Si hay un asunto central por encima de todos sobre el que gira cualquier reforma universitaria es el de la financiación. Es el más controvertido para las universidades públicas, que ya desde 2024 decidieron alzar la voz y visibilizar su situación en un acto público para clamar contra la infrafinanciación: “Estamos en riesgo, no cubrimos los gastos de personal”, alertaban.

Dos años después, los rectores han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre financiación, el asunto realmente mollar. Todo ello después de que encallara la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) para regular el sistema universitario madrileño, con propuestas que los propios rectores consideraban “surrealistas”.

El acuerdo se produce 14 días después del cese del exconsejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, sin que haya dado tiempo aún a nombrar directores generales ni viceconsejero, y dos días antes de la comparecencia en el pleno de la Asamblea de la presidenta madrileña para dar explicaciones sobre la destitución. El acuerdo implicaría a los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual.

El nuevo modelo de financiación plurianual tendrá cinco años de vigencia, hasta 2031, con el que las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) obtendrán 14.790 millones hasta 2031.

Así lo ha dado a conocer la dirigente autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, donde ha informado de que el nuevo texto dota a las universidades de los recursos necesarios para que puedan desarrollar una planificación estratégica y plurianual de crecimiento, inversiones y servicios.

En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos´. Se trata de la primera vez que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual. De ahí que la rectora de la Universidad autónoma y presidenta de los rectores madrileños, Amaya Mendikoetxea, tachara el acuerdo de "hito".

Con esta cantidad, que supera el 0,5 % el PIB de la Comunidad, cada universidad podrá disponer de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad. Una parte de los fondos irán a parar a inversiones para modernizar sus instalaciones y los medios de los que disponen. Habrá, en definitiva, una inversión básica y otra por objetivos que la Comunidad negociará con cada universidad. En el último año del acuerdo (2031), se les inyectará 549 millones adicionales, pero también se prevé que estas instituciones puedan tener ingresos propios cercanos a los 2.500 millones.

El proyecto de ley de universidades madrileñas (LESUC) ha quedado guardado en un cajón. Las resistencias que ha suscitado han convertido su tramitación en un campo minado. «Espero que la ley no se lleve a tramitación porque no tiene ni pies ni cabeza y no satisface a nadie. No creo que nadie quiera meterse en el lío de una norma tan polémica que no sirve para que las universidades sean mejores», detallaban a LA RAZÓN fuentes universitarias.

Con la ley en punto muerto, el foco se desplazó por completo a la financiación. El acuerdo en esta materia ha sido pilotado por la Consejería de Presidencia, aunque con la presencia en las reuniones de Mercedes Zarzalejo, la nueva consejera, que ha mantenido buena sintonía con los rectores todo este tiempo. Durante los últimos meses ya se venían acercando posturas y mejorando el clima de diálogo y entendimiento solo en este punto, ya que los rectores seguían teniendo reservas en relación con el articulado de la ley y su estructura.

El objetivo de la Comunidad de Madrid sería que, en tres años, las cuentas de las universidades madrileñas estén saneadas. De hecho, el Gobierno autonómico ha reforzado en los Presupuestos un fondo específico (el de convergencia) para ayudar a equilibrar las cuentas de las universidades. Se trataría de que funcionase como un mecanismo de apoyo durante tres años. Una vez saneadas las cuentas, ese dinero dejaría de estar en un fondo aparte para integrarse en la financiación ordinaria. Se trataría, dicho de otro modo, de una especie de colchón económico temporal para tapar agujeros que, en tres años, ya no sería necesario porque ya estarían equilibradas a nivel financiero. Para los rectores, el horizonte final es alcanzar el 1 por ciento del PIB en 2030, tal y como fija la ley estatal de universidades (LOSU).