Madrid: los tribunales anulan la tasa de basuras del Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa municipal de gestión de residuos aprobada por el Ayuntamiento de Madrid al considerar que la ordenanza fiscal que la regulaba incurrió en un defecto sustancial durante su tramitación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así los recursos presentados por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 y declara la nulidad de pleno derecho del tributo.

La resolución, dictada por la Sección Novena del TSJM, concluye que el Consistorio incumplió las garantías procedimentales exigidas durante el proceso de aprobación de la norma, al no publicar de forma íntegra la documentación técnica que sustentaba el cálculo de la tasa en el periodo de información pública.

En concreto, el tribunal reprocha al Ayuntamiento la omisión de varios anexos del informe técnico-económico, entre ellos los relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas. Según la Sala, esos documentos eran esenciales para comprender cómo se había determinado la cuantía del tributo y, por tanto, imprescindibles para que ciudadanos y afectados pudieran examinar la ordenanza y presentar alegaciones con pleno conocimiento de causa.

La sentencia recuerda que la nueva tasa se aprobó en el marco de la obligación impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige a las entidades locales implantar sistemas de financiación basados en el principio de “quien contamina paga”. Sin embargo, el tribunal subraya que esa finalidad legal no exime a la Administración del cumplimiento estricto de las reglas de procedimiento ni de la obligación de motivar adecuadamente los elementos esenciales del gravamen.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la relevancia que atribuye al informe técnico-económico, pieza clave en la creación de cualquier tasa municipal. Según recuerda el TSJM, y en línea con la doctrina del Tribunal Supremo, este tipo de informes no puede limitarse a ofrecer cifras o resultados finales, sino que debe exponer de forma razonada la metodología empleada para justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para fijar la cuota.

Tras examinar la documentación efectivamente publicada, la Sala concluye que, aunque el expediente contenía determinados datos y resultados, no permitía reconstruir el proceso de cálculo. En especial, faltaba información sobre cómo se atribuían los residuos a las distintas actividades económicas y sobre la configuración de las denominadas “zonas homogéneas”, dos elementos fundamentales para entender la tarifa vinculada a la generación de residuos.

El tribunal rechaza así la tesis del Ayuntamiento, que defendía que los anexos omitidos tenían un carácter meramente auxiliar o complementario. A juicio de los magistrados, esos documentos contenían precisamente el núcleo metodológico del sistema: estudios estadísticos, criterios de segmentación y técnicas de estimación que permitían establecer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria asignada.

La resolución incide además en la importancia del trámite de información pública como garantía del derecho de participación ciudadana. Para la Sala, no se trata de un mero formalismo, sino de un mecanismo que exige la publicidad íntegra del expediente para que los interesados puedan formular alegaciones fundadas. En este sentido, descarta que baste con la posibilidad de solicitar la documentación por otras vías.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.