Jesús Díaz Sariego: “El daño causado a una víctima de abusos es difícilmente borrable”

Desde hace una década, Jesús Díaz Sariego (Riosa, 1962) es el prior de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores. Además, este dominico fue elegido en 2021 y reelegido en 2025 como presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que aglutina a los cerca de 31.000 religiosos de 311 institutos que se desgatan cada día lo mismo en colegios, hospitales, residencias, centros de acogida… Este jueves fue uno de los firmantes del acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno que abre una vía complementaria a través del Defensor del Pueblo para indemnizar a los supervivientes de la pederastia, que se suma a la comisión de expertos creada por la Iglesia en su Plan de Reparación de Víctimas de Abusos (PRIVA). Aunque el consagrado no presuma de ello, su papel ha sido clave en estos últimos años para rebajar la tensión con el Gobierno y tender puentes reales con el Defensor del Pueblo.

Tras darse a conocer el acuerdo, hay quien considera que la Iglesia se ha plegado al Gobierno. Otros dicen que Moncloa ha cedido ante la Iglesia. ¿Se trata de una batalla para ver quién gana?

Hemos dado un paso más, importante, en favor de todas las víctimas de abuso sexual en el ámbito de la Iglesia Católica. Con este paso ganan las víctimas y, si ganan las víctimas, ganamos todos. Desde la Iglesia venimos haciendo un buen trabajo, a través de la Comisión Asesora del PRIVA. El desarrollo de este compromiso sigue abierto a ser mejorado en todo aquello en lo que pueda mejorar. Hemos ido aprendiendo casi sobre la marcha. Pero lo alcanzado hasta ahora viene siendo un acierto como respuesta a la situación sufriente de muchas víctimas, aunque aún queda un camino por recorrer.

Hemos sido muy conscientes de que no todas las víctimas estaban cómodas acudiendo directamente a esta comisión por razones que comprendemos, acogemos y respetamos. Esta convicción nos reforzó en la idea de llegar a un acuerdo con el Gobierno para facilitar otra vía de acceso a la reparación integral. Lo hemos hecho en nuestra apuesta por las víctimas.El espacio del Defensor del Pueblo nos ha parecido a todas las partes el más adecuado para ello.

Hasta donde ha trascendido, el acuerdo es fruto de unas reuniones técnicas entre el Gobierno y la Iglesia que se han intensificado en este último año. ¿Cuál ha sido el papel de la Santa Sede? ¿Ha tenido que intervenir para obligar a firmar el acuerdo como se ha llegado a decir?

El acuerdo no es el resultado de un proceso improvisado. Todo lo contrario. Se han necesitado muchas horas de encuentro y diálogo a diversos niveles. Ambos presidentes, de la Conferencia Episcopal y de la Conferencia de Religiosos, hemos contado con la inestimable ayuda de otras personas. Han sido muy relevantes los encuentros de los Secretarios Generales, de la CEE y de la CONFER, con los responsables del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. A los secretarios los acompañaron otras personas muy expertas en las implicaciones que conlleva la aplicación de una Justicia Restaurativa. El ámbito jurídico y educativo también han estado muy presentes. Estos encuentros fueron muy necesarios para facilitar acuerdos previos y para identificar aquellos otros que requerían un mayor discernimiento, sin dejar de poner sobre la mesa aquellos otros donde las posturas eran más distantes. Ambos presidentes estamos muy agradecidos al trabajo de todas estas personas.

Es preciso añadir todos los contactos que hemos tenido con el Defensor del Pueblo y, en algunas ocasiones, con personas de su equipo. Estos encuentros han ayudado a centrar mejor el problema y a identificar más adecuadamente los desafíos que esta realidad ha supuesto, en concreto, para la Iglesia. Esto también ha llevado sus horas de trabajo intenso.

El papel de la Santa Sede ha sido exquisitamente respetuoso con nuestro proceso en España. No solamente nos han respetado, también nos han acompañado y animado a no desanimarnos y a reforzar en los representantes de la Iglesia española la voluntad de buscar y alcanzar un acuerdo. No hemos percibido ninguna presión por parte de la Secretaría de Estado de la Santa Sede para llegar a toda costa a un acuerdo. No es verdad, como han dicho algunos medios de comunicación, que nos hayan obligado a ello.

El acuerdo es voluntad de las partes. Esta voluntad y su desarrollo lo hemos ido forjando desde la constancia, el trabajo realizado y las convicciones morales que lo respaldan e impulsan.

El diálogo del equipo de presidencia de la CONFER con los obispos ahondó en esta voluntad de acuerdo, siendo todos conscientes de sus riesgos y de las dificultades que conlleva, máxime cuando se circunscribe solamente a los casos de abuso que hayan podido existir en el ámbito de la Iglesia Católica.

El plan contempla mecanismos de consenso ante la posibilidad de que la comisión eclesial y las víctimas difieran de la propuesta del Defensor de Pueblo. ¿Considera que estos desencuentros serán la tónica general?

Somos conscientes de las dificultades que supone cuantificar un daño cometido hace muchos años. A ello se añade la consideración de tratar casos de abusos ya prescritos, por el transcurso el transcurso del tiempo o por el fallecimiento de los agresores.

La experiencia que estamos teniendo con las víctimas que ya han acudido a la Comisión Asesora del PRIVA, nos lleva a pensar que no habrá muchas reclamaciones a la resolución final que se adopte. No obstante, somos conscientes que, desde la Unidad del Defensor del Pueblo, acudirán perfiles diferentes de víctimas, quizás con una herida más profunda por su total desconfianza hacia la Iglesia. En estos casos las reclamaciones podrán adquirir una mayor complejidad.

