La Audiencia Nacional libera a un «narco» por vulneración de derechos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto que sacude los cimientos de una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de los últimos años. J.P.F.N, investigado en la denominada «Operación Sombra», ha sido puesto en libertad tras estimarse que se vulneraron sus derechos básicos durante la detención. Esta operación, desarrollada por la Policía Nacional en colaboración con la DEA y Europol, entre otras autoridades, supuso un despliegue masivo el pasado mes de enero. Los agentes efectuaron la detención de 105 personas que presuntamente conformaban una organización criminal que operaba desde Sudamérica hasta Europa, presuntamente responsable de introducir en Europa unos 57.000 kilos de cocaína en el último año.

Los agentes practicaron 49 registros e intervinieron 10.400 kilos de cocaína, además de 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos hexacópteros, más de 800.000 de euros, más de 150 teléfonos móviles, numeroso material de última generación que utilizaban para las comunicaciones y útiles destinados al tráfico marítimo valorado en cerca de 2.500.000 euros.

Sin embargo, la operación ha sufrido ahora un importante revés jurídico. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la inmediata puesta en libertad de uno de los investigados clave al detectar graves irregularidades procesales que afectan a sus derechos fundamentales. La defensa jurídica ha sido liderada por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, quién tras el ingreso en prisión provisional de su cliente interpuso un recurso de apelación denunciando que la detención y el posterior paso a disposición judicial no cumplieron con las garantías mínimas que exige la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el auto, notificado el pasado jueves, la Sala ha estimado parcialmente el recurso de la defensa. Aunque los cargos de narcotráfico y pertenencia a organización criminal siguen presentes en la causa, el tribunal ha sido tajante: la libertad personal es un derecho sagrado que no puede ser sacrificado por errores de protocolo policial o judicial, por lo que el presunto implicado en la trama esperará juicio en libertad.

La línea de defensa de Ospina Abogados se centró en la vulneración del derecho a la libertad y a la información del detenido. Según los argumentos presentados, se produjeron dilaciones injustificadas y una falta de transparencia en los motivos y evidencias presentadas al investigado en el momento crítico de su arresto. La Audiencia Nacional, al revisar las actuaciones, ha coincidido en que el procedimiento de detención no se ajustó a los estándares constitucionales, lo que convierte la medida de prisión provisional en una situación jurídicamente insostenible.

«Gigante con pies de barro»

La «Operación Sombra» fue presentada como un golpe definitivo a las estructuras logísticas del narcotráfico internacional en España. Con más de un centenar de detenidos, la investigación coordinada por la Audiencia Nacional buscaba desmantelar una red de blanqueo y distribución de cocaína a gran escala.

Sin embargo, la liberación de uno de los principales detenidos pone de manifiesto que no todo está escrito sobre el caso.

«No se puede luchar contra el crimen vulnerando las reglas que nos hacen una democracia», ha señalado el letrado Juan Gonzalo Ospina tras conocerse la resolución.

«La presunción de inocencia y el derecho a una detención con todas las garantías son pilares que la Audiencia Nacional ha vuelto a proteger en este auto. Estamos satisfechos de que se haya hecho justicia con los derechos de nuestro cliente».

Esta puesta en libertad no implica su exculpación definitiva, pero sí un cambio radical en su situación procesal. A partir de ahora, podrá defenderse desde la libertad, lo que supone una ventaja estratégica fundamental para afrontar un juicio que se prevé largo y complejo.

Además, este auto abre una vía para que otros investigados en la misma operación revisen sus protocolos de detención, lo que podría generar un «efecto dominó» que comprometa la solidez de la instrucción.

Los agentes constataron que la organización llegó a pagar 12.000.000 de euros a la familia de uno de los tripulantes, fallecido en un alijo, para garantizar su silencio y evitar así su vinculación con las actividades delictivas.