«En España hay una obsesión enfermiza con el fraude fiscal»

«La dirección de los esfuerzos de la AEAT debería reconducirse radicalmente»

En España se está luchando contra el fraude de una forma obsesiva y, por ello, la batalla no resulta efectiva. Al menos, en opinión de Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la AEAT y socio director de Ruiz-Jarabo Asociados, quien también piensa que la reducción del fraude requiere atacar las causas que lo provocan, por lo que «deberían bajarse los impuestos, utilizar mejor los recursos obtenidos por el sistema tributario –el despilfarro del gasto público y la corrupción facilitan la autojustificación del incumplidor–, aumentar la complicidad social con la gestión y erradicar la obsesión antifraude enquistada en los dirigentes de la Administración Tributaria».

– En España, la pérdida de recaudación por fraude fiscal podría rondar los 26.000 millones de euros. ¿Qué es lo que falla?

– En realidad, en España hay una obsesión enfermiza con el fraude fiscal, lo que no sucede en los países de nuestro entorno, donde se entiende que es algo natural e inevitable. Siempre que se dictan normas, sean de la naturaleza que sean, surgen infracciones a las mismas. Y no por ello puede afirmarse que algo falla.

– ¿Obsesión?

– Hay círculos de interesados que utilizan el fraude fiscal como un mantra para engañar a la sociedad. Los que padecen de «fiscofilia» lo utilizan para convencer al ciudadano de la posibilidad de aumentar la presión fiscal sin que le afecte a él. Y los encargados de vigilar el cumplimiento fiscal, para reclamar al Estado más medios materiales y, por supuesto, un aumento de sus retribuciones.

– ¿Cómo se está luchando contra el fraude en España?

– De una forma obsesiva, que es la manera más irracional de abordar la consecución de un objetivo. Así, las medidas antifraude que se adoptan suelen resultar poco efectivas, pero se cobran muchas víctimas en forma de daños colaterales. Valga como ejemplo la auténtica aberración jurídica, económica y lógica que supone la declaración de bienes y derechos en el exterior, conocida popularmente por el código identificativo del modelo con el que ha de cumplirse (720).

– ¿Hasta qué niveles podría reducirse el agujero en la recaudación que origina el fraude?

– Las estimaciones cuantitativas del fraude son eso, meras estimaciones. Y, con toda probabilidad, carentes de demasiada fiabilidad. Solo cabe hablar de tendencias.

– Algunos expertos lamentan que España sea uno de los países de la UE que menos recursos económicos destina a esta lucha...

– Niego la mayor. La Agencia Tributaria es la organización administrativa española que, con mucha diferencia, dispone de más y mejores medios materiales (oficinas, equipos informáticos, recursos presupuestario...). Sus funcionarios, sobre todo los encargados de vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, son los mejores pagados por parte de nuestra Administración pública.

– ¿Cuenta la Agencia Tributaria con el número suficiente de efectivos para luchar contra el fraude?

– Los de la «fiscofilia» dicen que no, pero hacen trampa con los números. Cuando realizan comparaciones internacionales, se olvidan de sumar a los funcionarios de las administraciones tributarias autonómicas. Estamos tan vigilados o más que cualquier otro europeo.

– Los mismos expertos señalan que el reparto de funcionarios para investigar el fraude es desigual, pues para controlar a los asalariados, autónomos y pymes trabaja el 80% de la Agencia, mientras que el resto se dedica a investigar a las grandes fortunas, patrimonios y empresas multinacionales, quienes cometen el 72% del fraude y la elusión...

– Ciertamente, la dirección de los esfuerzos de la AEAT debería reconducirse radicalmente. Tendría que volcarse en facilitar a los contribuyentes su cumplimiento voluntario. En los últimos años la Agencia Tributaria ha endurecido y limitado al máximo la concesión de aplazamientos de pago. Parece que apuesta por la muerte económica de sus deudores, lo que hará imposible el cobro de lo que le deben.