Suspendido el contrato de apoyo a la educación especial en Sevilla

Díaz se encuentra con otra impugnación el día que reaparece con su ley de atención a discapacitados

Fin de las vacaciones. Después de varias semanas de «cierre», la Junta se reactiva. La reunión de hoy del Consejo de Gobierno de Susana Díaz así lo estipula. La presidenta, que pondrá sobre la mesa la aprobación del anteproyecto de ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, trata de adelantarse a los pasos ya avanzados por la oposición, que en bloque se ha sumado al proyecto de ley de inclusión educativa propuesto por la Plataforma de Atención Temprana. El Gobierno andaluz pretende actualizar una ley de 1999 que afecta a un colectivo de 700.000 personas en Andalucía. Un golpe de efecto en el inicio del curso que sin embargo se puede ver empañado porque precisamente ayer se comunicó la «suspensión» del procedimiento de adjudicación del servicio de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico en los centros públicos de toda Sevilla por la reclamación de una empresa, Factudata XXI SL, que alegó contra el pleigo de cláusulas administrativas particulares. Y el curso escolar, a la vuelta de la esquina.

En una resolución el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta adopta la suspensión como medida provisional, solicitada por la empresa Factudata XXI, aunque sin afectar por ahora al plazo de presentación de ofertas, al entender que se han podido producir «infracciones de procedimiento» que pueden causar «perjuicios» a los interesados en un contrato con un valor estimado de 3,8 millones de euros. La empresa seleccionada ha de «llevar a cabo en base a las necesidades personalizadas del alumnado un programa de apoyo y asistencia del citado alumnado discapacitado con necesidades educativas de apoyo específico, mediante la utilización de todos los medios materiales y personales» de los que disponga. Este programa «de atención personalizada se desarrolla a través de la atención de una persona con formación específica en integración social y atención a discapacitados psíquicos, sensoriales, físicos o con otras necesidades educativas de apoyo específico adecuadas a las características del alumnado». Iniciar el curso con esta deficiencia puede acarrear un serio contratiempo... también político.