La reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita la estrategia arancelaria impulsada por Trump constituye un episodio de enorme relevancia institucional. Más allá de su impacto económico inmediato –relativo y aún incierto–, el fallo proyecta un mensaje político e histórico de mayor calado: en la democracia más antigua y sólida del mundo, ningún presidente, por fuerte que sea su mandato o ambiciosa su agenda, puede situarse por encima del entramado constitucional. La decisión fue adoptada por seis votos frente a tres y frenó una pieza central de la política económica de Trump, que es la utilización de aranceles como instrumento de presión comercial y geopolítica. No se trata de un mero revés técnico. El alto tribunal cuestionó el alcance de la delegación de poderes en materia comercial y estableció límites a la discrecionalidad presidencial. El mensaje es claro: el poder ejecutivo no es omnímodo, ni siquiera cuando invoca la defensa del interés nacional. Este episodio confirma algo que forma parte del ADN constitucional norteamericano desde 1787: la supremacía de la ley y el equilibrio entre poderes. Nació como democracia representativa y constitucional. Ha vivido crisis –guerra civil, depresiones económicas, conflictos sociales intensos–, pero su marco institucional ha resistido gracias a una combinación de tradición jurídica, cultura cívica y respeto por la separación de poderes. Resulta particularmente significativo que la decisión haya contado con el respaldo de magistrados conservadores. Ello refuerza la percepción de independencia judicial. El tribunal no actúa como apéndice del poder político que lo designó, sino como intérprete autónomo de la Constitución. Y más relevante aún: el presidente, pese a su enfado y a la dureza de sus declaraciones, no ha insinuado que vaya a desobedecer el fallo. En otros contextos históricos y geográficos, la reacción podría haber sido distinta. La aceptación –aunque sea crítica– de la resolución judicial forma parte de la normalidad democrática. Desde el punto de vista económico, la anulación de los aranceles no implicará una reducción automática de precios. Aunque habían encarecido productos importados –muebles, ropa, componentes electrónicos–, la incertidumbre persiste. Las empresas difícilmente ajustarán precios de inmediato en un entorno donde el propio presidente anuncia nuevas vías legales para imponer gravámenes alternativos, incluso un arancel general del 10%. La política comercial seguirá siendo un terreno de disputa y volatilidad. En el plano fiscal, el fallo también introduce incógnitas. Los aranceles habían generado ingresos considerables para el Gobierno federal, con estimaciones que hablaban de billones de dólares a lo largo de la próxima década. La sentencia deja en el aire cómo se gestionarán eventuales devoluciones a importadores y abre la puerta a una compleja litigiosidad que podría prolongarse durante años. No está claro si los consumidores recibirán compensación alguna. Los socios comerciales han reaccionado con prudencia. Canadá y México observan el desarrollo de los acontecimientos conscientes de que la política arancelaria no desaparece, sino que puede reconfigurarse. La UE reclama claridad. La economía global, interconectada y sensible a las decisiones de Washington, asume que la incertidumbre forma parte del paisaje actual. Sin embargo, más allá de las cifras y los mercados, el verdadero alcance del fallo reside en su dimensión institucional. En los últimos años se ha instalado un discurso persistente que presenta a Trump como una amenaza existencial para la democracia estadounidense. Desde determinados sectores políticos, mediáticos, intelectuales y académicos, se ha articulado una campaña de descrédito casi permanente, donde cada decisión presidencial es interpretada como preludio de una deriva autoritaria. El contraste con el tratamiento dispensado a administraciones demócratas resulta evidente para muchos observadores: intervenciones militares, endurecimientos migratorios, construcción de vallas y muros fronterizos o ampliación de poderes ejecutivos fueron en su momento asumidos con menor dramatismo. La diferencia esencial, sin embargo, no radica tanto en la identidad partidista del ocupante de la Casa Blanca como en la fortaleza del sistema. La democracia no depende de la virtud personal de un presidente concreto, sino de la solidez de sus contrapesos institucionales. Puede impulsar una línea política contundente, puede intentar ampliar los márgenes de su acción, pero siempre encontrará límites en el Congreso, en los tribunales y en la opinión pública. La decisión del Supremo demuestra que la arquitectura constitucional funciona. No se ha producido un choque de trenes institucional ni una crisis de obediencia. Se ha producido lo que debe producirse en una democracia madura: un control jurisdiccional de la acción ejecutiva. El presidente pierde una batalla jurídica y el sistema gana en credibilidad. Este episodio debería invitar a una reflexión más serena sobre el estado de las democracias occidentales. Frente a quienes sostienen que Estados Unidos atraviesa una crisis terminal de su modelo institucional, la realidad muestra una estructura capaz de autocorregirse. La existencia de tensiones políticas intensas no equivale a fragilidad sistémica. Al contrario, puede ser la expresión de una vitalidad democrática donde el conflicto se canaliza por vías legales. Ningún presidente puede imponerse sobre la democracia constitucional estadounidense. Esa es la lección fundamental. La Constitución, los tribunales y la tradición jurídica establecen un marco que trasciende coyunturas y personalidades. Y precisamente por eso, la sentencia sobre los aranceles no es solo una derrota política concreta, sino una reafirmación del principio que ha sostenido a EE UU durante más de dos siglos: el imperio de la ley. En un tiempo marcado por la polarización y la sospecha permanente, conviene recordar que la credibilidad de las instituciones no se mide por la ausencia de conflicto, sino por su capacidad para resolverlo conforme a reglas previamente aceptadas. El fallo del Tribunal Supremo es, en ese sentido, una demostración de fortaleza democrática. Puede incomodar al poder ejecutivo, puede generar incertidumbre económica, puede alimentar debates partidistas, pero refuerza el núcleo esencial del sistema. Y ese núcleo –la primacía del Derecho sobre la voluntad circunstancial del gobernante– es lo que convierte a la democracia estadounidense en una de las más estables y antiguas del mundo contemporáneo.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)