Los okupas e inquiokupas siguen campando sin freno por las casas españolas. El PP intenta aprovechar la tramitación en el Congreso de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para introducir un cambio normativo que permita a los ayuntamientos dar de baja las inscripciones en el padrón municipal de los okupas ilegales, pero la realidad es que los casos siguen sucediéndose y los okupas son prácticamente impunes. Los desalojos tardan en llegar y apenas tienen consecuencias para los culpables.

Muchas veces se alega que los okupas son vulnerables y los dueños grandes inmobiliarias o fondos buitre, cuando la realidad, a veces, es todo lo contrario. Se intenta hacer negocio con la okupación pese a que el propietario pueda ser un trabajador que ha ahorrado toda su vida para comprar esa vivienda. Uno de esos casos es el de Martín Adolfo Angoleán, un argentino que se mudó a España y compró con sus ahorros una vivienda en la calle Cerrajeros de Estremera, Madrid, que ahora se ha convertido en una auténtica pesadilla. Explica su caso a LA RAZÓN.

Sin vivienda y sin ahorros

Martín confiesa sufrir una okupación desde hace 15 meses y narra como comenzó todo: "Hemos venido de Argentina con mi familia y hemos comprado con todos nuestros ahorros esa casa". La familia empleó todos sus medios en esa vivienda: "Tras varios meses de estar arreglándola, de comprar muebles, arreglarla, pintarla y ponerla en condiciones, la hemos alquilado". El motivo del alquiler es por trabajo ya que le pillaba demasiado lejos de su puesto.

Todo parecía normal: "El inquilino estuvo allí durante unos tres meses hasta que finalmente abandonó la vivienda". Todo parecía normal, pero dejó un "regalo" con su adiós: "Dejándonos a un señor viviendo allí adentro". Esta estrategia es habitual entre los inquiokupas. Para que no sea una okupación directa y así poder alargar el proceso de desalojo, alquilan durante unos meses para tener un contrato donde agarrarse.

Un alquiler convertido en pesadilla

La situación para Martín y su familia es dramática ya que tiene que afrontar todos los gastos de una vivienda que ni disfruta ni obtiene rédito económico por ella: "Hoy por hoy estoy pagando la hipoteca, los seguros, el IBI, los impuestos de la casa y haciéndome cargo absolutamente de todo lo que corresponde a esa vivienda". Lamenta tener que afrontar todos estos gastos: "Pagando alquiler y teniendo que afrontar gastos de abogado, procurador y todo lo que conlleve llevar un juicio de forma particular".

Ha tenido que deshacerse parte de su patrimonio: "Inclusive hemos tenido que vender nuestro coche familiar para poderle hacer frente a todos los gastos". Incluso tiene que trabajar más de la cuenta para poder afrontar los gastos: "Como si todo esto fuera poco, he tenido que tomar un trabajo 'part-time', aparte del que tengo, para poder hacer frente a los gastos de todo". Ahora sí podría vivir allí: "Estoy alquilando un piso en Madrid porque en primera instancia no tenía trabajo remoto, que ahora sí, por lo tanto no tengo ninguna necesidad de estar alquilando un piso en Madrid con lo caro que es teniendo una casa en Estremera."

Entre el dolor y la indignación

Siente un dolor enorme: "Imagínese la indignación de la situación al ver tu proyecto derrumbado, hemos sentido el desamparo por parte de la justicia y del estado que en ningún momento ha velado por nosotros, los que pagamos, los que trabajamos en definitiva los que aportamos". No entiende la situación: "Tengo que hacerme cargo de todo esto como si yo fuera una entidad social. Este señor vive allí, lo más campante, sin ningún derecho".

Martín se mostró completamente abatido: "Parece el mundo al revés, estar exigiendo lo lógico y que se nos lo niegue o lo que es peor aún entrar en un proceso totalmente absurdo con los costos que significan asumir el mismo". Lo peor es que no ve final a este infierno: "Y quién sabe lo que me falta aún".

El Congreso dicta sentencia

La situación es grave y todavía puede empeorar porque este jueves el Congreso de los Diputados votará de nuevo el decreto social que incluye la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. "Nos encontramos ante una situación que ha sobrepasado cualquier límite de la lógica legislativa: este decreto vuelve a renovarse por séptimo año consecutivo, una cifra que despoja a la medida de toda excepcionalidad y temporalidad", denuncia el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación, Ricardo Bravo.

Junts ha anunciado que votará no al decreto social del Gobierno: "Si quisiera impulsar un escudo social solo bastaba con separarlo de las okupaciones. ¿Por qué no lo ha hecho?", aludía Miriam Nogueras. El resultado final sigue en el aire, pero Ricardo Bravo insiste: "No estamos ante un simple descuido administrativo, sino ante un abandono consciente; la protección social debe ser financiada por el Estado y no mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas de los particulares, quienes no tienen por qué ejercer de servicios sociales".