Sanidad encara 2026 entre protestas y crispación

El Ministerio de Sanidad encara el nuevo año sumido en un clima de incertidumbre, bloqueo y creciente conflictividad. Y es que, a las demandas históricas del sector (como la reducción de las listas de espera o la demora y la inequidad en el acceso a tratamientos innovadores) se suman varias reformas clave que profesionales y pacientes coinciden en señalar que se encuentran «empantanadas».

Uno de los frentes abiertos que más se ha recrudecido en los últimos meses es el que mantiene con los médicos por el borrador del nuevo Estatuto Marco. Estos han ido elevando el tono debido a la terquedad de Mónica García, ministra de Sanidad, al considerar que el texto no solo no corrige los problemas estructurales de la profesión, sino que ampara un modelo de precariedad, sobrecarga y pérdida de atractivo del ejercicio médico dentro del Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos denuncian que el texto no reconoce la singularidad de la responsabilidad clínica, mantiene jornadas excesivas y un sistema de guardias que sigue sin computar adecuadamente como tiempo de trabajo efectivo, no ofrece soluciones reales al déficit de profesionales ni incentivos suficientes para cubrir plazas de difícil cobertura, y deja sin resolver la precariedad contractual.

«Era el proyecto estrella de la ministra, pero se ha estrellado», comenta Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Pedrera subraya que el déficit de médicos es el principal problema estructural del Sistema Nacional de Salud y acusa al Ministerio de perpetuarlo con su propuesta de texto. «Si el Ministerio se empeña en mantener la sanidad pública a costa de los médicos se va a quedar sin sanidad pública», sentencia.

El portavoz de la CESM explica que la relación con el departamento que dirige Mónica García se encuentra en un punto de confrontación total y abierta, y aplaude que en las últimas semanas se hayan sumado a las protestas organizaciones sindicales de Andalucía, Cataluña y otras comunidades autónomas. «García ha conseguido algo inédito e histórico: unir a toda la profesión médica en un grito contra ella», afirma. Y amenaza con establecer un calendario de movilizaciones y de huelgas, incluso con convocatorias indefinidas. «Soy escéptico a que la ministra dé su brazo a torcer, pero no se da cuenta de que la situación se va a terminar enquistando y provocará que el problema de la falta de médicos en la sanidad pública se agrave», advierte.

Los pacientes, insatisfechos

En paralelo al malestar de los médicos, crece también el descontento de los pacientes. Las organizaciones que los representan observan con desilusión cómo otra de las grandes promesas normativas de Mónica García, la Ley de Organizaciones de Pacientes, se queda en el limbo. Y es que, pese a que el propio Ministerio ha reiterado su voluntad de reforzar la voz del paciente en la toma de decisiones, el anteproyecto sigue sin concretar muchos aspectos, como el papel que tendrán las asociaciones en los órganos de decisión, y el modo en que se garantizará su independencia.

«Estamos impacientes porque esta ley constituye una deuda histórica con nosotros. Queremos el reconocimiento jurídico que nos corresponde», comenta Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, que representa a más de 80 organizaciones de pacientes. Y es que, aún no tienen reconocida su capacidad de influir en políticas clave como, por ejemplo, la evaluación de las tecnologías sanitarias, la financiación de medicamentos, la definición de carteras de servicios o el diseño de estrategias nacionales.

Lorenzo se muestra muy poco optimista ante la posibilidad de que la norma vea avances reales a lo largo de 2026. A su juicio, el clima político, la acumulación de frentes abiertos en el Ministerio y la falta de una hoja de ruta clara hacen prever que la ley continúe estancada, prolongando una situación que las asociaciones califican de «injusta y anacrónica». «Creo que hay 32 anteproyectos y leyes pendientes de aprobar, por lo que veo complicado que nuestra ley avance. Además, pese a que se ve con buenos ojos entre el resto de grupos políticos, el ambiente es muy malo», lamenta. Y concluye: «Mientras la ley no llegue, los pacientes seguimos siendo invitados de piedra en un sistema que decide sobre nosotros sin nosotros».

Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios

En este escenario de tensión e inestabilidad política, Sanidad también pretende sacar adelante normas de alto voltaje político, como la reforma de la Ley antitabaco o la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado abril. Sin embargo, este texto recibió cerca de 400 alegaciones en su fase de audiencia pública y Sanidad confirmó cambios para mejorar las partes que generaban «conflicto».

En lo que respecta a esta norma, la expectación de las enfermeras es máxima. El Consejo General de Enfermería (CGE) comienza 2026 insistiendo en que reconozca al colectivo que representa como profesionales con capacidad de prescripción plena dentro de su ámbito de competencias. La institución reclama «poner a la Enfermería en el lugar que le corresponde tanto a través de la Ley del Medicamento, como a través de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que está actualmente obsoleta».

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha exigido que 2026 sea «el año del cambio». Y solicita: «La Ley del Medicamento debe ser reformada para que enfermeras queden definidas como profesionales con capacidad prescriptora plena dentro de su ámbito de competencias y conocimiento, igual que los médicos, odontólogos y podólogos. El Real Decreto 954/2015 –luego modificado en el RD 1302/2018- ya regula la prescripción enfermera y es el momento de que lo recoja una de las leyes más importantes en materia sanitaria para adaptarse a la realidad asistencial actual».

También ha expuesto que, en la actualidad, existe un «grave problema estructural» debido a la escasez de enfermeras. Según indica, faltan más de 100.000 enfermeras en España para llegar a la media europea. «Las administraciones hacen como que no ven la realidad y esta situación pone en grave riesgo al SNS», agrega.

El desastre de la Sanidad de Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla, territorios cuya asistencia sanitaria depende directamente del Ministerio de Sanidad, encaran 2026 como otras dos asignaturas pendientes de Sanidad. Declaradas zonas de difícil cobertura, siguen arrastrando déficits estructurales que, lejos de corregirse, se han agravado.

En Ceuta, el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta, denuncia que servicios esenciales como la psiquiatría han llegado a quedarse sin profesionales, con la planta hospitalaria cerrada y la derivación sistemática de pacientes a hospitales de la península o a centros privados de Andalucía. «En lugar de reforzar la red pública, el Ministerio ha optado por externalizar este servicio, ha renunciado a garantizar una sanidad pública digna», denuncia.

A esta situación se suma la falta de transparencia sobre el destino de casi trece millones de euros comprometidos para recursos humanos, cuyo plazo vence sin que se hayan aplicado medidas estructurales efectivas.

Sanidad "acumula promesas"

Junto a la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, están pendientes el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Según médicos, enfermeras y pacientes la postura de Sanidad alimenta la sensación de parálisis, falta de liderazgo y pérdida de credibilidad institucional de un Ministerio que acumula promesas, pero sigue resolver a los problemas que arrastra año tras año el SNS. Es el caso de la Atención Primaria, donde las reivindicaciones estructurales continúan sin materializarse. Los profesionales reclaman un refuerzo real y sostenido de las plantillas, una desburocratización efectiva e incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura. «Atención Primaria es, hoy por hoy, el vertedero del sistema sanitario», lamenta Pedrera.