La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional escucha este lunes a las defensas de los, de momento, ocho procesados en el caso de la macroestafa que habría liderado el empresario que financió a Alvise Pérez a través de Madeira Invest Club (MIC), según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Entre los asistentes a la vista de hoy por los recursos de apelación que han presentado contra su procesamiento figuran los nuevos letrados de Álvaro Romillo, al que, paralelamente, el Tribunal Supremo (TS) investiga por financiación ilegal con 100.000 euros en efectivo a Se Acabó la Fiesta (Salf).

Fue el pasado diciembre, cuando el magistrado José Luis Calama decidió dejar a Romillo y a sus colaboradores en el MIC al borde del banquillo de los acusados por delitos de estafa agravada y organización criminal. La Fiscalía recurrió esta resolución aludiendo a que se debería haber incluido también el delito contra la Hacienda pública. Hay que tener en cuenta que aún está pendiente que la Agencia Tributaria aclare si pudieron cometer un fraude fiscal en un informe pendiente de ser entregado al instructor.

En un primer momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la AN desestimó los recursos de reforma y elevó las actuaciones hasta la Sala que ahora dará salida a sus alegaciones. Las principales acusaciones particulares, en manos de Zaballos Abogados y de Soriano i Piqueras, se han mostrado contrarias a dar marcha atrás al procesamiento.

Romillo asegura que no ha sido tenida en cuenta su colaboración con la Justicia, negada en todo momento por Anticorrupción y desde la acusación particular.

Zaballos, por ejemplo, recordó que la actuación del pagador de Alvise se limitó a aportar en septiembre de 2024 al Ministerio Público todos los wasaps intercambiados con el eurodiputado. Además de que todos los bienes embargados al entramado de este supuesto club de inversión han tenido que ser hallados por la investigación desarrollada.

Como son los más 80 vehículos de alta gama, numerosos inmuebles en España, un terreno frente al Mar Jónico en Albania, cinco embarcaciones, billeteras de criptomonedas y más de un centenar de cuentas bancarias abiertas en 15 países.

Por ello, desde esta acción particular se subrayó que ningún miembro de esta supuesta organización criminal ha dado información a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o al juzgado sobre el destino del dinero estafado a los antiguos clientes.

A su vez, los procesados recurrentes alegan que el auto de procesamiento es "prematuro" y que no han tenido tiempo de presentar pruebas en su defensa. Respecto a ello, Zaballos

considera este argumento "peregrino", ya que todos ellos llevan siendo investigados en la causa desde hace más de un año y medio y han tenido tiempo suficiente para solicitar la práctica de diligencias de prueba. Teniendo en cuenta que todos ellos se negaron a declarar a preguntas del Ministerio Fiscal y de las acusaciones cuando declararon en noviembre de 2025.

Mientras tanto, el magistrado Calama sigue instruyendo dos piezas separadas contra los procesados por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, ya que Romillo, junto a familiares, se habría dedicado a tratar de ocultar bienes para dificultar su embargo. Esto está siendo investigado todavía por la Policía Nacional y la UCO.