¿Qué está en juego cuando hablamos de universidad?

¿Cuál es el valor de la universidad pública? ¿Resulta legítimo defender su singular especificidad frente a las universidades privadas? Como sabemos, se trata de interrogantes que se encuentran en el centro del actual debate sobre el sistema universitario, el cual ha adquirido especial relevancia en Madrid como consecuencia de la tramitación de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia propuesta por el gobierno de Díaz Ayuso y como efecto de la situación de infrafinanciación que padecen las instituciones de educación superior pública de la región. Sin embargo, en cierto sentido, este no es un problema nuevo ni tampoco algo que afecte exclusivamente a la Comunidad de Madrid.

Desde hace ya varias décadas se ha instalado en las agendas de diferentes partidos políticos, así como también en el criterio de expertos y gestores educacionales, la idea de que la universidad debe estar al servicio del mundo de la empresa. Se ha apelado a los inéditos desafíos de la llamada sociedad del conocimiento y a la globalización tecnológica para justificar una subordinación de los objetivos y funciones de la universidad al espacio del mercado y a las metas de la empleabilidad. Así, ha primado una organización técnica del saber, ligada al rendimiento económico, que ha dejado en el pasado el modelo universitario humboldtiano de formación integral del ciudadano, universalidad del saber y autonomía institucional frente al Estado. En este contexto, la deriva más perniciosa de esta racionalidad ha sido reducir por completo la vocación de la universidad a un negocio.

Pero hay algo paradójico en esta apreciación unilateral de la universidad como mera actividad económica. Aquellos que creen que los estudios universitarios únicamente tienen por objeto el desarrollo de competencias orientadas a la inserción de los «estudiantes-clientes» en el orden productivo se aferran al mismo tiempo a la reputación que perciben que otorga el significante «universidad». Por mucho que se vea en la educación superior solo una oportunidad para hacer negocios se intenta denodadamente que «centros adscritos» o «academias» puedan llegar a usar el nombre «universidad». ¿A qué se debe este prestigio que parece anidar en el fondo de esta palabra? ¿Es el término «universidad» algo así como un significante vacío que cada uno puede llenar de contenido según sus particulares intereses? No lo creo. Hay algo muy preciso que significa la universidad para la gran mayoría de los ciudadanos españoles, sin que sea necesario apelar a la opinión de especialistas o representantes políticos.

Para la sociedad en general la institución universitaria se identifica con una experiencia vital fundante que muchos aspiran a ofrecer a sus hijos e hijas sin que eso se limite en absoluto a la cuestión del empleo futuro. Ciertamente, la gente sigue apostando por la educación superior como vehículo de ascenso social, pero intuyendo que eso está asociado a una formación cultural integral que solo una universidad de calidad está en condiciones de brindar. Esto lo entienden muy bien los defensores de la universidad como negocio. Por eso no pueden desprenderse del significante «universidad», en la misma medida que saben que las percepciones de la ciudadanía aun identifican ese ideal de calidad con la universidad pública, algo que en el caso de la Comunidad de Madrid se encuentra refrendado por numerosos datos objetivos. De ahí deriva un problema importante para los defensores de la universidad empresarial: ¿cómo expandir el negocio de las universidades si los potenciales «consumidores» no atribuyen calidad a la universidad privada?

No obstante, más allá de los diversos puntos de vista que puedan existir sobre el significante «universidad», cabe reflexionar respecto a cuál sea verdaderamente la misión de la universidad en nuestro tiempo. Ortega y Gasset ya se había formulado esta pregunta en 1930 con el propósito de redefinir las funciones esenciales y humanistas de la institución universitaria alertando sobre los peligros de una educación centrada en la formación de especialistas técnicos. En 1998, Derrida decía que la universidad era una ciudadela expuesta a ser sitiada por poderes externos que desean apropiársela y abogaba por una «universidad sin condición». Es decir, por el desarrollo de una institución reflexiva en cuyo seno pueda realizarse de manera libre y pluralista una «resistencia crítica frente a todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos». Algo que no puede suceder sin que la universidad tenga algún grado de autonomía respecto a las exigencias coyunturales que una época en particular le impone. La universidad necesita no estar condicionada por lo inmediato porque debe tener la capacidad de construir los conocimientos y las ideas para la sociedad del mañana. Por este motivo no puede estar sometida al simple interés empresarial ni mucho menos convertirse ella misma en una empresa. Subordinar la universidad por completo a la lógica reproductiva del capitalismo es algo grave porque implica desnaturalizar uno de los escasos espacios institucionales que pueden asegurar la existencia de un pueblo con discernimiento crítico orientado por un sentido de lo común. Desde este prisma, la defensa de la universidad pública está íntimamente vinculada con la defensa de los valores democráticos precisamente en nuestro presente, dónde asistimos a una crisis acelerada de los valores principales de la modernidad.

En cualquier caso, no cabe ser ingenuos y esperar de nuestras autoridades políticas una comprensión de esta vocación pública de la universidad. Solamente podemos aspirar a que sean coherentes en la estimación del significante «universidad» sin reducir las instituciones que lo encarnan a la simple función de negocios. Pero sobre todo, hay que exigirles que abandonen la idea peregrina de fortalecer el desarrollo de las universidades privadas a costa del deterioro sistemático de las universidades públicas. Esto perjudica el interés superior de la sociedad madrileña y condena a todas las universidades de la región, públicas y privadas, a descomponerse en la irrelevancia histórica y cultural de no ser otra cosa más que organismos regidos por el lucro. Así el horizonte de la «universidad sin condición» desaparece por completo como un ideal regulador razonable de la política universitaria. Este es el principal error que se está cometiendo en Madrid. No hay que ser de derechas o de izquierdas para advertirlo. Solamente sería suficiente con disponer de un sentido básico acerca del valor de la vida ciudadana para comprenderlo. Aquel que precisamente aprendimos en la universidad pública.

*Rodrigo Castro Orellana es profesor titular del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del libro Salvar la universidad, defender la democracia. El ataque neoliberal contra la institución universitaria (Akal, 2025).