Keir Starmer acelera la transparencia acorralado por el "caso Epstein"

El terremoto institucional provocado por el caso Epstein no solo no remite, sino que se expande. Apenas veinticuatro horas después de la detención de Peter Mandelson, exembajador británico en E UU, el Gobierno británico confirmó ayer que seguirá adelante con la publicación de los documentos relativos a su nombramiento diplomático, pese a que el veterano exministro laborista fuera arrestado el lunes por la tarde bajo sospecha de mala conducta en cargo público y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Su detención se produce apenas cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés. Ambos están acusados del mismo delito grave que, en su forma más extrema, puede conllevar cadena perpetua.

A principios de mes, el premier Keir Starmer pidió perdón a las víctimas del llamado “caso Epstein” en una de las intervenciones más delicadas y personales desde que llegó al poder. Reconoció como un error político de primer orden haber nombrado a Mandelson embajador en Washington pese a que ya eran conocidos sus vínculos con el magnate estadounidense condenado por pedofilia. La disculpa, sin embargo, no ha conseguido cerrar la peor crisis de su Gobierno.

La ministra de Educación, Bridget Phillipson, dejó claro que Downing Street no dará marcha atrás. “Queremos ser transparentes”, afirmó, aunque admitió que deberán calibrar cuidadosamente qué papeles pueden hacerse públicos sin comprometer la investigación policial en curso. El primer paquete, previsiblemente a comienzos de marzo, incluirá el informe de diligencia debida elaborado por el Cabinet Office antes del nombramiento. Sin embargo, podrían quedar fuera las preguntas que el propio Starmer formuló a Mandelson y las respuestas que, según el primer ministro, contenían “mentiras reiteradas” sobre el alcance de su relación con el financiero estadounidense.

La estrategia es evidente: separar la responsabilidad política de la penal. Starmer necesita demostrar que fue engañado, que el sistema de verificación funcionó dentro de los límites de la información disponible y que el error fue de juicio, no de encubrimiento. Pero el margen es estrecho. En Westminster se asume que el problema ya no es solo el vínculo con Epstein, sino la percepción de una cultura de protección en las altas esferas del poder.

Por su parte, los liberal demócratas forzarán en los Comunes la publicación de los documentos relativos al nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos III, como enviado comercial entre 2001 y 2011. El Gobierno no se opondrá. La misma fórmula parlamentaria —una humble address— servirá para exigir transparencia sobre un cargo desde el que el expríncipe también habría compartido información sensible con Epstein.

La dimensión constitucional empieza a asomar. Nueva Zelanda y Australia han anunciado que respaldarían al Reino Unido si propusiera retirar a Andrew de la línea de sucesión. No es un gesto simbólico: modificar el orden sucesorio requiere el consenso de los quince reinos de la Commonwealth. Aunque el Ejecutivo insiste en que “no descarta nada”, abrir esta cuestión supondría un debate institucional de enorme calado.

El paralelismo entre ambos casos es políticamente explosivo. Mandelson representa la élite laborista del Nuevo Laborismo; Andrew, la aristocracia hereditaria. Dos mundos distintos unidos por un mismo epicentro tóxico. La narrativa que intenta imponer el Gobierno —transparencia sí, pero sin interferir en la justicia— choca con una opinión pública cada vez menos dispuesta a aceptar equilibrios técnicos.

El riesgo para Starmer no es únicamente jurídico o diplomático, sino de liderazgo. Llegó al poder prometiendo restaurar la confianza en las instituciones tras años de turbulencias. Hoy gobierna en medio de una tormenta que cuestiona precisamente esa promesa.