Andalucía mejora, pero aún no converge. La tasa de actividad de las personas con discapacidad en la comunidad se situó en el 31,5% en 2024, casi tres puntos más que el año anterior, según el informe Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad, elaborado por Randstad Research junto a Fundación Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El avance confirma una tendencia positiva, pero mantiene a la región casi cuatro puntos por debajo de la media nacional (35,4%).

El dato encierra una paradoja estructural: el empleo crece, la participación mejora y los indicadores avanzan, pero el volumen de población inactiva sigue siendo elevado. En Andalucía había en 2024 373.100 personas con discapacidad en edad de trabajar, de las que 117.500 estaban activas frente a 255.600 inactivas, muchas de ellas fuera del mercado laboral por incapacidad permanente o jubilación. El desfase explica por qué la inclusión laboral continúa siendo uno de los principales retos sociales pendientes en la comunidad. Se trata de una mejora sostenida, pero aún insuficiente. La evolución reciente consolida una trayectoria positiva. Andalucía ha pasado en pocos años de niveles de actividad cercanos al 26% –según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en 2023– a superar el 31%, una subida significativa en términos relativos.

Sin embargo, la brecha con el conjunto del país persiste. Mientras comunidades como Cantabria (44,9%), Madrid (41,5%) o La Rioja (41,2%) lideran la participación laboral del colectivo, Andalucía continúa en una posición intermedia-baja dentro del mapa autonómico.

La dispersión territorial alcanza 16,5 puntos entre comunidades, una diferencia que refleja el peso desigual de factores como el tejido productivo, la estructura demográfica o la implantación de políticas activas de empleo específicas.

Desde la Fundación Randstad atribuyen la mejora registrada en la comunidad a la consolidación de estrategias de inclusión laboral. Su directora de proyectos en Andalucía, Norma Cruz, subraya que «el crecimiento de la tasa de actividad en la región es producto de nuestro firme compromiso con la inclusión».

El contexto nacional acompaña la tendencia autonómica. En 2024, la tasa de empleo de las personas con discapacidad alcanzó el 28,9%, el nivel más alto desde 2014, con 560.400 personas ocupadas en España.

En la última década, el empleo del colectivo ha crecido un 42%, con más de 166.000 nuevos trabajadores incorporados al mercado laboral. En paralelo, el desempleo se redujo en 64.400 personas, hasta situar la tasa de paro en el 18,5%, tras descender en 9.000 personas solo en el último año. Se trata de una mejora sostenida que confirma que la inclusión laboral progresa, aunque a ritmos distintos según territorios y tipos de discapacidad.

El informe identifica además una brecha interna relevante dentro del propio colectivo: la discapacidad psicosocial continúa siendo la que presenta mayores dificultades de acceso al empleo.

Entre 2014 y 2024, este grupo creció un 18%, seis puntos por encima del incremento registrado en el conjunto de personas con discapacidad. Sin embargo, su participación en el mercado laboral sigue siendo menor. Solo el 29,8% de las personas con discapacidad psicosocial en edad laboral están activas, frente al 35,4% del total del colectivo, y apenas el 23,6% tiene empleo, cinco puntos menos que la media general.

Estos datos reflejan que la mejora global no es homogénea y que la inclusión laboral sigue teniendo distintos niveles de dificultad según el tipo de discapacidad.

El avance registrado en la comunidad se produce en un contexto donde el volumen de población con discapacidad es especialmente elevado. En Andalucía existen alrededor de 382.000 personas con discapacidad en edad laboral, según datos de la Junta. La brecha con el empleo general sigue siendo notable: la tasa de paro del colectivo supera en 11 puntos la de la población sin discapacidad.

Este diferencial explica la importancia estratégica del Plan de Empleo para Personas con Discapacidad 2025-2028, aprobado por la Consejería de Empleo, que prevé beneficiar a más de 160.000 personas con una inversión de 546,6 millones de euros.

La iniciativa busca, en palabras de la consejera Rocío Blanco, «pasar del diagnóstico a la acción». El desafío no es nuevo. En 2023, Cermi advertía de que solo el 26% de las personas con discapacidad en Andalucía estaban activas en el mercado laboral, un indicador que evidenciaba la distancia entre inclusión formal e inclusión real en el mercado laboral. La mejora existe. La convergencia, todavía no.