Lo que decía el Gobierno sobre la amnistía hace solo dos años: "Claramente inconstitucional"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado radicalmente su valoración jurídica sobre la amnistía en poco más de dos años. En sus propuestas a favor de los indultos a los condenados a prisión por el "procés" -que se acordaron en contra del criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía-, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dejaba muy clara en junio de 2021 su opinión sobre la amnistía que ahora va a aprobar el Ejecutivo para diferenciarla de los indultos y llegaba a calificarla de "claramente inconstitucional".

El indulto, aseguraba el Gobierno en esos informes, "no quebranta en absoluto el prestigio del que gozan los tribunales de justicia en España, en concreto, el de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tampoco vacía de contenido su sentencia de 14 de octubre de 2019, pues, como no podría ser de otra manera, ni la cuestiona ni la modifica en extremo alguno. Aquello fue la vía jurisdiccional". "Esto es la vía política -recalcaba-. Ambas plenamente constitucionales y respetuosas con el Estado de derecho".

La concesión de la medida de gracia -explicaba el entonces ministro de Justicia, hoy miembro del Tribunal Constitucional (TC) que deberá pronunciarse sobre la ley de amnistía- suponía "excepcionar el cumplimiento de la pena indultada o conmutada, pero con la persistencia del delito". Por lo que en caso de volver a cometer los mismos delitos, subrayaba, acarrearía "la apreciación de los antecedentes penales".

"A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional", hacía hincapié el Gobierno respecto a la medida "que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito".

"Tiempo y esfuerzo"

"Debemos ser realistas", admitía no obstante Campo en ese dictamen. Aunque se mostraba convencido de que la puesta en libertad de los condenados a prisión por el "procés" contribuiría a "avanzar sólidamente hacia la paz social y la plena garantía de la convivencia democrática", admitió que esa decisión no era "suficiente por sí misma para resolver definitivamente y con inmediatez el conflicto político y social" en Cataluña.

"La magnitud del desencuentro y del enfrentamiento implica que se precisara de tiempo y esfuerzo por parte de todos para restañar las heridas y devolver la normalidad institucional a la sociedad catalana y al conjunto del país".

De ahí que ya entonces el Gobierno asumiera (como ahora Pedro Sánchez con la amnistía) que el indulto "por sí solo no resolverá el conflicto político en Cataluña". El objetivo era "facilitar un clima habitable para ir avanzando en soluciones". En el horizonte, la amnistía tantas veces negada desde el Gobierno que ahora se aprobará y el futuro referéndum soberanista que reclama el independentismo.

El indulto, según el ministro, no aspiraba "ni a erradicar las ideas independentistas ni a convencer a quienes las defiendes.

"Nuestra democracia es de todos. Y nuestra Constitución nos protege a todos, también a quienes quisieron acabar con ella o la denigran a diario". De ahí que defendiese los indultos como medio para "abrir caminos para encontrar la mejor forma de convivir en democracia".

El objetivo era, recalcaba el Ejecutivo, "abrir un nuevo tiempo" y "acabar con la fractura social y política que ha enrarecido la vida en Cataluña" en pos de un díalogo "que debe avanzar en la senda de la normalización política e institucional de Cataluña".