Carmena plantea alojar a los internos del CIE de Aluche en pisos municipales

La alcaldesa exigirá a Interior el cierre del centro por «vulnerar los derechos humanos».

El Ayuntamiento de Madrid redobló ayer su presión sobre el Ministerio del Interior para que cierre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Carabanchel. Junto a tres miembros de su Gobierno, la alcaldesa, Manuela Carmena, presentó un dossier con medidas concretas que, dentro de las competencias municipales, buscan evitar que personas en situación irregular ingresen en este complejo. Carmena insistió en la necesidad de cerrar estos centros y, con este objetivo, trasladará al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, las conclusiones del documento elaborado por el consistorio, instituciones como el Colegio de Abogados y organizaciones no gubernamentales: «Una política eficaz de derechos humanos tiene que demostrar que no hay un sufrimiento absurdo; sabemos que a veces esta barreras hacen que no se identifique a una persona con una identidad, una mirada».

Las propuestas concretas del consistorio pasan en buena medida por las indicaciones que Carmena ya propuso el pasado mes de noviembre tras la visita que efectuó al CIE. Ayer, en la presentación del dossier, recordó precisamente las tres horas que compartió junto a los internos del centro: «A partir de ese momento vimos una situación que creíamos que no tenía sentido, que no era propia de una ciudad como Madrid, y nos pusimos a trabajar. No era aceptable aquella situación. Éramos conscientes de que, en este caso, como en otros de vulneración, se producen por esa burocratización irreflexiva e inaceptable que puede llevarse a cabo en muchas ocasiones», aseguró la ex jueza.

Las iniciativas planteadas por el Ayuntamiento afectan tanto al momento anterior al internamiento como a las semanas en las que las personas permanezcan en su interior así como a la etapa que se abre tras su salida. Entre las soluciones esbozadas en este documento, destaca la posibilidad de «ofrecer los recursos necesarios (alojamiento y alimentación) para que los jueces puedan evitar el internamiento del ciudadano extranjero en el CIE de Madrid, y en su lugar acuerden, cuando proceda, que dicha persona pase a residir en una vivienda». Entre las medidas previstas para antes del internamiento destacan también la de dotar de trabajadores sociales al Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al Detenido y su Familia (Sajiad) para que elaboren informes de arraigo en los juzgados así como el establecimiento de protocolos orientados a personas transexuales, víctimas de trata y de violencia de género, enfermos de cáncer y de SIDA además de otros para garantizar la libertad religiosa de los internos. Entre las propuestas que conciernen al momento en el que las personas en situación irregular ya están dentro del CIE, Carmena plantea que puedan tener acceso a asitencia social y cultural, también sanitaria por parte de Madrid Salud y el Samur –algo que ya se realiza en la actualidad– y a que sean objeto de seguimiento por parte de trabajadores sociales y letrados. El Ayuntamiento también considera relevante que se instale un buzón para que las personas internadas puedan depositar peticiones al Ayuntamiento. Para cuando abandonen el CIE, la Junta de Distrito de Carabanchel se compromete a tener preparados los recursos precisos para su asistencia.