Amanecía un día cualquiera en el corazón de España cuando Javier, agricultor de una pequeña localidad del sureste español, abrió el aljibe de su finca y encontró, por enésima vez, que el agua no llegó. No era la primera sequía de su vida, pero sí la primera vez que la tierra parecía decir: “no queda más”. Y no era solo su aljibe. Era su acuífero, su río, su paisaje, su futuro.

Javier no es activista ni científico. Es agricultor. Y como miles de agricultores, alcaldes, técnicos municipales o responsables de infraestructuras críticas en España, empieza a comprender una verdad incómoda: el problema ya no es la sequía, sino algo mucho más profundo. Es lo que hoy el mundo empieza a comprender a escala global: el agua se está acabando de verdad.

Según un informe de Naciones Unidas publicado el pasado 20 de enero, la expresión “crisis hídrica” ya no refleja la magnitud del problema. El informe, “Global Water Bankruptcy Report 2026” introduce un concepto que cambia por completo la forma de entender el problema. El planeta ha entrado en una era de “bancarrota hídrica global”, debido a que, durante décadas, la humanidad ha utilizado más agua de la que los sistemas hidrológicos pueden renovar de forma sostenible, agotando no solo los flujos anuales (“ingresos”), sino también los “ahorros” naturales (acuíferos, glaciares, suelos, humedales y ecosistemas).

En muchos territorios, el daño es irreversible o prácticamente irreversible a escala humana, lo que significa que volver a las condiciones pasadas ya no es una opción realista. Seguir gestionando el agua como si se tratara de crisis puntuales conduce a un mayor deterioro ambiental, social y económico.

Las consecuencias están a la vista, ríos que no llegan al mar; lagos que se encogen o desaparecen; ciudades que viven al borde del “Día Cero”, como pasó en Ciudad del Cabo, Sao Paulo, Teherán, etc.; terrenos que se hunden por el vaciado de acuíferos y alimentos más caros y sequías cada vez más frecuentes.

La dimensión del problema es que 2.200 millones de personas carecen de agua potable gestionada de forma segura, 3.500 millones carecen de saneamiento seguro, 4.000 millones sufren escasez severa de agua al menos un mes al año y casi el 75 % de la población mundial vive en países con inseguridad hídrica y la agricultura, que usa la mayor parte del agua dulce (un 70%), depende cada vez más de reservas subterráneas que se están agotando.

El informe insiste en algo clave: muchas sequías ya no son solo culpa del clima. Son el resultado de decisiones humanas: sobreexplotar el agua, contaminarla, degradar suelos y prometer más agua de la que realmente existe.

La primera señal suele aparecer lejos de las ciudades. Un pozo que hay que profundizar. Un motor que consume más energía. Un cultivo que ya no sale rentable. Así ocurrió en amplias zonas rurales de Siria antes de la guerra civil. Entre 2007 y 2010, la combinación de sequía prolongada, sobreexplotación de acuíferos y mala gobernanza del agua fue identificada por múltiples estudios como factor agravante del conflicto civil. Más de un millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus campos al quedarse sin agua ni medios de subsistencia y emigraron a las ciudades, que acabaron colapsando, aumentó el desempleo y la tensión social explotó. Aquella presión social no causó por sí sola el conflicto, pero actúa como multiplicador de inestabilidad.

India y Pakistán dependen de acuíferos que se vacían a una velocidad muy superior a su recarga natural. En regiones agrícolas clave, los pozos profundizan cada año, los costes energéticos se disparan y los pequeños agricultores quedan expulsados del sistema. El agua se ha convertido en

factor de tensión política y social.

En Irán, Irak y Turquía, la sobreexplotación del Tigris y el Éufrates, combinada con presas construidas, sobre todo, en Turquía y la deficiente gobernanza, ha reducido caudales y generado tensiones entre países vecinos. La ONU alerta de que el agua se ha convertido en un factor geopolítico, tan sensible como la energía.

En Estados Unidos, el acuífero Ogallala, uno de los mayores del mundo, está gravemente agotado. En estados como Kansas o Texas, se han abandonado cientos de miles de hectáreas agrícolas. No es un país pobre ni mal gestionado: es un ejemplo de lo que ocurre cuando se ignoran los límites físicos.

Estos casos muestran un patrón claro: cuando el agua falla, fallan también la economía, la cohesión social y la gobernabilidad y, además, demuestran la cruda realidad: la bancarrota del agua afecta tanto a países pobres como a economías avanzadas.

La bancarrota hídrica no actúa sola, amplifica riesgos ya existentes, es decir, causa inestabilidad territorial: conflictos entre cuencas, sectores y comunidades autónomas; provoca presión social: aumento del precio de alimentos, pérdida de empleo rural, despoblación desordenada; genera vulnerabilidad urbana: interrupciones de suministro, dependencia de soluciones de emergencia y desencadena conflictos de baja intensidad: protestas, sabotajes, ocupaciones y tensiones locales por el acceso al agua.

