En España, el personal investigador alcanzó en 2024 las 184.382 personas en EJC (equivalencia a jornada completa), lo que supuso un 8,5 por mil de la población total ocupada y un incremento del 5,3% respecto a 2023. Esta cifra asciende a 295.290 si se mide por personal total en I+D (incluyendo técnicos y auxiliares) (Fuente: INE, 2024). Según datos de Eurostat, el número de personas investigadoras en la UE ha crecido por encima del 47% de 2021 a 2024 (desde 1,50 millones a 2,21 millones de personas en EJC), superando ampliamente el ritmo de crecimiento español. Según datos del INE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en 2024, más de la mitad de las personas investigadoras españolas (58,82%) trabajan el sector público (el 44,2% en universidades y el 14,6% en organismos públicos de investigación (OPIs)); el 40,9% en empresas y el 0,3% en Instituciones privadas. Atendiendo a la perspectiva de género, las mujeres representan un 40% del total de personal investigador, destacando la Administración Pública (51,3%) mientras que en las universidades representan un 45,2% y en las empresas un 30,7%. Este incremento, junto a la finalización el 31 de diciembre de 2026 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, hace necesario replantear el marco regulatorio de la investigación en España. En este sentido, la comunidad científica española, representada por la Confederación de Sociedades Científicas (COSCE) quiere manifestar su convicción de que el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha alcanzado estándares de excelencia investigadora perfectamente homologables con los de los países más avanzados, sobre todo en lo que respecta a publicaciones científicas y a participación en programas internacionales. Además, se han implementado cambios estructurales significativos que han producido mejoras notables para modernizar un sistema que históricamente pecaba de aún mayor rigidez y precariedad —Ley de la Ciencia 2022, modelo de incorporación estable (tipo tenure track), incremento de la inversión (PERTEs), potenciación de sectores clave, ley de start ups o acciones emprendidas por la AEI y el ISCIII para mejorar la gestión de las convocatorias, entre las más reseñables—. No obstante, el SECTI se encuentra lastrado en su funcionamiento habitual por una gestión ineficiente y, en su proyección, por una falta de visión estratégica. Específicamente, la actividad científica e investigadora en España se ve fuertemente frenada por una maquinaria de gestión administrativa y de servicios agobiante e inapropiada en el momento presente, que impide que se siga avanzando en capacidad científica. La sobrecarga burocrática que se impone al personal investigador en España va más allá de la percepción cualitativa; es en realidad un lastre que puede cuantificarse, así como su impacto en la competitividad del sistema nacional de I+D. Desde hace años y en el momento presente, las personas investigadoras principales (IP) dedican entre el 42% y el 44% de su jornada laboral a tareas administrativas en muchos casos de bajo valor añadido (Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). Esta merma en la dedicación a la actividad científica supone un coste de oportunidad muy reseñable. En consecuencia, la estimación es que el 41% de las tareas diarias de las personas investigadoras principales (IP) no requiere en realidad su cualificación, lo que se traduce en una pérdida de eficiencia económica superior a los 20.000 € anuales por persona investigadora senior. En perspectiva internacional, se estima que la carga burocrática en España es un 33% superior a la media de la Unión Europea. El exceso de gestión actúa a modo de 'impuesto invisible' que lleva a frenar la innovación, propiciar situaciones de cansancio y estrés, además de mermar recursos públicos que deberían destinarse exclusivamente a la generación de conocimiento (Fuente: Informes COTEC). A esto hay que añadir que las universidades y centros de investigación necesitan emplear a numeroso personal de sus servicios de gestión de la investigación (incluyendo OTRIs y similares) en la solicitud, gestión y justificación de proyectos, lo que disminuye sus capacidades de prospectiva, seguimiento y evaluación ex post. Esto se traduce, además, en un elevado impacto económico en las instituciones. Adicionalmente hay que mencionar que la carga burocrática no solo se genera en las más altas instancias, sino también por las entidades intermedias (Universidades, OPIs, etc.) que, frecuentemente, añaden cargas adicionales burocráticas en la gestión de los proyectos, lo que ha sido particularmente relevante en la aplicación de la ley de contratos menores. Asimismo, es preciso mencionar la burocracia que se traslada a las empresas en los proyectos colaborativos (RETOS) dificultando la colaboración entre academia-empresa tan necesaria para las pequeñas y medianas empresas.

