Donald Trump busca una dudosa fórmula para lograr el control del Congreso

Desde que comenzó 2026, la política estadounidense avanza con la vista puesta en las elecciones de medio término de noviembre, el gran examen que cada dos años reorganiza el poder en Washington. En estos comicios los republicanos se juegan mucho, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (35 escaños). Perder una de las dos cámaras significaría atascar la agenda legislativa de la Casa Blanca, multiplicar las investigaciones parlamentarias y abrir un bloqueo legislativo que podría desembocar en un juicio político contra Donald Trump. El presidente estadounidense, consciente de todo, ya se ha puesto a `trabajar´ para maximizar escaños, cueste lo que cueste, incluso si hay que ir contra la Constitución.

Su último movimiento ha sido insistir en que el Gobierno federal debería supervisar, e incluso ¨organizar¨, las elecciones intermedias que históricamente han estado en manos de los estados. Sin rodeos, ha llamado a los miembros de su partido a ¨tomar el control¨ y ¨nacionalizar¨ el sistema de votación. El mandatario estadounidense no dio más detalles sobre su plan para modificar un sistema electoral blindado por el reparto de competencias que establece la Constitución de EE UU. ¨Deberíamos tomar el control del sistema de votación en al menos 15 lugares¨, dijo Trump;, ¨Tenemos estados que son tan corruptos y están contando votos¨, afirmó sin identificar los territorios. Estas declaraciones tuvieron lugar en un encuentro con periodistas en el despacho Oval, en el que aseguró que ¨el estado es un agente del Gobierno federal en las elecciones. No sé por qué no es el Gobierno federal el que las organiza directamente¨. Dentro del partido republicano empiezan a asomar voces relevantes que temen que su líder, una vez más, hable en serio. Algunos temen que su líder quiera revertir el control que la ley atribuye a los territorios, cuya administración electoral recae en funcionarios estatales y locales.

El llamado al cambio electoral ha despertado la preocupación dentro del partido demócrata, que a estas alturas conoce perfectamente a su presidente y sabe que sus palabras no son solo retórica partidista. Hay dos opciones, Trump se sale con la suya y logra forzar un cambio en la idiosincrasia del sistema electoral, o bien el mandatario lo utilizará como arma política para atacar a los estados en los que su partido no gane las elecciones. ¨ ¿Acaso Donald Trump necesita una copia de la Constitución? Lo que está diciendo es flagrantemente ilegal¨, dijo en el pleno el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.

El líder norteamericano es consciente de que, históricamente, el partido gobernante suele perder escaños en las elecciones de medio término, y esta vez los demócratas lo tienen fácil porque solo tendrían que ganar tres distritos controlados por los republicanos para hacerse con la Cámara de Representantes. Por eso, Trump lleva tiempo trabajando en varias líneas. Una de ellas llegó el año pasado, impulsando una redistribución de distritos electorales para que los republicanos obtengan más escaños. Primero fue Texas quien se animó a redibujar el mapa electoral, y para contrarrestar le siguió California, una forma de ganar escaños sin cambiar votos.

Para respaldar su propuesta, Trump lleva mucho tiempo, desde que perdió las elecciones en 2020 según él por fraude cometido por los demócratas, preparando el terreno, asegurando sin pruebas, que, en algunas ciudades, curiosamente todas ellas demócratas, existe una ¨terrible corrupción¨ electoral. Siempre se ha opuesto al voto por correo, ha puesto en duda el buen funcionamiento y control de las máquinas de votación, y ha alimentado sin hechos el sentimiento de que millones de personas que no son ciudadanas votan en las elecciones estadounidenses. Según Trump sus votos influyen negativamente en los resultados electorales, pero los expertos insisten en que ¨es ilegal¨ y ¨rara vez se da¨. Desde hace un año, los republicanos han estado impulsando la aprobación de la ley SAVE (SAVE Act en inglés), que busca exigir a todas las personas norteamericanas que presenten un certificado de nacimiento o cualquier identificación oficial que demuestre su ciudadanía en el momento de votar. Según una encuesta realizada por Brennan Center, más de 21 millones de nacionales no tienen a mano eses documentos, por lo que los detractores de la ley insisten en que aprobar la norma privaría de un derecho constitucional a muchos ciudadanos.

El presidente es persistente cuando algo se cruza en su camino, y lleva seis años impugnando su derrota en las elecciones del 2020. La semana pasada el FBI registró e incautó en el condado de Fulton, en Georgia, material vinculado a las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden. ¨Ahora van a ver algo en Georgia, donde lograron obtener, con una orden judicial, las papeletas, van a salir a la luz cosas interesantes¨, seguía insistiendo Trump en una entrevista en un podcast esta semana.