El procesamiento de Begoña Gómez ha dejado en evidencia una vez más las pulsiones caudillistas de un régimen a la defensiva. Como preámbulo queremos dejar constancia una vez más de la desviación que supone la utilización de una plataforma pública en un espacio público como son las comparecencias posteriores al consejo de ministros como mítines, actos de partido o tribunas en defensa de la causa y los intereses de una persona particular sin cargo ni representatividad alguna como es la esposa del presidente. Convertir Moncloa, que es propiedad del conjunto de los ciudadanos de este país, en un cortijo socialista en manos del matrimonio Sánchez ni es ético ni honesto. Hemos renunciado ya a que este Gobierno, sin duda el peor y más peligroso de la historia de la democracia, se recondujera y fuera capaz de ajustarse a las convenciones y los códigos inherentes al estado de derecho. Lamentablemente, no ha querido estar nunca en el lado correcto que representa el orden moral e institucional ajustado a la legalidad. Al contrario, la involución autocrática se ha agudizado en su modus operandi. Si algo lo ha expuesto con crudeza ha sido su estrategia de acoso y hostigamientos contra los jueces instructores de causas que concernían al poder y contra los elementos del Estado y la sociedad que han eludido la colonización desarrollada por Moncloa. En el día de ayer tres ministros brindaron a los españoles una sesión tan bochornosa como aleccionadora acerca de la degradación del poder cuando quienes lo ostentan se creen por encima de toda instancia y sobre todo de la Ley. Tres ministros que se despacharon envalentonados con un ataque impropio y feroz contra el juez Peinado y por extensión la Justicia por cumplir con su deber y dictar un auto de procesamiento contra la esposa del presidente en razón de su competencia y criterio. La crítica razonada y argumentada es legítima en democracia, también, por supuesto, la discrepancia, y más todavía el derecho que asiste a las partes a plantear recursos ante instancias superiores, quejas ante los órganos de gobierno o denuncias ante los tribunales. El señalamiento y la bronca hooligan desde la mesa del consejo de ministros de Puente, Saiz y Bolaños -lo suyo fue especialmente serio por ser titular de Justicia- fueron la antítesis de lo que cabe exigir de los miembros de un Ejecutivo en este sistema nuestro de libertades y garantías. Cualquiera diría que no confían en la inocencia de Begoña Gómez ni en la integridad de los procesos judiciales. Obviamente, nosotros sí creemos en la presunción de inocencia y la defendemos como aborrecemos la justicia sumaria, el derecho alternativo y la presunción de culpabilidad que tanto gustan a la izquierda. Hay demasiados sanchistas y pocos demócratas de ejercicio y convicción en el poder como para pensar que obrarán con respeto institucional y defenderán la independencia judicial y la división de poderes. En su credo la Ley no puede ser igual para todos.