La UCO concluye que el único fin de la Fundación era el desvío de dinero

El Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado una tercera ampliación de atestado al juez que investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la «Fundación DeSevilla», en el que asegura que la misma fue creada con el fin de desviar dinero público del Ayuntamiento hispalense, más allá de los objetivos sociales que se le presuponían cuando se constituyó.

Como se recordará, en el juzgado número 16, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas investiga qué fue de una subvención de 990.000 euros que el Consistorio otorgó en 2008 –mandato de Sánchez Monteseirín– a la fundación para cooperación internacional y que ésta no justificó ni reintegró pese a haber recibido un anticipo del setenta y cinco por ciento.

El atestado, que tiene fecha del 10 de diciembre de 2013, consta de más de cuatrocientos folios, fruto de nuevas declaraciones e indagaciones. Entre sus numerosas conclusiones también destacan los agentes de la Guardia Civil que Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde, delegado de Relaciones Institucionales desde 2007 y patrono electo de la fundación, no sólo estaba al tanto de todo cuanto ocurría en DeSevilla sino que medió para que las subvenciones solicitadas fueran concedidas por parte del Gobierno municipal. Una información que contrasta con su declaración ante el juez el pasado 18 de noviembre, cuando dijo «ignorar» dónde estaban los 742.500 euros no reintegrados, eludía cualquier responsabilidad al considerarse un mero político y culpaba a sus camaradas Carlos Vázquez, vicepresiente de la comisión ejecutiva, y al ex gerente Miguel López Adán.

Las fuentes consultadas por este diario señalan que el atestado concluyen que la creación de la Fundación no fue «fortuita» sino para «fines para los que no estaba autorizada». Por ello, y como ya ocurriera en el anterior atestado, los agentes de la Guardia Civil responsabilizan no sólo a la dirección de la fundación sino a los patronos. En el mes de octubre ya se apuntaban posibles «responsabilidades penales» de dichos patronos, entre los que estaba el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.

La Guardia Civil deja abierta la posibilidad de investigar otras subvenciones otorgadas por la Gerencia de Urbanismo y la propia Junta de Andalucía. Además, deja claro que la negligente gestión de la Fundación se realizó con fines partidistas, en este caso los fines de Izquierda Unida.