Que la economía financiera en España, es decir, la que mueven los grandes fondos de inversión y afecta a las empresas cotizadas, gozaba de una estupenda salud, al menos, hasta que Donald Trump dio la orden de bombardear a Irán, es un hecho, pero no deberíamos considerarlo como una novedad, porque lo cierto es que los grandes capitales siempre han prosperado en nuestro país cuando han gobernado los socialistas. Otra cuestión es el estado de la economía real, la que afecta a la mayoría de las empresas y los trabajadores, y que se refleja en un mercado laboral en deterioro, con exceso de precariedad y unos salarios medios que se aproximan a los ingresos más bajos, los del SMI, con una caída del poder adquisitivo de grandes capas de la población, esencialmente, la que representan los inmigrantes más recientes y los jóvenes recién llegados al mercado de trabajo, cuya situación de práctica pobreza apenas llegan a paliar los subsidios públicos. Nada más esclarecedor a este respecto que una de las recientes intervenciones de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, la ex ministra María Jesús Montero, lamentando la situación de muchas familias que tienen que sobrevivir a costa de la pensión de sus mayores, porque los sueldos no alcanzan para vivir y tener un techo. Viene a cuento esta reflexión ante el enésimo ejercicio de propaganda de Pedro Sánchez con una mixtificación marca de la casa, en la que mezcla los éxitos de la Selección de Fútbol con unas supuestas cifras de récord en la afiliación a la Seguridad Social. No es cuestión de desmontar una a una las inexactitudes que sustentan el discurso triunfal del inquilino de La Moncloa, pero sí es preciso advertir que la retorsión estadística de los datos de empleo, afiliación y paro ejecutada por este Gobierno ha llegado a unas cotas en las que no es difícil perderse. Por ejemplo, siguen sin figurar como desempleados los 800.000 trabajadores en régimen de fijos discontinuos y tampoco se reconocen como tales a los 400.000 que se encuentran haciendo cursos de formación o que buscan empleo con alguna restricción. Ninguna de estas tres categorías se incluye en las listas de paro, aliviando a efectos publicitarios la pesada realidad, aunque la opinión pública empiece a preguntarse por qué no deja de crecer el presupuesto dedicado al subsidio de desempleo, con un incremento de solicitudes en febrero del 7,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, o cómo es posible que en una economía lanzada hacia el éxito cada vez haya más familias apuntadas al Ingreso Mínimo Vital o cobrando prestaciones complementarias. Sucede lo mismo con los afiliados a la Seguridad Social, los proclamados 22 millones, detrás de los cuales se oculta la triste realidad de que cada nuevo afiliado ha tenido, de media, que firmar más de dos contratos al mes. En efecto, mala propaganda de un gobierno al que no se le mueve un músculo a la hora de tergiversar los hechos.