Escribo esta columna como secretaria de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Lo hago con la responsabilidad que el cargo me impone, pero también con la libertad que me da llevar años diciendo lo mismo en privado y en público: esta situación es insostenible.

En la última Junta General, los colegiados han rechazado por tercer ejercicio consecutivo las cuentas presentadas por la Junta de Gobierno.

Las cifras hablan solas. Las cuentas del ejercicio 2023: 16 votos a favor, 53 en contra. Las del ejercicio 2024: 15 votos a favor y 51 en contra. Las del ejercicio 2025: 13 votos a favor y 47 en contra.

Las cuentas de 2023 y 2024 ya habían sido rechazadas con anterioridad pero fueron sometidas de nuevo a votación con idéntico resultado.

No sé qué definición de mandato democrático permite ignorar tres veces consecutivas la voluntad de los colegiados.

Y no se trata solo de las cuentas. Los presupuestos de los ejercicios 2024, 2025 y 2026 han corrido la misma suerte: rechazados uno tras otro.

El resultado es que el Colegio sigue funcionando con los presupuestos prorrogados de 2023, una anomalía que convierte cualquier planificación en ficción y cualquier gestión en mera supervivencia administrativa.

Pero lo más significativo de la última sesión no fueron solo los números. Fue el momento en que el tesorero, David Fechenbach, reconoció públicamente que firma las cuentas por mandato de la Junta, pero que no está conforme con la ejecución de las mismas.

Fue la votación a mano alzada, en la que quedó patente que ni siquiera dentro de la propia Junta de Gobierno existía una mayoría que votase a favor.

Quienes asistieron a esa sesión pudieron ver con sus propios ojos algo que ya se intuía: el órgano que dirige el Colegio no cree en su propia gestión.

Mientras tanto, la profesión no espera. Y es esto lo que más me preocupa, porque el bloqueo institucional no es un problema abstracto de gobernanza: tiene consecuencias reales para los compañeros y compañeras que ejercen cada día.

El Turno de Oficio arrastra problemas estructurales de financiación y organización que requieren un Colegio fuerte y con voz.

La transición de la pasarela de la Mutualidad genera una incertidumbre que afecta a cientos de profesionales y que no se está abordando con la urgencia que merece.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, está provocando disfunciones reales en los juzgados de nuestros partidos judiciales, y los abogados necesitan una institución que actúe como interlocutor eficaz, no una institución paralizada mirándose el ombligo.

A todo ello se suma el estado del propio edificio colegial, con parte de la planta superior apuntalada y el salón de actos inutilizado por razones de seguridad. Ni siquiera nuestra sede escapa al deterioro.

Mi posición es conocida y no ha cambiado. Junto con el tesorero y otros miembros de la Junta de Gobierno, vengo pidiendo desde que comenzó esta situación la dimisión en bloque y la convocatoria inmediata de elecciones.

Y no soy solo yo: son los propios colegiados quienes, Junta tras Junta, tanto en las de cuentas como en las de presupuestos, nos lo piden abiertamente, porque ven cómo sus servicios se resienten y cómo la institución pierde capacidad de respuesta.

No lo digo por afán de confrontación, sino por convicción: cuando un órgano directivo pierde la confianza de quienes representa, lo responsable es dar un paso al lado y permitir que los colegiados elijan a quienes consideren más adecuados para afrontar los retos que tenemos por delante.

Sin embargo, pese a tres rechazos consecutivos, pese a la fractura interna visible y pese a una pérdida de confianza que ya nadie discute, el decano mantiene su posición sin contemplar cambios.

Es su derecho. Pero también es derecho de los colegiados preguntarse hasta cuándo una institución puede funcionar sin el respaldo de quienes la componen. Lo que ocurrió en la última Junta General no fue un accidente ni un mal día. Fue la sexta vez que los colegiados dijeron lo mismo.

En algún momento, seguir sin escuchar deja de ser resistencia y se convierte en otra cosa. Alcalá de Henares merece un Colegio de Abogados que funcione. Sus colegiados merecen una dirección en la que confiar.

Y los problemas que tenemos encima de la mesa no van a esperar a que resolvamos los nuestros. Con las cuentas rechazadas, los presupuestos tumbados, los servicios mermados y hasta el edificio apuntalado, el hundimiento es ya, en todos los sentidos, algo más que una metáfora.