Javier Díaz Giménez, profesor de Economía: "El modelo sueco de pensiones debe ser utilizado en España"

La reforma del sistema de pensiones español podría encontrar su inspiración en un modelo que ya funciona con éxito en Suecia. La propuesta, defendida por el economista Javier Díaz Giménez de que "el modelo sueco de pensiones debe ser utilizado en España", no busca una demolición del esquema actual, sino una transición ordenada hacia un sistema mixto y mucho más sólido. Se trataría de combinar el pilar de reparto tradicional con uno nuevo de capitalización individual, más acorde con la nueva realidad demográfica y económica del país.

En concreto, este modelo de referencia destinaría el 16 % de la base salarial de cada trabajador a un sistema público de cuentas nocionales. Estas cuentas funcionan, en la práctica, como un fondo virtual e individualizado donde cada euro que se aporta genera derechos de pensión a futuro. A esta hucha pública se sumaría un 2,5 % adicional del salario, que iría a parar directamente a cuentas financieras personales gestionadas por entidades privadas a elección del propio ciudadano.

Además, la propuesta identifica una palanca financiera ya existente para poner en marcha esta transformación: los fondos que se recaudan a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En lugar de destinar ese dinero a la caja común, se sugiere que se emplee como el capital inicial para arrancar este nuevo pilar de capitalización, sentando así las bases de un sistema que no se fíe por completo a la solidaridad de las generaciones venideras.

La insostenibilidad de un modelo con fecha de caducidad

Y es que este giro radical responde a un diagnóstico demoledor. El sistema de pensiones español, tal y como lo conocemos, se enfrenta a una tormenta perfecta que amenaza con hacerlo inviable. El economista Díaz Giménez alerta de un agujero contributivo que podría alcanzar los 80.000 millones de euros este mismo año, impulsado por dos frentes absolutamente ineludibles: un envejecimiento galopante de la población y una base de cotizantes cada vez más reducida.

Por otro lado, a este reto demográfico se suma un lastre cultural bien conocido en nuestro país y que complica aún más el panorama. Existe una enorme dependencia del mercado inmobiliario como principal activo de ahorro de los españoles, una riqueza que, al llegar la jubilación, presenta serios problemas de liquidez para complementar unas pensiones públicas que se prevén insuficientes. Un patrimonio ilíquido, al fin y al cabo, no sirve para pagar las facturas del día a día.

En definitiva, la ecuación se ha vuelto casi imposible de resolver. Una base de trabajadores menguante debe sostener las prestaciones de un colectivo de jubilados cada vez más numeroso y con una esperanza de vida mayor. La consecuencia directa es un pacto intergeneracional quebrado, una realidad tozuda que exige replantear los cimientos sobre los que se ha construido el bienestar de nuestros mayores durante décadas.