MENÚ
jueves 14 noviembre 2019
00:33
Actualizado

Más vigilancia en los barrios

El Ayuntamiento abre la puerta a instalar más cámaras de videovigilancia. Tetuán y Vallecas las tendrán en el plazo de un año, aunque el Ayuntamiento pretende evitar que la ciudad se convierta en un «Gran Hermano»

  • La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, a la calle Topete en el barrio de Bellas Vistas tras la aprobación de la instalación de cámaras de seguridad
    La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, a la calle Topete en el barrio de Bellas Vistas tras la aprobación de la instalación de cámaras de seguridad /

    Cipriano Pastrano

Tiempo de lectura 4 min.

08 de septiembre de 2019. 22:48h

Comentada
I. Laurel.  8/9/2019

Hacía tiempo que los vecinos de Tetuán y Vallecas venían demandando la instalación de cámaras de seguridad para evitar su sensación de inseguridad. Ayer, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, anunció tras visitar el barrio de Bellas Vistas, en el distrito de Tetuán, que en el plazo de once o doce meses se instalarán cámaras de videovigilancia y se abre ahora la posibilidad de hacer lo mismo en otros barrios de Madrid. La iniciativa de implantar estas cámaras fue una demanda de Cs en la anterior legislatura. Ahora, Villacís asegura que con esta decisión se llevará a cabo lo que considera una política de desbloqueo de una iniciativa que se encontraba en hibernación durante la época de la ex alcaldesa Manuela Carmena. La justificación parece implantarlas estar clara para Villacís: «en Bellas Vistas hay problemas de convivencia, okupaciones, hurtos, violencia e incluso asesinatos. Por eso los vecinos demandaban las cámaras de seguridad para poder protegerse, para poder identificar a los delincuentes».

Carmena llegó a decir que la medida estaba presupuestada pero Villacís aclaró ayer que se trataba todo de «una mentira».

La vicealcaldesa abrió la puerta a la posibilidad de que estas cámaras se instalen en otros barrios de Madrid pero evitando convertir la capital en un «Gran Hermano». «No cerramos la posibilidad de ponerlas en otros espacios donde hay muchos vecinos que las reclaman porque entendemos que la mejor manera de proteger al que no delinque es con este tipo de sistema de videovigilancia. No cerramos la puerta a ponerlo en más sitios en Madrid, pero no quiero decir que con esto vayamos a convertir la ciudad en un Gran Hermano, hay un término intermedio». Por lo pronto, Villacís ha anunciado que el Ayuntamiento va a crear un Plan de Choque para la Seguridad en Madrid: «No queremos que nos
ocurra lo que está sucediendo en Barcelona, y lo vamos a evitar», ha aseverado en relación a los crecientes casos de delincuencia que se registran en la Ciudad Condal. «Vamos a parar la delincuencia en Madrid. Es nuestro compromiso», informa Ep. Villacís ya ha anunciado que el Gobierno municipal trabajará en la mejora de la iluminación de determinadas zonas para aumentar la sensación de seguridad en algunos lugares.

El Ayuntamiento de Madrid, en la anterior legislatura, acordó la colocación de 19 cámaras de seguridad pero, meses después, la entonces concejala de Tetuán, Montserrat Galcerán, explicó que no se podían colocar porque no había dinero para tantas cámaras, según denunció el Grupo Popular. Entonces se dijo que no se instalaron por las constantes dificultades técnicas.

El caso particular del barrio de Bellas Vistas de Tetuán se elevó al pleno del distrito en noviembre de 2016 y fue ratificado por el Consistorio en abril de 2018. Es más, el permiso de la Delegación de Gobierno para instalarlas caducó y se tuvo que volver a iniciar su tramitación». Fue en julio pasado cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó una modificación de crédito de 2.190.000 euros para la instalación de las cámaras en Bellas Vistas y Vallecas. Comenzaba así el proceso de aprobación definitiva en el pleno y posterior licitación de las cámaras que tendrán un presupuesto de un millón de euros en cada uno de los barrios.

Estos dos no son los únicos barrios que han demandado cámaras. Las asociaciones vecinales de la zona Centro las reclamaron ya en 2017 coincidiendo con el atentado terrorista de Barcelona. Entonces, la delegación del Gobierno acabó colocando más elementos contra los atropellos, como bolardos, y elaboró un mapa de las zonas más concurridas. También se acordó hacer un estudio para la instalación de más cámaras en las calles.

En España mueren por homicidio o asesinato cerca de 300 personas cada año, un 30% menos que hace tres décadas, y los atracos callejeros se han reducido más del 40% en el último decenio. Con todo, la percepción popular es que nunca es suficiente cuando hablamos de que nuestras familias estén amparadas. Sin embargo, las encuestas revelan que el 79,4% de los encuestados apoyan la presencia de cámaras en las calles para reforzar la seguridad. Sólo el 14,7% disiente. El 62,1% considera que las cámaras no atentan contra la privacidad de las personas.

Expertos como Javier Sirvent, afirman que la videovigilancia puede resultar positiva a nivel de seguridad, incluso existen softwares, como «Rekognition», que son capaces de reconocer las emociones de las personas. «Sería bueno identificar a alguien que esté a punto de delinquir», explicó. Sin embargo, hay muchos que temen a este control que consideran excesivo. Según Sirvent, «en San Francisco este sistema está prohibido, pero todo lo contrario sucede en China, donde más de 270 millones de cámaras controlan y reconocen a todos los ciudadanos». Los lugares públicos en las ciudades españolas pueden ser grabados desde el año 1997, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Videovigilancia. Fue propuesta como una medida para prevenir la violencia callejera. Fue aprobada por mayoría de todos los grupos políticos y su origen está relacionado con las múltiples y constantes acciones violentas que entonces se llevaban a cabo en diversas ciudades vascas por jóvenes radicales que incendiaban autobuses de servicio público y destrozaban moviliario urbano. La idea de utilizar cámaras tiene como antecedente la paliza que en 1993 un grupo de exaltados propinó a un miembro de la policía autónoma vasca que fue grabada en vídeo y que posteriormente sirvió para identificar a doce de los responsables que fueron condenados a penas de prisión. Las delegaciones de Gobierno de cada autonomía tienen que autorizar su implantación y con ellas las fuerzas de seguridad no pueden captar sonidos ni imágenes del interior de las viviendas. Deben ser destruidas en un mes si no ocurre ningún delito.

Últimas noticias

Red de Blogs

Otro blogs