El Supremo impulsa el embargo a Ábalos y Koldo al no haber consignado la fianza de 60.000 euros

El Tribunal Supremo (TS) se ha cansado de esperar a que José Luis Ábalos y Koldo García consignen las fianzas de 60.000 euros que les impuso el pasado diciembre para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que sean condenados en el juicio del "caso mascarillas", que comienza el próximo 7 de abril.

Ya entonces les avisó que, de no aportar esa fianza, acordaría el embargo de sus bienes. Y ahora, a la vista de que "ha transcurrido en exceso el plazo concedido" sin que se hayan consignados esos importes, activa el procedimiento para llevar a cabo una "averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial" que precise los bienes de los que son titulares a los efectos de garantizar con ellos la cuantía impuesta en la fianza.

Instituciones Penitenciarias ya trasladó a ambos el auto de apertura de juicio oral y el plazo de cinco día del que disponían para abonar la fianza si no querían exponerse a un embargo salvo que puedan acreditar que son insolventes "en caso de que carezcan de metálico o de bienes susceptibles de embargo", como se encargó entonces de recordar el alto tribunal.

Último recurso

No obstante, el exministro de Transportes y quien fuera su asesor todavía pueden retrasar ese previsible embargo, pues sus defensas tienen la posibilidad de presentar un recurso de reposición contra esta decisión en el plazo de tres días ante la letrada de la Administración de Justicia asignada al procedimiento.

La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y de 19 y medio para Koldo García por tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación y uso de información privilegiada. Unas peticiones que la acusación popular eleva a 30 años de cárcel. En el caso del empresario Víctor de Aldama, la petición en ambos casos es de siete años de prisión.

Además, Anticorrupción solicita multas superiores a los 3,7 millones de euros para el ex secretario de Organización del PSOE y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes.

En esta primera pieza del "caso Koldo" serán objeto de juicio las adjudicaciones para la contratación de mascarillas en pandemia, por un total de 54 millones de euros, por parte de los ministerios de Transportes (a través de Puertos del Estado y Adif) e Interior, así como por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias cuando los dirigían Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.