Mónica García atribuye ahora la huelga médica a "motivaciones políticas"

Las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, asegurando que la huelga de médicos se mantiene por "motivaciones políticas" ajenas a las reivindicaciones profesionales, en el primer día de la segunda semana de huelga médica de 2026, han avivado el conflicto y desatado la indignación de los sindicatos. La postura de la ministra incurre en una "flagrante contradicción", especialmente teniendo en cuenta que García, durante su etapa de líder de la oposición madrileña, defendió y respaldó movilizaciones similares. De hecho, la ministra de la pancarta lideró 22 días de huelga médica en Madrid en 2012 y apoyó 4 meses de paros médicos contra la Comunidad en 2023.

Durante un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes, la ministra ha vuelto a insistir en su argumento de que las principales demandas del colectivo médico "ya están recogidas" en la reforma del Estatuto Marco que ha prefirmado con los sindicatos del Ámbito, y que, por tanto, el mantenimiento de la huelga obedece a intereses políticos: "Igual algunas de las motivaciones tienen que ver con motivaciones políticas más que con representar a los profesionales sanitarios", ha declarado.

Sus palabras han sido interpretadas por sindicatos y profesionales como un intento de deslegitimar las protestas al cuestionar su origen y finalidad. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), su presidente, Miguel Lázaro, recordó en una entrevista publicada hoy que "la huelga no se dirige contra el Estatuto Marco ni contra el Ministerio, sino que responde a un malestar que se ha acumulado en todas las comunidades autónomas, independientemente del color político". García citó precisamente esa entrevista para tergiversar las palabras de Lázaro y sostener sus argumentos.

El discurso hipócrita de la ministra es tan poco prudente como desesperado, teniendo en cuenta que, en vez de ir de frente y reunirse con el Comité de Huelga, lo hizo con el Foro de la Porfesión Médica (FPME), una institución sin personalidad jurídica que no tiene la competencia para negociar las condiciones de la profesión ni parar la huelga.

Mientras ella asegura que muchas de las reclamaciones "ya están plasmadas en los documentos" y que "solo falta que las comunidades autónomas las ejecuten", los sindicatos sostienen que esa afirmación no refleja la realidad de los centros de salud y hospitales. Además, acusan a García de “minimizar” los problemas estructurales, como la sobrecarga asistencial, la falta de sustituciones, la precariedad contractual y los déficits en la planificación sanitaria.