En la comparecencia del ministro Bolaños, sentenció que el acuerdo no incluye compromiso alguno para dar pasos en la reparación integral de las víctimas en otros ámbitos como la escuela pública, los clubs deportivos. El presidente Argüello dijo que sí se había conseguido este punto. ¿Cuál es el resultado final?

El acuerdo, como dijo el Ministro Bolaños, se circunscribe a los abusos cometidos en el pasado en el ámbito de la Iglesia Católica. Pero también es verdad que un logro del acuerdo está, como bien ha dicho el arzobispo Luis Argüello, en haber conseguido por parte del Gobierno un mayor compromiso explícito a la hora abordar la realidad de los abusos en otros ámbitos de la sociedad. El Gobierno se ha comprometido a implementar las medidas legislativas, educativas, sociales, etc., que pongan de manifiesto la realidad del abuso en otros ámbitos de la sociedad. Estas personas son igualmente víctimas y necesitan también su reparación integral, como las víctimas generadas en el seno de la Iglesia.

En la Iglesia hay quien da por cerrada la crisis de los abusos con este acuerdo. ¿Les da la razón?

Como en su día afirmó Luis Argüello, allí donde esté un ser humano la debilidad, el pecado, el delito será una realidad siempre posible. No es factible controlar todas las reacciones de las personas. No obstante, hemos de afirmar al mismo tiempo, que el compromiso moral de la Iglesia con las víctimas ha supuesto un paso importante y está favoreciendo la reducción de los casos de abusos en estos últimos años en el ámbito de la Iglesia Católica.Varios son los motivos que lo han favorecido. Baste mencionar los siguientes: la apuesta más decidida por la adecuada formación psico-afectiva; la mayor toma de conciencia en el respeto que se merecen todas las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad; el estímulo y refuerzo hacia el establecimiento de formas de relación adecuadas y maduras sin invadir la intimidad de los demás, sin manipular la conciencia y vida interior de las personas, etc.

Los futuros consagrados y consagradas, sacerdotes, catequistas, etc., como personas con una responsabilidad pública en el desempeño de sus funciones eclesiales, deberán estar mucho más atentas al respecto de las personas en toda su integridad.

Aunque siempre se habla de reparación, al final da la sensación de que es la indemnización económica es lo relevante… ¿Cómo lo ve?

Así es. Por esta razón desde la Iglesia siempre hemos sido especialmente sensibles a la justicia restaurativa en todas sus dimensiones, no solamente en lo referido a la indemnización económica. Me consta, incluso, que la justicia restaurativa, con todo el proceso de conlleva, entre la víctima y la institución a la que perteneció el agresor, ha sido una de las respuestas más acertadas por parte de la Iglesia. Hemos de agradecer, a este respecto, todo el trabajo muy bien hecho de muchos profesionales y de algunas instituciones que acogen el dolor de las víctimas.

También se ha de señalar lo siguiente: nos hemos encontrado con muchas víctimas que no reclaman ningún tipo de indemnización económica. Solamente piden que los abusos sufridos por sacerdotes y por religiosos/as durante su infancia y adolescencia sean conocidos y reconocidos. Poder hablar de esto y verse reconocidos por parte de las Instituciones eclesiales en su dolor les resulta suficiente en su proceso de reparación. En otros casos se hace necesario el apoyo psicológico a las víctimas; un apoyo que les ayude a reforzarse como personas y a recuperar, en la medida de lo posible, una mayor confianza en sí mismos y en sus posibilidades.

La indemnización económica para muchas víctimas no es lo más relevante. Es más, algunas de ellas incluso renuncian a poner en sus exigencias reparadoras dicha demanda. No obstante, se comprende que para muchas víctimas la indemnización económica sea un gesto objetivo, externo, de reconocimiento y reparación, aunque nada compense ya el daño causado.

¿Realmente se puede reparar el dolor causado a una víctima o es irreparable el daño causado en materia psicológica y espiritual?

Por los datos que tenemos, el daño causado a una víctima durante la infancia deja una huella en el interior de ella misma difícilmente borrable. La herida se reproduce en sus efectos. Estos hechos condenables, máxime cuando se trate de un sacerdote y/o religioso a la que se le supone una coherencia moral mayor por lo que representa, destruyen a la persona en su proceso de crecimiento y maduración. Afecta no solamente a su maduración psico-afectiva, también a su maduración religiosa y experiencia de fe. El dolor cometido no es reparable en toda su totalidad. La huella de lo sufrido acompañará a la persona siempre.

Sé que como provincial de los dominicos ha tenido la oportunidad de escuchar y ver de primera mano el dolor de las víctimas. ¿Qué es lo que más le ha impactado de sus testimonios?

Lo que más me ha impactado de sus testimonios es haber visto su confianza traicionada. Haber descubierto que aquellas personas que eran referentes por su estilo de vida habitual, por su discurso, por sus consideraciones éticas y morales a la hora de ofrecer a los demás el camino del Evangelio, son las primeras en traicionar sus propios planteamientos de vida y predicación. También la distorsión religiosa que todo esto produce en su conciencia. En este sentido los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia tienen un componente añadido, como lo es la dimensión religiosa y sagrada, canalizada en los agresores de forma distorsionada a través del ministerio, incluso de los sacramentos. El daño producido en las personas es aún mayor. Finalmente quisiera destacar la impotencia a la que se ven sometidas a la hora de poder expresar con libertad el infierno vivido y oculto en su interior durante muchos años. Esto las ha llevado, en muchos casos, a vivir incluso un sentimiento de culpabilidad difícilmente superable.