2. NECESIDADES Y MEDIDAS RECIENTES Para superar dichos problemas e incrementar la eficacia del sistema español de ciencia y tecnología es necesario simplificar los instrumentos de control y los órganos de intervención, eliminando aquellos excesivos e innecesarios, sobre todo en lo relativo a la contratación de personal, justificaciones de proyectos y auditorías posteriores, entre otras cuestiones. Es de justicia reconocer, como ya se ha mencionado anteriormente, que en los últimos años la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han ido implementando cambios en la gestión de las convocatorias que simplifican algunos procedimientos, atendiendo a las demandas del colectivo investigador y gestor. Algunas medidas, entre otras, las que afectan a los calendarios, plantillas de CVA y memorias técnicas y a la flexibilidad en algunas ejecuciones presupuestarias se valoran positivamente. No obstante, se hace necesario incidir en cuestiones concretas clave que lastran duramente el sistema de ciencia español, tanto en su gestión como en su proyección estratégica.

3. PROPUESTAS A continuación se plantean una serie de propuestas para su consideración por los organismos responsables de la gestión de la I+D: 1. PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL 1. Modificar el modo de aplicación a la ciencia de la ley de subvenciones, contratos menores y licitaciones. Definir adecuadamente la excepcionalidad de la actividad científica siguiendo por ejemplo el modelo de Alemania, que dejó fuera de la ley correspondiente a toda institución pública dedicada a I+D. 2. Reformar los procedimientos de la ANECA para facilitar la homologación directa y automática de posiciones académicas y títulos (máster y doctorado) obtenidos en centros internacionales de prestigio; así como para eliminar las barreras burocráticas que impiden a investigadores extranjeros o retornados de excelencia incorporarse rápidamente a las universidades españolas. 3. Sincronizar los calendarios, requisitos y criterios de las convocatorias estatales con las de las CCAA.

PROPUESTAS PARA ALIGERAR LA CARGA BUROCRÁTICA 2.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS Y SOLICITUDES 1. Previsibilidad: Establecer un calendario plurianual estable para que la incorporación de personal sea siempre en septiembre. 2. Antelación: Publicar los periodos de solicitud con seis meses de antelación, incluyendo plantillas finales. 3. Extensión de plazos: Garantizar un mínimo de 6 semanas para la presentación de solicitudes, excluyendo periodos vacacionales (agosto, Navidad). 4. Burocracia Cero: Simplificar memorias, evitar pedir documentos que la administración ya posee y seguir modelos de éxito internacionales (como el de Bélgica). 5. Estandarización: Adoptar el modelo de CVA de la AEI de forma universal y mantener plantillas permanentes y fijas en la web. 6. Internacionalización: Publicar todas las guías e instrucciones obligatoriamente en inglés. COSCE.

2.2 GESTIÓN DE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SU JUSTIFICACIÓN NIVEL CRÍTICO: (IMPACTO MÁXIMO) 1. Excepcionalidad legal de la Ciencia: Desligar la normativa de I+D de la Ley de Contratos del Estado. La ciencia requiere una agilidad que es incompatible con los tiempos de la administración general. 2. Autonomía presupuestaria total: Eliminar la autorización previa para trasvases entre partidas en todas las escalas (estatal y regional). El personal investigador debe poder reasignar fondos (personal, material, viajes) según las necesidades cambiantes del proyecto sin burocracia intermedia. 3. Adopción generalizada del modelo Lump Sum: Sustituir la fiscalización ticket a ticket por una justificación basada en una memoria de actuación y económica simplificada, vinculada a resultados y no a micro-gastos.

NIVEL OPERATIVO: GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRATACIÓN 4. Figura del Gestor de I+D vinculado al proyecto: Incluir obligatoriamente una partida específica para personal de gestión en proyectos de alta cuantía (>250.000 €). Ello debe permitir descargar al científico de tareas administrativas. 5. Flexibilidad laboral y salarial: Permitir ajustes en figuras contractuales y salarios según el mercado y las necesidades del proyecto, siempre que el organismo financiador lo permita, sin rigideces. 6. Armonización de gastos elegibles: Unificar criterios entre diferentes agencias (AEI, ISCIII, CCAA) para que un mismo concepto (ej. una contratación o una dieta) se justifique de forma análoga en cualquier convocatoria.

NIVEL ADMINISTRATIVO: EFICIENCIA EN PROCESOS Y AUDITORÍA 7. Eliminación de intereses de demora: Suprimir el cobro de intereses en devoluciones cuando el retraso en la auditoría sea responsabilidad de la administración y no del centro. COSCE. 8. Sistema de "Adjustments" europeos: Permitir correcciones y retiradas de gastos en la justificación final, acercándolo a la flexibilidad de los proyectos de europeos. 9. Actualización y modernización de la gestión de viajes: Actualizar el vigente Real Decreto de indemnizaciones por servicio y simplificar drásticamente la documentación requerida (sustituir por sistemas de dietas fijas o per diem).

