Rajoy trabaja ya sobre un adelanto electoral en Cataluña

El Gobierno ya ha terminado de estudiar el documento con 23 propuestas que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, llevó a la última reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa, antes de las vacaciones de verano.

Moncloa y los ministerios afectados han analizado las exigencias del líder nacionalista. «Son viejas reivindicaciones, poco viables en general, y que en su mayoría han sido planteadas ya en la comisión bilateral Generalitat-Estado, que ni siquiera llegó a reunirse en el último intento que activamos a finales de noviembre del año pasado por la falta de acuerdo sobre las demandas soberanistas», anticipan fuentes del Gobierno. La decisión del Ejecutivo es dejar a un lado este documento hasta después del próximo 9 de noviembre, fecha marcada en el calendario para la convocatoria de la consulta soberanista. Alegan que no deben entrar «en el juego» de Mas en un contexto en el que desde la Generalitat se tensionará al máximo la cuerda con el Gobierno central por el referéndum de autodeterminación.

Sin concesiones

No habrá ningún movimiento, ni siquiera en infraestructuras, que pueda ser interpretado como una «cesión» ante Mas para que no siga adelante con su consulta. Desde el Gobierno recuerdan que la Generalitat ya está recibiendo aportaciones económicas «extraordinarias» para evitar su quiebra y que el principio de solidaridad e igualdad interterritorial exige que «quien amenaza con saltarse la Ley no reciba premios frente a las demás comunidades autónomas».

La agenda de los populares prevé que el Parlamento catalán apruebe la nueva Ley de Consultas, el paraguas en el que Artur Mas quiere amparar el referéndum, justo después del Debate de Política General, convocado los próximos días 15, 16 y 17 de septiembre. El Pleno para aprobar esta ley podría celebrarse el 18 o el 19, y el Gobierno sospecha que el presidente de la Generalitat podría convocar la consulta el mismo viernes 19. Ante este escenario, desde el Ejecutivo alegan también este inminente calendario para explicar el motivo por el que entienden que ya no hay margen para hacer «gestos» con la Generalitat asumiendo alguna de las citadas 23 exigencias que Mas le entregó a Rajoy. Advierten, asimismo, de que tampoco es momento de «hacer nada para salvar políticamente a Mas». Ese tiempo «se pasó» y la sensación que trasladan desde el Gobierno de Rajoy es que ya sólo están a la espera de ver cómo y cuándo se certifica la caída del líder de CiU. De hecho, en el Partido Popular trabajan muy en serio sobre la hipótesis de que haya un adelanto electoral en Cataluña. Adelanto que hasta hace unos meses, sin embargo, descartaban oficiosamente porque primaba el análisis de que ni a CiU ni a ERC les convenía. A los primeros, por el «desgaste» de la gestión de estos años y de la campaña soberanista; y a ERC porque entendían en el PP que los republicanos preferían reforzarse aún más en las elecciones municipales del próximo año antes de hacerse con el control de una comunidad en una situación financiera «imposible». Pero el «caso Pujol» ha hecho volar por los aires todas estas previsiones y ahora la balanza se inclina más hacia el lado del adelanto. «Lo que se sabe y lo que está por saberse sobre los Pujol y sobre otros puede hacer que Artur Mas llegue a la conclusión de que por muy desgastado que está, cuanto más espere será peor para sus intereses políticos y personales», sostiene un alto cargo del Gobierno.

Desde el entorno de Rajoy defienden que es el momento de hacer política porque la Ley se cumplirá en toda su extensión y de manera inmediata. Quienes dentro del Gobierno están más encima del problema catalán coinciden en descartar que Mas saque las urnas a la calle enfrentándose a la decisión del Constitucional, pero tampoco le ven dando pasos atrás. «Tendrá que hacer política desde el laberinto sin salida en el que se ha metido», concluye uno de los asesores del presidente en el tema catalán.