Un documento manuscrito encabezado por “militares españoles” refleja cómo se vivió en ciertos círculos castrenses la resaca del fiasco golpista. En él se aprecia cómo se fijan consignas para actuar después del 23-F y deja clara su valoración: el primer fallo del golpe fue “dejar al Borbón libre” y tratarle “como si fuera un caballero”. Ese gesto —dicen— convirtió al Rey en un “objetivo a batir y anular”, al que ya no consideran “ni como un símbolo a respetar”.
El papel forma parte del paquete de documentos sobre la planificación del golpe de Estado elaborados a finales de 1980, cuya desclasificación aprobó el martes el Consejo de Ministros. Sin embargo, por el contenido, parece redactado ya con el golpe fracasado: sostiene que los militares “no están decepcionados por los acontecimientos del 23-F” y que no toca ajustar cuentas con lo que “debieron hacer” los “heroicos camaradas de armas”, sino estudiar qué hay que hacer “de ahora en adelante” en “acciones sucesivas”.
En esa hoja, el Rey pasa de pieza indispensable a obstáculo a neutralizar. Los autores dan por hecho que Juan Carlos I seguirá adelante con su “intento suicida” de promover un Gobierno con los socialistas, y concluyen que, a partir de ahí, la Corona deja de ser un factor de protección para convertirse en el enemigo principal.
El giro es especialmente significativo porque, en la planificación previa, la Corona aparecía como condición de posibilidad del golpe. Un croquis fechado en noviembre de 1980 —incluido en la misma documentación— considera imprescindible contar con el “apoyo de la Corona” para que la operación tenga “credibilidad”. Tras analizar varias fórmulas de Gobierno para apuntalar el levantamiento, los autores se decantan por una operación “civil con complemento militar”, con un general de talante liberal como presidente. En la lista de nombres figuran Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría o Díez Alegría, presentados como “antídoto al golpismo” y, a la vez, como fachada viable.
El texto insiste además en la necesidad de introducir “dispositivos de seguridad” para garantizar que “los componentes actúen en la forma prevista”, un aviso de que el golpe no se concebía como un arrebato, sino como un mecanismo a prueba de fugas, dudas o desobediencias.
La documentación continúa con la planificación detallada del llamado “golpe de los coroneles”, que los propios militares bautizan como “operación Halcón”. La hoja fija una ventana temporal: antes del 28 de octubre de 1982, fecha prevista entonces para las generales. Y remacha el método: “Lo ideal sería la explotación de una acción violenta” entre el 20 y el 28 de octubre, es decir, utilizar un episodio de violencia como palanca para justificar el movimiento.
