Levantamientos de cadáveres, realización de autopsias médico-legales, asistencia a víctimas de agresión sexual, informes de imputabilidad en homicidios, valoraciones de presunta responsabilidad profesional... el trabajo de un médico forense es muy delicado y requiere de una pericia que, en muchas ocasiones, no está lo suficientemente entrenada. Un tercio de los forenses que trabajan en los Institutos de Medicina Legal son interinos a los que no se les exige tener la especialidad médica para ejercer «y nos encontramos ante situaciones en las que compañeros sin ninguna experiencia deben peritar sobre asuntos muy complejos», advierte el jefe de servicio de Medicina Clínica del Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén, Ángel Hernández Gil.

La Medicina Legal y Forense no se reguló como especialidad MIR hasta 2022 por mandato legislativo. Antes, los forenses se formaban en escuelas profesionales y no en unidades debidamente acreditadas y vinculadas a los Institutos de Medicina Legal, como se hace ahora. La actual formación MIR en Medicina Forense dura cuatro años y combina rotaciones en hospitales con experiencia en juzgados y morgues.

Recientemente, Andalucía se ha sumado a las comunidades que ofrecen esta especialidad, con un convenio suscrito entre la Consejería de Salud y Justicia, y pese a los avances, el problema es que únicamente se ofertarán dos plazas en la próxima convocatoria MIR. El jefe de Servicio del IML de Jaén, que además es presidente de la Asociación de Médicos Forenses de Andalucía, lamenta que la Administración «no se está dando cuenta del problema que tiene» ya que «no está asegurando el relevo generacional». «Los últimos datos que teníamos eran 175 forenses trabajando en Andalucía y, de ellos, al menos 44 son interinos sin especialidad. Además, hay plazas vacantes que no se consiguen cubrir al no encontrar médicos», lamenta Hernández Gil.

Pese a que su impacto social es enorme, la labor del médico forense es poco visible y reconocido. Hay que considerar, apunta el jefe del IML de Jaén, que las series televisivas «han contribuido a poner de moda la profesión», que cada vez resulta más atractiva para las nuevas generaciones de médicos por «ofrecer horarios más estables, trabajo interdisciplinario y un impacto social directo en la justicia y protección de víctimas. Además, atrae a quienes buscan una práctica médica menos clínica y más pericial y analítica, alejada de situaciones complejas que pueden generar problemas de responsabilidad profesional».

No obstante, todavía queda camino por recorrer para prestigiar una profesión muy desconocida entre la población. «Gran parte del trabajo forense ocurre fuera del ámbito hospitalario y la población en general suele asociar la profesión solo con autopsias y desconocen nuestra función en casos sumamente complejos que precisan asesoramiento médico legal en el ámbito judicial», apunta Hernández Gil. Sirvan como ejemplo, prosigue, "la realización de periciales en caso de agresiones sexuales, de violencia sobre la mujer, del ámbito doméstico, o personas menores y mayores, las medidas de apoyo de personas con discapacidad, la valoración de la responsabilidad psiquiátrica de delincuentes o informar sobre presuntas negligencias médicas».

Dentro de la profesión médica, la Medicina Legal y Forense tampoco está del todo reconocida. Según explica Hernández Gil, «a diferencia de otras especialidades médicas, los forenses trabajan en Institutos de Medicina Legal, próximos al ámbito judicial, no hospitalario. Esto provoca menor contacto con otros médicos, menor integración en equipos sanitarios y la percepción extendida de que es una medicina menos clínica» .

Según el presidente los forenses andaluces entre los retos para hacer más atractiva la profesión está acabar con «la sobrecarga laboral existente en los institutos de medicina legal, la penosidad de las guardias con actuaciones y desplazamientos a veces muy largos, las pocas oportunidades de investigación y las funciones de valorar e informar sobre casos de presunta responsabilidad médica cometidos por compañeros».

Como presidente de la Asociación de Médicos Forenses de Andalucía, subraya que es su deber «exigir una adecuada inversión en medios humanos y materiales lo que permitiría reducir tiempos de respuesta, mejorar la atención a víctimas y garantizar un sistema pericial más eficiente y actualizado, en línea con las necesidades actuales de la sociedad y del sistema judicial» Además, insiste en que la formación continuada «es una obligación deontológica inexcusable para cualquier médico, y no menos para la profesión médico forense, muy descuidada en los últimos tiempos a nivel nacional y autonómico»