El agua ya no es solo un recurso natural. Es infraestructura crítica, factor de estabilidad y variable estratégica. Si hablamos en términos de doctrina de seguridad, el agua ha dejado de ser un recurso logístico para convertirse en un vector de inestabilidad, puesto que se ha convertido en un factor limitante del desarrollo, la seguridad alimentaria, la estabilidad social, la cohesión territorial, la capacidad de respuesta ante crisis, la seguridad nacional y, en última instancia, su soberanía efectiva.

España, por su posición geográfica, su modelo productivo y su contexto climático, se encuentra en la primera línea de esta bancarrota. Y lo que está en juego no es solo el medio ambiente o la economía: está en juego la seguridad nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional de España (BOE, 2021) reconoce expresamente los efectos del cambio climático, los riesgos ambientales y la presión sobre recursos esenciales como factores que multiplican amenazas existentes. Sin embargo, el escenario descrito por la ONU obliga a ir más allá: el agua debe ser considerada infraestructura crítica y variable estratégica de primer orden.

Sin agua no funcionan hospitales, centrales energéticas, industrias ni sistemas logísticos. Sin agua no hay seguridad alimentaria ni estabilidad social. Desde una perspectiva de defensa, un país con estrés hídrico crónico reduce su margen de maniobra estratégica y su capacidad de respuesta ante crisis.

Las Fuerzas Armadas no son ajenas a este escenario. Bases y acuartelamientos en zonas semiáridas; campos de maniobras y entrenamiento; instalaciones industriales críticas vinculadas a defensa y, por supuesto, cadenas logísticas de alimentos y energía dependen de un suministro hídrico fiable. En escenarios de escasez prolongada, la competencia entre usos civiles y estratégicos introduce decisiones de carácter político y de seguridad, no técnico.

El agua, por tanto, debe integrarse plenamente en la planificación de seguridad y defensa, no como un asunto accesorio, sino como un factor central de resiliencia nacional.

No invertir en la renovación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas tiene consecuencias claras: mayores pérdidas de agua en redes obsoletas (actualmente, en torno a un 25%), mayor vulnerabilidad ante sequías extremas, dependencia de soluciones de emergencia costosas e incremento del conflicto social.

Y existe un umbral psicológico y político aún más peligroso: el día que una gran ciudad española tenga que declarar restricciones de agua que afecten a hogares, hospitales y servicios esenciales, habremos traspasado un umbral irreversible de percepción pública de seguridad. Esa es la verdadera bancarrota y supondrá la pérdida de control sobre un recurso estratégico. Ese día, la bancarrota dejará de ser técnica para convertirse en política.

España no puede contentarse con poner parches o implantar soluciones administrativas parciales. La solución exige la renovación de infraestructuras hidráulicas: modernizar redes, depuradoras, sistemas de almacenamiento (incluidas, por supuesto, las presas), gestión de sequías e inundaciones; poner en marcha estrategias de resiliencia adaptadas a la nueva realidad hídrica, no a un pasado húmedo idealizado; integrar el agua en la planificación estratégica del Estado y, por supuesto, una cooperación entre sociedad civil, sector privado, administraciones y sector militar ya que solo un enfoque conjunto podrá movilizar los recursos y la voluntad política necesarios.

La seguridad ya no se juega solo en fronteras físicas o cibernéticas. Se juega en los embalses, en los acuíferos, las redes de distribución y en las plantas de tratamiento de aguas. Renovar las infraestructuras hidráulicas, por tanto, no es sólo una cuestión ambiental, es también una inversión estratégica. España tiene conocimiento técnico, capacidad institucional y experiencia histórica en gestión del agua. Lo que falta es velocidad, coordinación y visión de seguridad nacional, justo los pilares que la Estrategia española dice querer reforzar. La resiliencia hídrica debe construirse antes de la emergencia, no durante ella.

El informe de la ONU es especialmente duro con los países desarrollados: advierte que la inacción es el mayor riesgo de todos y afirma que el agua puede convertirse en una palanca de estabilidad, cooperación y seguridad, si se actúa ahora.

La Estrategia de Seguridad Nacional es la herramienta adecuada para liderar ese cambio: anticipar riesgos, proteger a la población, reforzar la cohesión territorial y garantizar que España no sea vulnerable por algo tan básico como el agua.

El agua deja de ser un asunto técnico para convertirse en un elemento de defensa nacional ya que lo que está en juego no es solo el medio ambiente. Está en juego la seguridad de España.

Fernando Novo Lens. Experto en gestión de recursos hídricos