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Hacienda deriva a una fundación el control del objetivo de déficit

Argumenta que carece de personal propio para los trabajos que requiere la normativa

  • La consejera de Hacienda, junto a parte de su equipo, en el Parlamento de Andalucía
    La consejera de Hacienda, junto a parte de su equipo, en el Parlamento de Andalucía
F. Martí.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

17 de mayo de 2017. 21:45h

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Cumplir la normativa que exige la ley de estabilidad presupuestaria sale caro, al menos para la Junta de Andalucía. Y no por los supuestos recortes a los que obliga, ya que al fin y al cabo la normativa nace en el seno de la Unión Europea para garantizar que el exceso de endeudamiento no lastre las arcas públicas. La Consejería de Hacienda y Administración Pública no tiene personal suficiente para desarrollar los trabajos y la documentación que exige la nueva política de control de gasto público acordada por el Gobierno central y las comunidades autónomas. Así lo admite el departamento de María Jesús Montero en contestación a una pregunta parlamentaria relativa a la «justificación cualitativa y cuantitativa para la dotación de 900.000 euros en el subconcepto 227.06, vinculado al Programa 61L en el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2017».

La respuesta de Hacienda es que este dinero incluye dos encomiendas de gestión a la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía. Los motivos: «Como consecuencia de la profunda revisión del marco jurídico relativo a la supervisión multilateral y del procedimiento de déficit excesivo abierto en 2009 a España, los requisitos para las administraciones públicas españolas, tanto en la definición de la política fiscal, como en la supervisión y rendición de cuentas, se han multiplicado». Como no existen suficientes recursos humanos y «el ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría General de Hacienda se ha visto afectado por la nueva normativa, incrementándose de forma significativa las necesidades de obtener y de proporcionar información, tanto con la Administración central como en el ámbito interno de la Junta de Andalucía y, en particular, con la Intervención General» se ha buscado externalizar esas tareas.

«Las obligaciones impuestas a la comunidad autónoma en el marco regulador, así como el diseño e implantación del nuevo sistema de información económico-financiera, implican para la Secretaría General de Hacienda y sus direcciones generales dependientes orgánicamente un ingente volumen adicional de trabajo sometido, además, al cumplimiento de estrictos plazos legales. En especial, el área de Presupuestos ha visto incrementarse notablemente su actividad como consecuencia de las obligaciones establecidas por la normativa de estabilidad, en particular la elaboración de marcos presupuestarios plurianuales, los requerimientos de información previstos en la Ley Orgánica 2/2017 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como los surgidos a raíz de la participación de Andalucía en los mecanismos adicionales de financiación», prosigue la respuesta.

Dice la consejera que «la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía cuenta con los medios personales y técnicos adecuados para la realización de análisis y estudios necesarios para responder a estas nuevas exigencias de información, medios de los que no dispone de manera inmediata la Secretaría General».

Hay que reseñar que, según consta en la página web de la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, sus fundadores son la Junta de Andalucía, a través de la actual Consejería de Hacienda y Administración Pública, y las universidades andaluzas de Córdoba, Málaga, Sevilla y Huelva, «para crear una organización de naturaleza fundacional, es decir, sin ánimo de lucro, y con la finalidad de destinar su patrimonio a la realización de actividades de interés común relativas al régimen económico-financiero del sector público en general, y relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en especial». Este ente público «tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de las entidades que integran su Patronato, pudiendo éstas conferirle encomiendas para la realización de actividades propias de su objeto social».

La Junta justifica su decisión con un reproche al Gobierno central. La Administración «no cuenta con los medios personales y técnicos adecuados para la realización de análisis y estudios necesarios para responder a estas nuevas exigencias de información» –que sí tiene esa fundación–, «máxime cuando en los últimos años se ha impuesto una drástica limitación a la oferta de empleo público».

No es lo único que Hacienda encarga a este ente público. Hay una segunda encomienda de gestión para el «análisis, estudio y acciones de difusión en materia de presupuesto y género». Aquí no se trata de una imposición del Gobierno, porque como admite en su respuesta, «desde la aprobación de la Ley 18/2003, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2004, es obligatorio emitir un informe de evaluación del impacto de género del contenido de todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, así como un informe de evaluación sobre el anteproyecto de ley de presupuesto, la preparación de anteproyectos con perspectiva de género y la realización de auditorías de género en las consejerías y entidades de la Junta de Andalucía».

El crédito previsto para las encomiendas de gestión citadas es de 867.152 euros. El resto de lo presupuestado –los mencionados 900.000 euros– «se destina a la realización de actividades cuyo objeto cumpla las finalidades del programa presupuestario 61L».

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