Vox ha vuelto a registrar una iniciativa para exigir la ilegalización de Bildu, al considerar que incumple la Ley de Partidos y mantiene "vínculos evidentes" con la organización terrorista ETA. La portavoz del Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado en una rueda de prensa que la formación liderada por Arnaldo Otegi "ha tenido y tiene" entre sus filas a personas imputadas o condenadas por terrorismo o delitos relacionados.

La portavoz parlamentaria ha insistido en que "la democracia no derrotó a ETA, sino que miró hacia otro lado por conveniencia política" y que los herederos de ETA son "el principal sustento de este Gobierno".

Por qué Vox vuelve a pedir la ilegalización de Bildu

Esta iniciativa de ilegalización vuelve a surgir por varios hechos que, a juicio de la portavoz, demuestran que la "victoria de ETA es evidente".

Entre ellos se encuentran los homenajes a miembros de la organización que se celebran en el País Vasco y Navarra, el traslado de presos a cárceles vascas, la imposición del nacionalismo, la falta de libertad de expresión en esas regiones, la "equiparación" de víctimas y verdugos, o el exilio forzoso de 200.000 personas que vivían bajo la amenaza de ETA.

En qué consiste la propuesta

Vox fundamenta su propuesta en el artículo 9 de la Ley de Partidos, argumentando que su petición de ilegalizar a la formación de Arnaldo Otegi se ajusta a la normativa.

Según Pepa Millán, la legislación contempla como motivos de ilegalización incluir en órganos directivos o listas electorales a "personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y medios terroristas", o promover, apoyar o participar "en actividades que tengan por objeto premiar, homenajear o distinguir acciones terroristas o violentas".

Además de exigir la ilegalización de Bildu, el partido de Santiago Abascal reclama impulsar las reformas legales necesarias para "garantizar que los condenados por terrorismo cumplan íntegramente sus penas".

En este sentido, la formación verde también pide que se haga efectiva la "prohibición de cualquier acto de enaltecimiento público de los terroristas", poner fin a las políticas de cesión al separatismo, avanzar en la investigación de los 376 crímenes de ETA aún sin resolver y promover la localización y puesta a disposición judicial de los miembros de ETA que continúan huidos de la Justicia.