2.3 GESTIÓN DE ASPECTOS CIENTIFICO-TÉCNICOS 1. Permitir ajustar las actividades del proyecto (en el periodo de alegaciones) proporcionalmente al recorte de presupuesto concedido. 2. Establecer mecanismos para trasladar los resultados de la evaluación ex-post o intermedia a futuros proyectos o actuaciones (para lo que ha de existir un registro histórico de los resultados de los proyectos). Dar una mayor relevancia a la evaluación científica intermedia y final de los proyectos. 3. Eliminar la tabla de gastos en el informe científico-técnico final, ya que es la misma información que se reporta en la justificación económica final. Mantener solamente la parte de explicación de los gastos realizados no previstos en la propuesta.

2.4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. Flexibilidad en la contratación y cofinanciación: Permitir cambios en las figuras contractuales (ej. pasar de técnico a post-doc si el proyecto lo requiere) y en los importes salariales. Además, habilitar legalmente los contratos con cofinanciación (combinando si es necesario varias fuentes de recursos para soportar un mismo contrato). Simplificación de la justificación de RRHH: Instaurar una única justificación económica al final del periodo y permitir que el coste de personal en convocatorias pre-doctorales se justifique simplemente por el tiempo de contrato efectivo. 3. Sostenibilidad económica de los contratos: Garantizar que la subvención cubra el 100% del coste real del contrato —ayudas de Recursos Humanos pre-doctorales, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, entre otros programas postdoctorales, así como Personal Técnico de Apoyo— incluyendo subidas por convenios colectivos o salario mínimo interprofesional. Asimismo, queremos poner de manifiesto que el SECTI todavía se enfrenta al desafío de retener el talento femenino. Aunque en las etapas iniciales (grado y doctorado) hay una significativa presencia de mujeres, al avanzar hacia puestos de liderazgo el porcentaje de representación disminuye de manera notable. El fenómeno descrito es comparable a una "tubería que gotea", por lo que supone de pérdida de potencial investigador e innovador. Hay que reclamar cambios estructurales para que la ciencia no siga operando a la mitad de su potencia. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) está siempre dispuesta a colaborar, con todas las instancias de la administración implicadas, para solventar los problemas del SECTI articulando una hoja de ruta centrada en la transparencia, la financiación suficiente y estable y la integración de la ciencia en la toma de decisiones políticas.

3. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Los aspectos de gestión mencionados en los diferentes apartados ponen en evidencia que la ciencia en España se enfrenta a GRAVES problemas estructurales como son: • La falta de visión estratégica sobre la importancia del desarrollo y avance científico para la competitividad del país • Las cambiantes estrategias de los diferentes Gobiernos sobre la financiación y el valor estratégico de la ciencia • La carencia generalizada de planificación plurianual • La insuficiente financiación con cargo a los PGE • La deficiente inversión pública y privada • La falta de estabilidad laboral y escasa integración en el tejido productivo COSCE. Las deficiencias del sistema de evaluación, de acreditaciones y homologaciones según estándares internacionales • Las dificultades para adaptar las convocatorias a perfiles estratégicos o emergentes • La escasa o nula valoración de la experiencia internacional o intersectorial • La falta de financiación sostenida • La falta de apoyo a la presencia y participación activa de individuos o sociedades científicas en organismos internacionales • La carencia de incentivos a la transferencia real del conocimiento. Por ello, la comunidad científica urge a diseñar acciones en las siguientes líneas de actuación: • La investigación debe encajar dentro de una estrategia integrada de país que involucre, sincronice y coordine la actuación de los diferentes ministerios (Ciencia, Educación, Sanidad, Industria, Defensa, Transportes, Transición Ecológica...), evitando políticas sectoriales no coordinadas. • Para alcanzar la apuesta en I+D de países de nuestro entorno se precisaría acometer una reforma estructural sostenida, que potencie una significativamente mayor inversión pública y privada y optimice el desarrollo de un sistema más ágil y competitivo que permita atraer y retener talento. • La aplicación de modelos exitosos de financiación y gestión científica como los de Alemania, Países Bajos o Reino Unido, entre otros, convertiría a España en un polo científico competitivo a nivel europeo ya que mejoraría la calidad y repercusión de la ciencia que se realiza en nuestro país, aumentando el impacto económico e innovador de los resultados científicos y mejorando la productividad y la calidad de vida laboral y personal de los investigadores. • La apuesta estratégica requiere decisión política, un amplio consenso nacional, así como una visión a largo plazo por parte de los responsables tanto a nivel nacional como autonómico. Es preciso potenciar y desarrollar un PACTO DE ESTADO con estabilidad en el tiempo e independiente de los cambios políticos.