El Gobierno ha tirado la toalla y ya no batalla para que el catalán y las otras «lenguas cooficiales» se impongan en las instituciones europeas. Lo que el año pasado era una orden para que todo el músculo de la Diplomacia española se dejara la piel en la UE, este curso ha quedado en una simple mención en el minuto 31 de la intervención de Pedro Sánchez ayer en la inauguración de la Conferencia de Embajadores celebrada en Madrid.

Estos días en que tanto se habla de que EE UU ha puesto el último clavo en el ataúd del orden internacional, se puede afirmar que el presidente del Gobierno ha enterrado una de las exigencias de los de Puigdemont para el pacto de Investidura allá por agosto de 2023. Sánchez no mencionó ni siquiera al catalán, tampoco a su «cooficialidad».

La declaración exacta (y tibia a más no poder) fue la que sigue: «Y, por cierto, cuando hablamos de competitividad, esta crisis de la vivienda es también una merma de la competitividad de nuestro, de nuestras economías, una Europa más cercana a la realidad de la gente que hable también, por qué no, en sus lenguas maternas. Y por eso vamos a seguir defendiendo nuestras lenguas en las instituciones europeas. Las lenguas que están reconocidas en nuestra Constitución, porque fortalecer la legitimidad democrática es reconocer también la riqueza de nuestras sociedades, la identidad de nuestra nación y pocos países recogen tanta riqueza cultural como el nuestro».

Chantaje independentista

Hace solo un año, en este mismo foro, Albares declaraba la defensa del catalán como una «prioridad absoluta» ante los 130 embajadores, sobre todo a los que servían en la UE. Una comunidad diplomática que acogió atónita la instrucción. Con la que ya estaba cayendo en el mundo entero, el ministro de Exteriores no veía más allá del chantaje de los independentistas catalanes y ponía todos los recursos en el exterior al servicio de una mera que calificó de «interés nacional» y ante la que nunca claudicaría.

Doce meses después, el ministro de Asuntos Exteriores esquivó por completo el asunto en su arenga a la comunidad de funcionarios destacados en el exterior. El término «catalán» también se esfumó de su discurso y la mención a las lenguas fue igual de vaga que la del presidente Sánchez: «El objetivo no es solo hacer frente a la violencia, lo que está en juego es demostrar que la guerra y la violencia no tienen lugar ni espacio en Europa. Ese es el futuro por el que estamos y estaremos al lado de Ucrania. Una Europa siempre cerca de nuestros ciudadanos, por eso, avanzamos en el uso de nuestras lenguas oficiales en la Unión Europea».

Según un experto diplomático en los asuntos europeos, «el uso del catalán en Europa no es una prioridad de nuestra política exterior y desde luego no lo es dentro de nuestros intereses en el marco de la Unión Europea. Nos deberíamos centrar en cuestiones de mucho mayor interés para nuestro país. Resulta ya más que evidente que la propuesta no tiene recorrido en la UE».

Pagar la fiesta

La incapacidad del Gobierno para cumplir con la exigencia de Junts se ha repetido una y otra vez en 2025. Los esfuerzos para convencer a todos los socios han caído en saco roto y la votación se ha ido postergando para evitar el descalabro que se aventuraba como seguro. La carpeta lingüística se convirtió en pieza de negociación interna y, a partir de ahí, se exportó a Bruselas como bandera de normalización institucional.

El Gobierno se ofreció repetidamente a pagar la factura de la fiesta para esquivar el elevado coste de las traducciones como posible motivo del rechazo comunitario y ni por esas. Una forma de comprar viabilidad política sin tocar el presupuesto común que no hizo cambiar a nadie de opinión. La parte más controvertida –y la que más irritó en algunas capitales– fue la percepción de que España habría insinuado que el apoyo en esta carpeta facilitaría otras negociaciones, que es lo mismo que decir que su rechazo iba a tener costes en otras mesas de negociación. Esa percepción de que sería moneda de cambio contribuyó a envenenar el debate.