Cada uno tiene el TOC que quiere o que puede. No sé si saben que los miembros de las carreras jurídicas suelen tener el de consultar el BOE cada mañana –vicio nefando donde los haya–, empollarse los anteproyectos y seguir los rastros de las modificaciones legales como si de perros perdigueros se tratara. Y no sólo al llegar al despacho, lo hacen incluso en vacaciones, tal vez para escaparse un rato de los requerimientos familiares haciendo como que están ocupados. Así es cómo estos días de asueto me he visto envuelta en la zozobra de los notarios relativa a un anteproyecto de ley que nos dejó la Montero en trámite de información pública, del que no se ha hablado casi nada, y que modifica de una sola tacada más de una decena de leyes sustantivas. Ahí es nada.

Que el anteproyecto se llame de «Integridad Pública» no es una coña, pero nos viene al pelo en la semana en la que empieza el primero de los juicios contra el ex secretario de Organización del PSOE y ministro de Sánchez durante la comisión de los hechos de que se le acusa.

Está bien traerlo a colación justo cuando las portadas se pelean por darle más bola a un juicio de corrupción o a otro: a la inasumible utilización de recursos públicos y policiales para tapar las porquerías del PP por parte de un ministro de Rajoy –Kitchen– o a la del todopoderoso ministro de Sánchez por haberse corrompido con la compra de mascarillas justo cuando el país estaba más necesitado y expuesto.

El matiz lo vemos todos: Rajoy pagó el precio político de estas miserias inaceptables que hoy se juzgan como delitos perdiendo el poder, en boca precisamente de Ábalos, que se encargó de argumentar en la moción de censura la desvergüenza corrupta que no se podía soportar ni un segundo más. No se podía, pero tampoco se podía cerrar una para abrir otra. Y Sánchez, sin embargo, no ha tenido ni un solo castigo político, como poco por su habilidad para nombrar como dos de su partido a gente que acaba en la cárcel. Siendo necesario el mismo jarabe, la incompatibilidad de caracteres impide que la moción de censura que se merece se produzca.

Lo del proyecto de la Integridad Pública merece un debate público que está siendo hurtado. Supongo que porque todo el mundo está tranquilo pensando que es imposible que esto pase el trámite parlamentario con un gobierno en minoría. Tan claro deben tenerlo ellos mismos que no han intentado aún ni ponerse en contacto sobre su contenido con partidos imprescindibles para aprobarlo. Pero los notarios, ya ven, se inquietan, y lo hacen por las reformas societarias que el anteproyecto incluye.

Esas que pretenden suprimir la escritura en la venta de las participaciones societarias y sustituirla por firma electrónica «supuestamente para conseguir transparencia», cuando ahora los notarios comunican a Hacienda todos las transmisiones. «Imaginen lo que significaría de coste al ciudadano que se inscriban registralmente las participaciones por los honorarios y qué riesgos se asumen con una firma electrónica que no controla la capacidad, la intimidación o, simplemente, la legalidad de la transmisión», dicen.

No es el único cambio sustancial que proponen Montero-Sánchez para acabar con la corrupción.

En realidad recogen modificaciones del Código Penal, Ley de Contratos Públicos, legislación societaria y del Registro Mercantil, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Penitenciaria, Ley Hipotecaria y la de Financiación de Partidos, LOREG, Ley de Transparencia, Ley de Protección de Informantes, protección de datos, de Bienes Decomisados e, incluso, una transposición de directiva europea sobre comiso de activos. Todo en pack.

Todo sin debate aún, no sólo parlamentario sino tampoco público. Porque más allá de la inquietud de los notarios, que es lo que a mí me ha despertado la curiosidad, hay motivos para inquietar a más. Entre otros a los partidos periféricos, algunos de los cuales sostienen a Sánchez, por la centralización de controles y la adjudicación de la dirección de los marcos de actuación al Gobierno central, que no creo que les guste demasiado. Por eso a lo mejor no confían mucho los de Sánchez en que este anteproyecto, sacado de la manga justo tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, vaya a ninguna parte. ¡Ah, y ahí entra lo del documento privado de transmisión de participaciones de Servinabar!

Hay mucha tela que cortar en la propuesta. Por ejemplo, pretender que el CGPJ pueda especializar secciones de los nuevos tribunales de Instancia en delitos contra la Administración Pública tiene su miga. Depende cómo se haga y cómo se cubran las plazas puede provocar el efecto contrario del que sugiere.

O la cuestión del aumento de penas a las personas jurídicas a las que se obliga, pymes incluidas, a pagar un compliance si quieren contratar. O las campañas publicitarias para concienciar sobre los males de la corrupción–¡te partes, como si todo fuera ajeno a ellos!– que irán a parar a los medios que sea conveniente y amén. O la propuesta de que no se cumplan los principios de reinserción y resocialización de los condenados por corrupción «si no devuelven el dinero», creando no sólo problemas constitucionales sino también «clases» entre el corrupto que tenga aún patrimonio y el que no.

Por no hablar de la Agencia Independiente que, por cierto, deja fuera de juego a las oficinas anticorrupción de las autonomías y crea el mayor reservorio de datos centralizados. No he oído o visto un solo debate, polémica o enfrentamiento sobre todo esto y se me hace raro.

Será, ya digo, que no tienen la más mínima esperanza de poder aprobarlo y, por eso, ni han intentado negociar con sus socios el apoyo, ni lo han intentado con la oposición, ni hemos tenido sino ese inicio de tramitación medio de tapadillo que se ha quedado ahí colgado de la inquietud de los notarios, pobres, que se aburrían en la Santa Semana. Porque, ¿quién piensa que va a ser el Gobierno encabezado por Sánchez el que logre la legislación definitiva que saque las manos de los políticos de las adjudicaciones, las financiaciones ilegales y otras pozas de porquería institucional? Nadie. Obviamente. Ni ellos se lo creen.