Las víctimas del pagador de Alvise Pérez ponen el ojo en si el principal banco de Portugal, Caixa Geral de Depósitos, habría incumplido la normativa lusa sobre prevención y blanqueo de capitales con los fondos que habría acogido de la macroestafa vinculada a Madeira Invest Club (MIC).

Zaballos Abogados, que representa al mayor número de afectados, solicita a la Audiencia Nacional (AN) el nombramiento de un perito para que examine esta posibilidad y señala ya a una posible responsabilidad civil subsidiara de la entidad financiera portuguesa. Para analizar este extremo reclaman la apertura de una pieza separada al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la AN.

Esta acusación particular apunta a que la petición de información cursada a las autoridades del país vecino ha desvelado que una de las sociedades vinculadas al entramado de Álvaro Romillo "en ningún caso" habría justificado "ingresos recurrentes y saldos millonarios" en una cuenta abierta en este banco.

Expone, en este sentido, que el depósito en cuestión registró desde su apertura en enero de 2021 abonos por más de 148 millones de euros y adeudos de 147 millones. Las transacciones tuvieron lugar, según esta parte, entre 2023 y 2024, "periodo que coincide con los años en que MIC ha estado en funcionamiento".

Este grupo de denunciantes advierte al magistrado instructor, José Luis Calama, que esta cuenta lusa sirvió como "instrumento esencial" para cometer la estafa, dado que prácticamente la totalidad de las inversiones en este "chiringuito financiero" fueron a parar a dicha cuenta, que funcionaba como una "caja única".

Estos millones de euros procedentes víctimas servían -explica el escrito conocido por LA RAZÓN- para realizar las "recompras" a otros nuevos inversores del MIC, "orquestándose así un sistema piramidal tipo ponzi con base en los saldos" de este depósito.

A este respecto, detalla que en el año 2023 se registraron 9.083 movimientos (6.340 entradas y 2.743 salidas). Siendo el saldo al inicio del periodo de 14.578,48 euros, y, al final del periodo, de 14.808.185,37 euros.

El número de asientos contables referentes a las víctimas contenidos en la cuenta en cuestión en este año ascienden a 6.266, cuya suma monetaria hace una cantidad total de 40.867.697 de euros. Con lo que representa un 96,42 por ciento de todos los abonos realizados en este ejercicio anual.