Tribunales
El juez cita al ex jefe de la UDEF vinculado al narco para declarar voluntariamente
Además de la declaración de Óscar Sánchez, el magistrado ha acordado otras cuatro
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha citado el 9 de marzo al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez para que declare voluntariamente en la causa en la que le investiga como pieza clave de una presunta red de narcotráfico que introdujo en España decenas toneladas de cocaína.
En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez accede a la declaración de Sánchez, ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid y en prisión provisional desde 2024, cuando fue detenido a raíz de una operación en la que se produjo la intervención en octubre de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras.
Según los investigadores, el exjefe de la UDEF daría cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada que facilitaba a la organización.
De momento, el juez De Jorge ha procesado a Ignacio Torán, presunto líder de la red y a Alejandro Salgado, "el Tigre", presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención, y al que se situó en Dubái (Emiratos Árabes), ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros.
El juez ha procesado en total a quince personas físicas y también jurídicas, fundamentalmente empresas utilizadas para camuflar la entrada de droga y para el blanqueo. A este grupo organizado se le atribuye la introducción de 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos por valor de más de 2.000 millones de euros.
Además de la declaración de Óscar Sánchez, el magistrado ha acordado otras cuatro. Uno de los imputados en esta causa es Francisco de Borbón von Handenberg, ante las sospechas de los investigadores de que pudo intervenir en una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales del considerado líder de la trama, Ignacio Torán, en Panamá y en el país africano de Santo Tomé y Príncipe.
Para combatir esos indicios, el abogado del investigado, Juan Gonzalo Ospina, ha solicitado al juez una serie de diligencias con el objetivo de esclarecer "la verdadera naturaleza de las entidades bancarias y tecnológicas vinculadas a la trama" y demostrar que carecían de las licencias necesarias para operar como bancos.
Según el escrito al que ha tenido acceso Efe, el abogado ha solicitado al juez que libre oficio al Banco Central Europeo (BCE) para que aporte información de las cuentas bancarias investigadas, "al no haber sido emitidas por ninguna entidad regulada".
Quiere también reclamar información a la entidad Revolut Business para que acredite si las cuentas pueden recibir pagos o efectuar transacciones de criptomonedas, dado que los investigadores creen que las cuentas vinculadas al aristócrata pudieron servir para recibir, canalizar o transformar fondos mediante criptoactivos.
La defensa solicita al mismo tiempo que el juez libre una comisión rogatoria a Estonia para investigar si existe una relación mercantil entre las entidades Wallester y ET Bank y determinar así si la primera proveía servicios bancarios a la segunda.
La Policía cree que Torán y otro investigado "detentaban cantidades millonarias" gestionadas a través de servicios de banca anidada en Santo Tomé y Príncipe con plataformas a las que ha vinculado a Francisco de Borbón, como ET Bank, que se dedicaría a la gestión de divisas y criptoactivos y a la "emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico".
Francisco de Borbón, que fue detenido en febrero en Marbella y quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros, quiere que el juez pida a dicha entidad información que acredite si ha mantenido vínculo con la misma.
Su defensa sostiene que "nunca ha ostentado ninguna relación societaria ni contractual que permita vincularlo" con dicha operativa, y subraya que ni esa entidad ni otras como Be Bank o VXL Bank, que también aparecen en los informes policiales de la causa, figuran inscritas como instituciones financieras, de manera que no son "bancos reales".