Los misiles parecen que no dejan ver todo el bosque de la actualidad. Que esto sea así no quita para que en esa actualidad haya hechos graves, relevantes, que no menguan; antes no acaparaban mucha atención, cierto, pero esto no les quita relevancia, al menos para muchas personas, entre las que me encuentro. Y es que toda la cohetería no silencia esa otra realidad que no es coyuntural. Me refiero al aborto, un drama que no mengua, tanto por su gravedad como porque, aunque quiera ocultarse, causa un daño silencioso e inmenso.

Hace unas semanas la Comisión Europea se pronunció sobre las demandas de My Voice My Choice, una iniciativa auspiciada por la multinacional abortista Planned Parenthood para que la Unión Europea financie abortar en otro estado de la Unión a las mujeres que tienen impedimentos legales para hacerlo en el suyo. Antes el Parlamento Europeo había solicitado crear un sistema de financiación y la respuesta de la Comisión a unos y otros ha sido «aseada»: no es preciso crear una línea de financiación específica para abortar porque ya hay fondos sociales que pueden emplearse para este aborto transfronterizo, en concreto el Fondo Social Europeo Plus. Una respuesta con la que nos recuerda que, en su deriva suicida, Europa, ese «continente tonto», está comprometido con la cultura de la muerte.

Este tipo de iniciativas responden a la alarma que el mundo abortista lanzó tras la sentencia de 2022 del Tribunal Supremo norteamericano, que arrumbó otra sentencia, la Roe vs. Wade, que en 1973 declaró el aborto como derecho. Ante tal amenaza, el lobby abortista no ha parado y en 2023 el Parlamento Europeo interesó a los estados de la Unión que declarasen el aborto como derecho e instó al Consejo Europeo y a la Comisión para que el aborto sea añadido a la Carta Europa de Derechos Fundamentales. Y como ya he dicho en estas páginas, Francia se apuntó el primer tanto constitucionalizador, por cierto, una Francia macronita y masona empeñada ahora en una ley de eutanasia libre, léase, salvaje.

¿Y España? Pues aquí los misiles iraníes han silenciado la última iniciativa abortera del Gobierno que, ya se sabe, cuando ve languidecer su relato o quiere agitar, tira de manual y su solución es facilitar la muerte de no nacidos. Ahora proyecta llevarlo a la Constitución. No le satisface que el Tribunal Constitucional declarase que la madre, que acaba con la vida del hijo que engendra, ejerce un derecho ligado a su libertad, autonomía y hasta dignidad (¿¡!?).

El objetivo de la iniciativa es «blindar este derecho» ante comunidades autónomas con escasos abortos en la sanidad pública y la idea es llevarlo al artículo 43 de la Constitución. Para los no avezados en temas constitucionales, les diré que dentro de los principios de política social y económica, ese artículo reconoce el derecho de todos a la protección de la salud; luego insertar ahí el derecho al aborto para garantizarlo responde al cambio instaurado con la vigente ley de 2010 con la que el aborto como tal desaparece, incluso como palabra, y en su lugar se habla de «salud reproductiva y sexual».

Repárese que esa constitucionalización del aborto no se lleva como matiz o cuña exterminadora al artículo 15, que declara el derecho a la vida como derecho fundamental. La razón de no hacerlo es poderosa, pues reformar ese artículo significaría adentrarse en un procedimiento de reforma constitucional impracticable: se exigiría que la iniciativa la validasen las Cortes con una mayoría reforzadísima en cada Cámara, seguiría una convocatoria electoral y ulterior referéndum. La verdad es que si es una «demanda social» y enaltece a la mujer, debería seguirse ese camino: desde su lógica, sería una iniciativa llamada al éxito. Pero, como he dicho, el Tribunal Constitucional con su doctrina proaborto ya ha hecho los deberes, erigiéndose como instancia constituyente: ¿para qué consultar al pueblo si ya han hablado siete de sus miembros?

Pero la alternativa elegida tampoco es fácil. Tras el dictamen preceptivo y no vinculante del Consejo de Estado -lo exige su ley orgánica-, el Consejo de Ministros remitiría su proyecto a las Cortes y saldría adelante si en cada Cámara se aprueba por mayoría de 3/5. De no haber acuerdo, se constituiría una comisión mixta Congreso-Senado y, si no se consensúa nada, la aprobación exigiría mayoría absoluta en el Senado y de 2/3 en el Congreso, eso si una décima parte de senadores o diputados no pide referéndum.

El Gobierno, como promotor de esta empresa, es consciente de sus dificultades jurídicas, pero eso es lo de menos: lo relevante es que la muerte del no nacido le sirve para tapar las grietas de un feminismo hipócrita, declinante a golpe de escándalos sexuales, prostíbulos o excarcelaciones de violadores; y, claro, sirve para crearle un problema de definición al PP.

José Luis Requero, es magistrado del Tribunal Supremo.