La aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado martes del Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal ha suscitado muchas críticas. No por el hecho de que se atienda a todas las personas que viven en nuestro país, independientemente de su situación administrativa,- algo que, de hecho ya se hace- sino porque la flexibilización de los requisitos exigidos para obtener el derecho, a iniciativa del Ministerio de Sanidad de Mónica García y el de Seguridad Social, abre la puerta a posibles ilegalidades que suponen una amenaza para la ya frágil sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según la información difundida por Sanidad, el nuevo RD "simplifica los trámites necesarios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se realizará mediante una declaración responsable". Con este documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. Desde que presenten esta solicitud, se les entregará un documento provisional con el que tendrán acceso a la asistencia sanitaria pública de forma inmediata en todas las comunidades autónomas.

Esto significa, en la práctica, que frente el requisito de que el único documento válido para justificar el tiempo de residencia de más de tres meses fuera el certificado de empadronamiento, ahora este pasa a ser el "documento preferente", y sería suficiente con `presentar una "declaración jurada" junto con otros medios de prueba, como certificados de escolarización o matriculación en centros públicos; informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas; facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet. Además, se establece por norma que el sistema primero presta la asistencia y la administración comprueba, posteriormente, -en tres meses- si se cumplen los requisitos. Y si no resuelve en tres meses, el silencio administrativo será positivo para el solicitante. Es decir, primero damos, y después comprobamos.

Los riesgos son obvios y evidentes. El primero es que esta "flexibilización" facilite el denominado turismo sanitario por parte de personas procedentes de países donde millones de ciudadanos carecen de cobertura sanitaria (como Estados Unidos) o donde la asistencia sanitaria es extremadamente cara. El segundo es que, una vez prestada, sea casi imposible recuperar el valor de la asistencia sanitaria ofrecida en aquellos casos a los que no les correspondiera por no cumplir los requisitos.

Pues bien, preguntado por Ep sobre la posibilidad de que se cometan abusos como que empresas extranjeras o españolas se puedan aprovechar del nuevo Real Decreto vendiendo paquetes turísticos sanitarios a extranjeros- con vuelo, acceso al SNS y hotel-, o se fomente en el 'turismo sanitario", el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido que hoy el Gobierno "no puede garantizar" que existan empresas que "intenten engañar y estafar a población extranjera enferma". Aunque, a su juicio, "la solicitud de requisitos impide el establecimiento de este tipo de paquetes turísticos".

Entre las alegaciones presentadas por el Partido Popular a la medida destacan que el Gobierno no ha acompañado la norma de un análisis del impacto económico que puede tener en la maltrecha sostenibilidad del SNS, y, lo que es más grave aún, del impacto asistencial en el aumento de las listas de espera. Lo cual es lógico si se tiene en cuenta que Sanidad ha reconocido que no sabe siquiera un número aproximado de personas qué podría solicitar la asistencia sanitaria gratuita, si es que este RD llega a aprobarse.

Para explicarlo, Padilla ha lanzado uno de sus habituales dardos: "es complicado estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso en aquellas CCAA que lo estaban dificultando de manera sistemática"; para después señalar que "después del proceso de regularización cuyo desarrollo tiene en marcha el Gobierno de España podremos estimar cuántas personas en situación irregular quedarían sujetas a este real decreto".