Liberadas 18 mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo de Móstoles

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución coactiva en la localidad de Móstoles, donde se ha liberado a 18 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.

Las cabecillas de la organización criminal obligaban a las mujeres a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y anunciar sus servicios en páginas web de contactos. Durante la explotación, las víctimas no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, eran obligadas a vivir hacinadas, vigiladas 24 horas al día y a entregar la mitad de sus ganancias, han informado desde la Jefatura Superior de Policía.

En concreto, hay siete personas detenidas y 18 mujeres han sido liberadas. Además, durante el registro se intervinieron drogas, 10.000 euros en dinero en efectivo y abundante material probatorio de la actividad criminal.

La investigación policial se inició en octubre de 2025, tras una comunicación del Hospital Universitario de Villalba (Madrid), donde una mujer manifestó su intención de declarar por haber sido víctima de explotación sexual. Ese mismo día, los agentes tomaron declaración a la víctima, quien relató las condiciones sufridas desde su llegada a España hasta su explotación en un chalet ubicado en la localidad de Móstoles, utilizado como prostíbulo.

El entramado criminal, integrado por mujeres de nacionalidad española, explotaba sexualmente a mujeres en situación de especial vulnerabilidad personal y económica. Las víctimas eran obligadas a dormir en el sótano del inmueble, en literas con escaso espacio, compartiendo un único baño y bajo condiciones de hacinamiento.

Además, permanecían vigiladas y grabadas de forma constante, incluso mientras dormían o se cambiaban de ropa, y se les obligaba a mantener la luz encendida durante la noche.

Anuncios sexuales para captar clientes

Las mujeres no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, debiendo estar disponibles las 24 horas del día. Para salir del domicilio necesitaban autorización y disponían de un máximo de dos horas diarias.

Estaban obligadas a entregar el 50% de sus ganancias y el incumplimiento de las normas se castigaba con sanciones económicas, insultos, amenazas o la expulsión del inmueble con la consiguiente pérdida de la fianza abonada.

Asimismo, las cabecillas de la organización obligaban a las mujeres a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y anunciar sus servicios en páginas web de contactos. Para ello contaban con la colaboración de al menos dos hombres que trabajaban en turnos de 12 horas, encargados de editar las imágenes con programas de retoque fotográfico.

La organización también gestionaba la adquisición y suministro de drogas, principalmente cocaína y potenciadores sexuales, tanto los clientes como para las propias mujeres. En el caso de estas últimas, el consumo generaba dependencia y aumentaba las deudas contraídas con la organización.

Las responsables de la red criminal habían estructurado un entramado mercantil con al menos cuatro empresas identificadas, con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de su actividad delictiva. Una vez reunidos todos los indicios, a principios de febrero de 2026 se llevó a cabo la fase ejecutiva, procediéndose a la detención de siete personas y a la realización de una entrada y registro.

Durante las diligencias se intervinieron 10.000 euros en dinero en efectivo, diversas dosis de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana), así como documentación de interés, terminales telefónicos y equipos informáticos y fotográficos.

Como resultado de la actuación policial, se liberó a 18 mujeres, siendo varias de ellas asistidas por organizaciones no gubernamentales especializadas en la atención a este tipo de víctimas.