y 12.900 euros y goza de algunos privilegios e inmunidades diplomáticas. Italia también apoyó esta calificación. España sólo intervino una vez más, en el punto sobre la configuración de la oficina que recogía las quejas internas de los trabajadores.

El 1 de mayo de 2017 el consejo de administración de Europol volvió a reunirse. Este periódico también ha tenido acceso al acta que se levantó aquel día. En el último punto del apartado seis, se recoge que el director de aquella época, el ya citado Wainwright comunicó que se había mantenido «una sesión a puerta cerrada» sobre la elección del secretario, y que el elegido había sido Boja Barbosa, el policía español que tres meses antes acudió en comitiva para mantener el sueldo y las prebendas del cargo del que fue elegido. Fuentes conocedoras señalan que antes de la reunión de febrero, el inspector ya había decidido postularse al puesto.

«Chivatazos» en Europol

La recalificación del puesto de secretario del consejo de administración de Europol no es la única polémica que rodea a Borja Barbosa. En 2015, desveló en un correo electrónico el nombre de un funcionario español que iba a ser elegido como subdirector del Departamento de Capacidades. El agente envió un correo electrónico a todos los miembros de la delegación española el 12 de febrero de ese año, anunciando que el día anterior se había decidido que este trabajador público era el ganador del cargo. El problema es que la reunión donde se tomó la decisión era a puerta cerrada y el contenido de la misma secreto. No fue hasta el 18 de mayo cuando el ya mencionado director del organismo comunitario envió un email al listado global de la agencia anunciando el nombramiento. LA RAZÓN ha podido acceder a ambos documentos.

La filtración de información confidencial en Europol es una infracción grave, pero en los últimos años no parece que se haya convertido en una anomalía. En 2024, la todavía directora, Catherine De Bolle, envió un correo interno en el que aseguraba que conocía la identidad de la persona que había denunciado de manera anónima ante la OLAF –la oficina europea antifraude, por sus siglas en francés– un posible caso de corrupción. «La fuente anónima» que contactó con el organismo, «la Fiscalía Europea y el Defensor del Pueblo Europeo, cuya identidad fue revelada a Europol en marzo de 2024, no formó parte del procedimiento de contratación», según publicó El Independiente.

Aquel caso afectaba al recién nombrado director adjunto Andrei Linta, un policía rumano que en el momento de su nombramiento, y según la denuncia, no tenía los 15 años de experiencia que se necesitaban y que habría presentado un certificado falso para acreditarlo. La Directiva de Protección de Denunciantes, de 2019, exige que se garantice la confidencialidad de estas personas.