Zarrías «presionó» a Guerrero para que agilizara pagos de los ERE

sevilla- El abogado Carlos Leal Bonmati relacionó ayer la ayuda a fondo perdido de 15 millones de euros que la Junta de Andalucía otorgó en octubre de 2008 para la instalación de Dhul en Jaén rescatando a parte de los prejubilados de Primayor –antigua Cárnicas Molina–con las comidas en la Casa Rosa –sede de la Presidencia de la Junta– entre el entonces vicepresidente Gaspar Zarrías y los Ruiz Mateos. Asimismo, el letrado de Estudios Jurídicos Villasís testificó que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, recibió presiones de Zarrías para agilizar el pago de las pólizas, citando un caso concreto de un representante de la Asociación de Hijos de Andrés Molina, Luis García de los Reyes, y un posterior encuentro con Guerrero después de un fin de semana en el que se lo encontró «descompuesto» y lamentando que todo el mundo recurría a él, en referencia a una llamada de Zarrías previa petición del intermediario de la asociación jiennense. Estas presiones del actual Secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE casan con la declaración del chófer de Guerrero, quien aseguró que el ex vicepresidente colocó intrusos y presionaba al ex director general de Trabajo.

El abogado también relacionó a otros dos ex consejeros con estas ayudas. En concreto, citó a Martín Soler y Francisco Vallejo, que participaron en la resolución del ERE de Primayor, gestionado en una comida en la Casa Rosa, junto a Zarrías, José María Ruiz Mateos y uno de sus hijos.

Estos pasajes fueron los aspectos más destacados de su declaración ante la juez Alaya. Tras dos días de interrogatorio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 225.000 euros. El PP se sumó a esta petición, mientras que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía reclamó la retirada de pasaporte y su comparecencia periódica. Al cierre de esta edición, la juez redactaba el auto, mientras el entorno del imputado trataba de reunir el dinero necesario para eludir la cárcel y confiaba en que la magistrada rebajara su importe a unos 150.000 euros.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla imputa a Carlos Leal Bonmati, socio fundador de Estudios Jurídicos Villasís, los delitos de falsedad en documento mercantil, prevaricación, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, malversación impropia y cohecho. La magistrada considera que Leal Bonmati participó en la trama delictiva desde su origen, esto es, 1999, con el expediente de regulación de empleo de Cárnicas Molina.

Durante su segundo día de declaración, el letrado –imputado por su papel de mediador– también aseguró que el despacho Garrigues –que tiene a dos miembros encausados– comenzó a colaborar con la Junta a partir del ERE de Santana, ya que eran los abogados de la empresa Suzuki. Lo llamativo es que este bufete se mantuvo posteriormente en el expediente de Cárnicas Molina, a pesar de contar la Administración andaluza con su propia asesoría jurídica. Luego siguió trabajando en otros ERE.

Por otro lado, Leal Bonmati admitió que a través de su despacho Estudios Jurídicos Villasís adelantó 600.000 euros para el ERE de la Faja Pirítica, un acuerdo «verbal» que le pidió Guerrero y los sindicatos. Posteriormente, el coste para la Administración andaluza se disparó hasta los 1,2 millones. Durante el interrogatorio, el abogado protagonizó un enfrentamiento con la juez ya que apuntó que su participación se limitaba a la fase inicial de las pólizas, diferenciándolo de los ERE en sí, a los que vinculó a los sindicatos y a la mediadora Vitalia. Al tratar de desvincular su asesoría de los fondos públicos, la juez Alaya llegó a espetarle: «Está usted mintiendo descaradamente».

El papel de los sindicatos fue otra vez cuestionado por la instructora. El imputado señaló que las comisiones sindicales son normales a nivel nacional. En el caso andaluz, negó conocer la arbitrariedad del procedimiento de ayudas, aunque admitió que los sindicatos sí debían estar al corriente. Una tesis que han mantenido otros imputados en el procedimiento.

Por otro lado, el abogado reconoció que pagó «cerca de 10.000 euros» al testaferro Eduardo del Real –que colaboró con el «conseguidor» Juan Lanzas– para que corroborara ante notario la veracidad de las facturas que las empresas de éste habían elaborado para su bufete.