Jueces y fiscales piden ayuda a la UE por el "peligroso antecedente" de amnistiar corrupción

Jueces, fiscales y funcionarios de justicia han denunciado este jueves ante el Parlamento Europeo, y acompañados por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, el "peligroso antecedente" que constituye conceder una amnistía a personas a las que se les imputan delitos de corrupción y terrorismo.

Durante un acto organizado por la parlamentaria de Ciudadano se ha presentado el Pacto de Profesionaes en defensa del Estado de Derecho, que ha sido suscrito por organizaciones de jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios del Estado y de la administración local con la intención de unir fuerzas de 20.000 asociados contra la amnistía.

Llevan así a Bruselas la preocupante posibilidad, señalan, de que acabe creando huecos de impunidad al margen del poder judicial para este tipo de graves delitos. Pagazaurtundúa se ha comprometido a llevar sus reivindicaciones ante la Comisión Europea para que sea conscientes de las consecuencias que puede acabar teniendo la ley de amnistía que tramita el PSOE en el Senado, tras haber superado una primera votación en el Congreso.

“Hay una grave amenaza a la estabilidad del sistema constitucional, una amenaza populista, y uno de los diques de contención más importantes frente a todo ello han sido, desde el pasado mes de noviembre, los profesionales y servidores del Estado”, advirtió la eurodiputada naranja en el evento.

En él también han tomado la palabra buena parte de las organizaciones firmantes, como son la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

Este pacto ya había sido presentado públicamente el pasado 13 de marzo en Barcelona, donde los impulsores anunciaron la constitución de un comité de coordinación con el propósito de advertir al conjunto de la sociedad civil nacional e internacional la trascendencia de conservar valores constitucionales como la legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, y la independencia de los cuerpos profesionales.

En la convocatoria estuvieron también presentes la jurista Teresa Freixes Sanjuán, también firmante, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías.